Larreta busca lanzar su “gestión” con una cumbre ambiental, pero las organizaciones cuestionaron su política “verde”

A partir de mañana y hasta este viernes, Horacio Rodríguez Larreta será el anfitrión de la cumbre de alcaldes “C40”, que reúne a los mandatarios de las principales ciudades del mundo en una suerte de reunión diplomática con el cambio climático como agenda excluyente.

Para el jefe de Gobierno será la oportunidad de hacer gala de “la gestión”, el supuesto atributo que en su comando de campaña entienden es uno de los pilares de su candidatura para 2023.

La idea de que Buenos Aires sea la ciudad anfitriona del C40 de este año forma parte del plan de relanzamiento internacional post-pandemia de la Ciudad, a caballo de los acuerdos que el secretario del área, Fernando Straface, fue tejiendo desde el año pasado con delegados de organismos multilaterales, empresarios y partidos políticos del exterior. Straface es uno de los dirigentes más importantes de la estructura política de Larreta y fue quien lo acompañó a las sucesivas giras por la Costa Este de Estados Unidos, Israel y Europa en los últimos meses.

Larreta será el anfitrión y gozará de las fotos con personalidades como Sadiq Khan, alcalde de Londres y presidente de C40; José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, o de Daniella Levine Cava, de Miami, entre muchos otros. También desfilarán intendentes locales del interior del país, sobre todo de aquellos distritos gobernados por Juntos por el Cambio. Al combo se le suman los 29 millones de pesos diarios que la Ciudad destina a publicidad.

Al marketing de la ciudad verde, de todos modos, le surgió una suerte de resistencia de las organizaciones sociales, a quienes les fue prohibido el ingreso a los distintos paneles, por el tono crítico de sus reclamos respecto de la “gestión” porteña en materia ambiental.

Mas de 200 personalidades y activistas vinculados a la problemática presentaron un pedido formal al Ejecutivo, que nunca fue contestado. “Nuestro pedido se funda en el principio 10 de la Declaración de Río acerca del Ambiente y el Desarrollo de 1992, que establece que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda; y en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también llamado Acuerdo de Escazú, que la Argentina ha suscripto”, dice un comunicado difundido la semana pasada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Ese mismo espacio lanzó su propia “contra cumbre” este jueves desde las 17 en la sede de ATE de Avenida Belgrano, y otro conjunto de organizaciones lanzaron una serie de acciones de protesta que arrancaron este mismo martes con una actividad en el Paseo del Bajo.

Los altos índices de constructividad, a calor del negocio inmobiliario porteño, es uno de los principales reclamos. “Con estudios nacionales e internacionales se establece que el 53% de las emisiones de gases de efecto invernadero las producen los edificios residenciales y los edificios comerciales e industriales, cuando el transporte emite el 30%. Sin embargo, todos los esfuerzos y la agenda del C40 priorizan el tema del transporte. Nos cabe entonces a nosotros señalar que la corrupción de los gobiernos facilitando la especulación inmobiliaria, juega en el desarrollo del cambio climático negativo un rol fundamental en las grandes ciudades”, dijeron por su parte desde la ONG “Buenos Aires derretido”.

Buenos Aires “ha aumentado su temperatura máxima anual 0,8 grados en los últimos 30 años”, dice un estudio reciente de la FAUBA en CABA que halló, a fines del año pasado, diferencias térmicas de hasta 23 °C entre el norte y el sur porteño en los días de máximo calor, por el efecto invernadero que generan los edificios y el cemento.

Según denunciaron desde la ONG Basta de Mutilar a principios de este año, casi mil árboles plantados por el Gobierno de la Ciudad en Costanera Sur, Parque Tres de Febrero y Paseo del Bajo se secaron en poco más de dos años, lo que también influye en el malestar respecto al tema.

Otros de los reclamos tienen que ver con la falta de acceso al agua potable y la privatización de las zonas costeras.