Larreta vs el país: la encrucijada en la que el Ejecutivo puso al jefe de gobierno porteño

La última vez que Horacio Rodríguez Larreta asistió a una reunión pública en Casa Rosada fue hace siete meses, en julio pasado. El Jefe de Gobierno llegó al despacho del Ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro, invitado a debatir un extenso temario. Sobre la mesa estuvieron el destino de los terrenos traspasados a la Ciudad y la deuda que comparten ambas administraciones con la CAF por el Paseo del Bajo, entre otros temas que -todavía- forman parte de la herencia a resolver que dejó Mauricio Macri en su paso por la presidencia. El más importante de ellos, la quita de dos puntos de coparticipación federal decretada por Alberto Fernández y ratificada por el Congreso, equivalente a unos 120 mil millones de pesos para este año según los cálculos del larretismo, había sido el punto sobresaliente de un encuentro anterior, en mayo. La voluntad de acordar siempre estuvo en la gestualidad política de las reuniones, que llegaron a tener una asiduidad quincenal con la excusa de la pandemia, pero en aquél ítem sensible no hubo caso y desde entonces la tensión en la relación -contienda electoral mediante- no paró de crecer y ya no hubo fotos de negociaciones en curso. El rechazo de Larreta al pacto fiscal fue el último de una serie de encontronazos.  

Dado ese historial, el principal candidato que hoy tiene la oposición para las presidenciales de 2023 puede pensar, con razón, que cada vez que lo llaman a comparecer en la Rosada se le viene el guadañazo. Esta vez se discutirán unos 14 mil millones de pesos en materia de subsidios para el transporte público que la Ciudad dejará de percibir en favor del resto de las provincias. La cita está pautada para este jueves y fue formalizada la semana pasada por el secretario de Transporte, Diego Giuliano. Desde la Ciudad especulan con enviar a su par porteño, Juan José Méndez, y con la posibilidad de que se sumen Felipe Miguel, secretario de Gobierno, y Jorge Macri, ex intendente de Vicente López y flamante ministro de Gobierno porteño.

"No hay provincias inviables; lo inviable es gobernar sólo para la Ciudad de Buenos Aires", disparó ayer De Pedro desde Formosa, provincia a la que viajó para firmar diferentes convenios junto al gobernador Gildo Insfrán y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Lejos de la discusión fina de los números del transporte, De Pedro, que sí siguió de cerca el debate por la coparticipación -pocas semanas después del DNU presidencial que recortó los fondos para la Ciudad, su ministerio presentó un paper con la justificación política y financiera de la decisión- optó por ser parte de la discusión política del asunto y confrontar con Larreta. En el Gobierno son conscientes de que el Jefe de Gobierno no obtuvo casi apoyo de Juntos por el Cambio en su cruzada por defender los recursos que otra vez le quitaron y quedó nuevamente atrapado discursivamente en la encerrona Ciudad versus resto del país.

“Es más fácil gobernar la Ciudad”, fue el dardo que lanzó ayer el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “Hay que ir a un sistema de subsidios más justo porque están todos concentrados en el área metropolitana”, abundó enseguida, en sintonía con varios dirigentes radicales y otros aliados opositores del interior, que sostienen lo mismo y lo hicieron saber. En la provincia del norte, un boleto -subsidiado- está en 50 pesos, mientras que en la Ciudad vale 18, casi tres veces menos.

Si se compara el boleto porteño con el resto del país el resultado es brutal: Córdoba y Santa Fe, pagan $59,35; en Bahía Blanca cuesta $76; en Bariloche, $62; en Corrientes, $60 y en Mar del Plata $59,90, por ejemplo.

Ese privilegio con que cuenta la Ciudad empezará a revertirse y la primera piedra basal fue publicada ayer en el Boletín Oficial, a través de la resolución 82/2022 del Ministerio de Transporte, que eleva a $ 3.200 millones en el primer trimestre de este año los subsidios al transporte público por automotor de pasajeros urbano y suburbano del interior del país. Un incremento del 40% respecto de los montos vigentes, que en parte, como ya avisó el gobierno, se financiarán con los fondos que dejará de recibir la Ciudad para unas 32 líneas de colectivos cuyos recorridos empiezan y terminan en territorio porteño.

Los argumentos de la resolución abundan en un informe oficial de la Subsecretaría De Política Económica Y Financiera del Ministerio de Transporte que explica, lapidario, que la norma busca “generar un sistema de distribución equitativo y que garantice la trazabilidad del uso de los fondos públicos que se apliquen a los servicios”, con el fin de “brindar un marco de igualdad para cada uno de los beneficiarios”.

Otro de los argumentos de peso que utilizó el oficialismo para la discusión fue que Rodríguez Larreta firmó en el pacto fiscal promovido por Macri en 2017 que los subsidios a los colectivos porteños deberían tender a cero. Habrá que ver si, en la reunión prevista con la Rosada, los funcionarios de Ciudad logran que sea, al menos, de forma paulatina. De otro modo, el Jefe de Gobierno tendrá dos caminos: dejar el valor del boleto liberado al mercado o destinar parte del presupuesto porteño a los subsidios -hasta ahora sólo cubre el 19 por ciento con su propio presupuesto-, para evitar un tarifazo.

Varios gobernadores aprovecharon para remarcar esa debilidad intrínseca del candidato y se manifestaron a favor de la decisión del Gobierno. “Mantendremos con firmeza nuestro reclamo para que se modifique definitivamente la inequitativa distribución de recursos nacionales en este tema, algo que sigue profundizando asimetrías”, dijo el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. En la misma línea se pronunció su par de Chaco, Jorge Capitanich.

La situación se parece mucho a la cruzada por los recursos de la coparticipación. En su momento, el Gobierno recortó más de dos puntos a la Ciudad bajo el argumento de que durante los cuatro años que duró la administración de Macri Buenos Aires gozó de una transferencia de recursos al menos excesiva, que calculó en unos 80 mil millones de pesos aquellos años. Larreta se defendió con el mismo discurso que hoy enarbola: que se trata de un ataque político, rozando lo irracional, contra los vecinos a los que representa. Un contrapunto molesto para quien busca romper las fronteras de la General Paz para precisamente representar a varios millones más.