Meses después de destapado el caso por primera vez mucha agua ha corrido debajo del puente, pero la polémica retención de alimentos en los depósitos del Gobierno Nacional continúa dando que hablar en la arena pública y en la Justicia, donde este jueves se ordenó realizar un allanamiento en las oficinas del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello para obtener información sobre las casi seis mil toneladas de productos almacenados y el plan logístico para distribuirlos.

El operativo fue autorizado por el juez Sebastián Casanello desde el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7. La definición se enmarca en la medida cautelar radicada en el tribunal, que insta a la cartera de ex Desarrollo Social a distribuir los miles de artículos que mantenía guardados, en muchos casos cercanos a su caducidad, en dos depósitos nacionales. Los resultados del allanamiento todavía no han trascendido, pero la noticia complica a un delicado ministerio cuya titular se mantiene como una de las figuras más cuestionadas del Ejecutivo.

La información requerida por el Juzgado incluye “un back up de la computadora asignada a Pablo Beraldi, director de Logística del ministerio de Capital Humano”, todas las órdenes de entrega emitidas desde el 27 de mayo, y los partes diarios tanto físicos como digitales con los que trabajó “el personal de los depósitos de Villa Martelli y de Tafí Viejo”, incluyendo datos de importancia central para la causa como “el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos” hasta “las alertas o advertencias respecto al vencimiento de los productos, defectos y eventuales desechos”.

Junto a ello, la orden emitida por el tribunal exige acceso a direcciones de correo electrónico que “serían utilizadas por empleados y funcionarios para cumplir funciones oficiales relativas a las tareas de la secretaría”. Cabe destacar que, de no otorgar fehacientemente la información solicitada, la disposición advierte que se procederá a allanar las instalaciones del ministerio de Capital Humano y a secuestrar la documentación por orden judicial bajo el caso que investiga a Pettovello por presuntos abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionaria pública.

Es menester recordar que la cartera nacional ha mostrado su rechazo a las sendas resoluciones judiciales emitidas en su contra, entre ellas la medida cautelar que cuenta con el aval de ocho jueces federales de primera instancia, así como de la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación. Ante el avance de la Justicia, la táctica del Gobierno fue presentar un recurso de queja para llevar el caso a la Corte Suprema con la esperanza de obtener un dictamen favorable; sin embargo, la impaciencia crece en la Casa Rosada, donde la erosión de la imagen de Pettovello es palpable y el escándalo sigue costando caro.