La salud retrocede (VI): “Una familia pobre con un chico con discapacidad no va a poder tramitar la pensión”

Al mismo tiempo que el gobierno de Javier Milei se relame porque en la macroeconomía los números le sonríen, mientras se desata la fiesta de los mercados especulativos, la gente en la vida cotidiana la pasa mal. Por lo bajo, las familias implosionan al ritmo de la motosierra presupuestaria y los colectivos que abordan las problemáticas de la discapacidad volvieron a ocupar las calles.

Esto quedó a las claras esta semana cuando en la Quinta de Olivos y en provincias como Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Tucumán un gran número de familias, convocadas por el Foro Permanente Discapacidad Promoción y Derechos, realizaron un abrazo simbólico. Buscan visibilizar la crisis en el sector, reclamar por sus derechos y se manifiestan en contra de los recortes impulsados por la administración nacional, con una campaña que impulsan en las redes sociales con el hashtag #DiscapacidadBastaDeQuitas.  

Cabe mencionar que las prestaciones por discapacidad, a las que en la actualidad acceden seis millones de personas en todo el país, hasta 1997 eran sostenidas por organizaciones de familiares o religiosas.

En ese año, se implementó la ley Nº 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Esta normativa garantiza la “cobertura total” de las prestaciones que requieren, ya sea a través de obras sociales o de organismos del Estado.

Con esa incorporación legal, se estableció un sistema por el que cada persona con discapacidad accede a una forma de costeo de sus gastos por pensión. Lo hacen a través del PAMI, para sus afiliados, con su propia caja; y, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, para beneficiarios de las obras sociales, financiado por el Fondo Solidario de Redistribución.

La tercera vía es través de las pensiones del programa del Estado Incluir Salud, para sus beneficiarios, que son 1.200.000 personas que no cuentan con ninguna otra cobertura y son pensiones no contributivas, con fondos del Tesoro de la Nación. Las prestaciones por pensión estipulan un ingreso por el 70 por ciento de una jubilación mínima, que en noviembre alcanzaba los $322.798,48, pero quedan rezagadas en comparación con la inflación acumulada y los costos cotidianos de las prestaciones para cubrir todo lo necesario.

Este sistema prevé un nomenclador para establecer qué prestaciones están incluidas, establece los requisitos que deben garantizar los prestadores y fija un arancel único, que permite que se mantengan la calidad de los servicios. Bajo este régimen, cualquier persona con certificado único de discapacidad (CUD) puede acceder a los servicios incluidos en el nomenclador y cualquier prestador puede garantizar estos derechos.

La preocupación latente es lo que se dio a conocer con el Decreto 843/24 que vuelve al criterio de Pensión por Invalidez Laboral, y deja de lado a la persona con discapacidad. Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denuncian que está en la agenda oficial una quita de 177.740 pensiones en el marco del Incluir Salud.

Daniel Ramos, presidente del Consejo argentino para la inclusión de las personas con discapacidad (CAIDIS), expresó a Diagonales su visión sobre lo que significarían estas modificaciones para el acceso a derechos básicos para este colectivo.   

“Fue mucha gente a la Marcha Federal en varios puntos del país y eso muestra que hay mucha preocupación. Se trata de una situación sumamente difícil porque hay un tema, que es el de las pensiones, que no llega a tener impacto hoy pero que generará una degradación de la situación de muchas familias. Hace poco se promulgó un decreto que concretamente retrotrae el acceso a las personas que puedan acceder a una pensión, restringiéndola solamente una incapacidad laborativa”, marcó.

“Esto significa que una familia que tiene un chico con discapacidad en situación de pobreza, no va a poder tramitarla porque ese menor, por ley, no puede trabajar. Entonces lo que hacen es medirte, te dan un certificado médico. Para acceder al certificado, el trámite implica que un médico de un ámbito público, de la salud pública, determine que vos tenés una incapacidad por la que no tenés la capacidad suficiente para estar en el trabajo. Pero el chico nunca va a trabajar, ahí está la cuestión”, reflexionó Ramos.

Además de su preocupación por el plan presupuestario del Gobierno que marcaría una fuerte quita de pensiones, Ramos aseguró que las actualizaciones de esas prestaciones no están en línea con la inflación. “Se está desfinanciando al sistema. Esto viene desde el año pasado. Pero se ha profundizado en este momento. Este ya ha habido un retraso desde mediados del año pasado y se ha profundizado en este momento. La situación es angustiante porque se trata del futuro de los chicos y que tengan una vida digna”, expresó.

Ramos fue directo: “retroceder con el Decreto 843/24 es no cumplimentar un avance que hay para que las personas con discapacidad tengan una asignación por discapacidad. Y esto no es un privilegio. El Estado argentino firmó un compromiso de cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde hay un artículo que es el número 28, que lo ratifica”.

También se explayó sobre las deudas de la legislación argentina sobre este tema: “Nunca se generó una ley de Asignación por Discapacidad, cosa que es una deuda que viene que viene desde hace años pero lo que se hicieron fueron parches. Se sacaban decretos donde se permitía que sea compatible, por ejemplo, si una persona con discapacidad, conseguía un empleo, que no se les caiga la pensión. Muchas veces lo que se notó es que, según relevamientos que hizo el propio INDEC, las personas con discapacidad que están en condiciones de trabajar, que podrían llegar a trabajar, no buscan trabajo porque cuando consiguen el trabajo se les cae la prensa. Y los trabajos que consiguen son transitorios en blanco. Entonces uno se termina encontrando a una persona con discapacidad vendiendo en las esquinas y se desalienta que busquen un empleo formal. Porque se les cae la pensión, que es lo único seguro que tienen y que les da una cobertura. Pero si se da un retroceso, se vuelve a la situación del año `97. Volveríamos 27 años atrás”.

Ramos asegura que los distintos bloques políticos en la Cámara de Diputados están de acuerdo con avanzar en una nueva normativa y que “hay consenso” pero “después no se avanza porque siempre hay algo más urgente”. También resalta que el problema con el tema de la discapacidad es un problema cultural: “Hay una campaña de estigmatización porque se quiere mostrar solamente que hay muchas personas que cobran, y que no les corresponde”.

“La gente lo que siente es que está mal en parte porque habría, según ellos, un ‘montón’ de pensiones, pero la verdad es que hay seis millones de personas con discapacidad en Argentina, muchas son discapacidades adquiridas, entonces a lo mejor se jubilaron y tienen una obra social PAMI y cobra una jubilación contributiva. Pero después hay muchas personas que están en situación de pobreza y la única manera de tener un ingreso es que se de esa pensión. Y eso pasa también en otros lugares del mundo. No se ha notado nunca una irregularidad sobre ese tema”, aseveró Ramos.

El especialista plantea que seguirán activamente luchando por los derechos de las personas con discapacidad. “Queremos visibilizar el tema. No solamente de ciertos actores sociales y políticos, sino también de la sociedad. La sociedad tiene que ser solidaria y comprender que hay personas que están mal y van a estar peor. Es dar alivio a las familias y a los afectados por una discapacidad. No pensar que tienen que estar en el ojo de las miradas porque parecería que ‘son privilegiados’ por recibir 262 mil pesos y una medicación a través del Incluir Salud”, finalizó.