Larreta, Acuña y un anuncio de cartón sobre los planes sociales
El Jefe de Gobierno presentó como novedoso un requisito para cobrar un plan social de la Ciudad que ya existe desde hace más de 15 años: cumplir con la regularidad escolar. Los gremios docentes le contestaron que “es el Gobierno porteño el que deja afuera a los chicos”.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, eligió subirse a la agenda de los discursos críticos sobre el manejo de los planes sociales con un anuncio de cartón. De la mano de su ministra de Educación, Soledad Acuña, notificó este martes que “quienes no manden a sus hijos a la escuela van a dejar de percibir el adicional por hijo del Ciudadanía Porteña”, aunque omitió decir que ese requisito ya formaba parte de las condiciones para percibir el programa al que hizo referencia.
El Ciudadanía porteña fue creado en 2005 por una ley de la Legislatura porteña, cuando la Ciudad todavía era gobernada por Aníbal Ibarra. La idea fue generar un ingreso complementario para las familias porteñas bajo la línea de indigencia, a través de un monto equivalente al 75 por ciento de la canasta básica del INDEC. Ya en su letra chica, que tiene más de 17 años, se establecía que sus beneficiarios debían “certificar cada tres meses” la escolaridad de sus hijos.
Larreta no podía desconocer esa letra chica cuando hizo el anuncio junto a Acuña desde el Polo Educativo, en la Villa 31. Así lo admitieron voceros del propio Ejecutivo porteño a Diagonales. “No es tan punitivo como parece. Se aplicaría recién después de tres meses desde que un chico pierda la regularidad en la escuela, tal como dice el programa actualmente. Además, antes se le manda una asistenta social, para corroborar la situación. Fue siempre así, en ese sentido no hay novedad. Quizás lo único que se incorpora realmente es la voluntad de aplicarlo como corresponde, después de cierta flexibilización obvia por la pandemia”, dijeron y reconocieron que el beneficio posible de la medida sería “ayudar a traer de vuelta a la escuela a muchos chicos de los barrios que perdieron escolaridad por la cuarentena”.
"Convoco al Gobierno nacional para que analice y tome una medida como esta", lanzó Larreta, en claro tono electoral, aunque también omitió que programas como la AUH (que no se consideran un plan social) tienen como base la obligación de controles sanitarios y de asistencia escolar de los menores.
Eso mismo le recordó vía Twitter la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, que fue funcionaria de Ibarra y estuvo encargada de aplicar el programa en su primer tramo. “La ley que creó el programa indica como corresponsabilidades: regularidad escolar, vacunación obligatoria y búsqueda de trabajo para los adultos del hogar. Son corresponsabilidades y no requisitos porque tanto el Estado como la familia se comprometen a llevarlo adelante”, escribió.
En aquél entonces, el programa alcanzaba a más de 70 mil personas. A mediados de 2022, según pudo averiguar Diagonales, lo perciben 43.516 titulares. Según información del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, el Ejecutivo de la Ciudad asiste con sus propios recursos a más de 200 mil personas si se suman 18.625 cobran el subsidio habitacional/690, que está en 12 mil pesos para una persona sola para alquilar una pieza de hotel, más las 43.814 personas que reciben bolsones de comida y otras otras 43.806 de los Programas TD. Asisten a comedores del GCBA unas 125.000 personas más.
Si se suman, además, los titulares porteños de programas nacionales como la Tarjeta Alimentar (muy similar al Ciudadanía porteña) y el Potenciar Trabajo, Buenos Aires tiene más del 10 por ciento de su población con algún tipo de ayuda estatal (siempre sin contar AUH), lo que lo convierte en uno de los distritos con más cobertura, pese a ser el más rico del país.
El anuncio de este martes se plasmó en la resolución N° 3732/MEDGC/22 del Ministerio de Educación, publicada hace una semana en el Boletín Oficial de la Ciudad. Establece que el certificado “alumno regular”, para el cual es necesario cumplir con el 85 por ciento de la asistencia, unas 25 faltas por año, debe presentarse de forma trimestral, y no anual como hasta ahora. Las familias que no lo cumplan, además, perderán el plan, dentro de ese mismo plazo de tres meses. “Siempre con la posibilidad de que el estudiante regularice su situación escolar y esto habilita a la familia a recuperar aquel monto”, explicaron desde el Ejecutivo porteño. Los datos de cada alumno deberán ser cruzados por el ministerio de Desarrollo.
La respuesta de los gremios docentes tampoco tardó en llegar. “El que deja a los niños sin educación es el gobierno de Larreta”, dice un comunicado firmado por el Frente Barrial de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires, del que forma parte UTE, el gremio mayoritario. “Una vez más el acting busca mostrar a la gestión porteña preocupada por la educación. El mismo gobierno que año tras año deja sin vacante a más de 20 mil niños y niñas que intentan ingresar a la escuela pública, ahora se muestra compungido por la falta de escolaridad de los y las estudiantes”, agregaron.