El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció ayer que llevará a la Corte Suprema el decreto mediante el cual el Presidente le recortó un 1,2 por ciento de coparticipación federal a la Ciudad, una masa sensible de varios miles de millones de pesos con la que no contará en lo que queda de este año ni tampoco el próximo, que hay elecciones. “Obvio que estoy enojado, nos sacaron fondos de un día para el otro en medio de la pandemia”, dijo frente a las cámaras desde la sede de Parque Patricios, ya subido al ring como referente y candidato opositor junto a Diego Santilli, su vice y secretario de Seguridad.

Larreta dijo que la decisión de Alberto Fernández es “inconstitucional” y que por eso recurrirá a la Corte, como ya lo han hecho otros gobernadores en conflicto con la Rosada antes que él. El Gobierno le contestó enseguida que no tendrá éxito y le recordó que el monto de los fondos coparticipables que Nación entrega a la Ciudad se definen de manera discrecional: así como Mauricio Macri los llevó vía DNU en 2016 del 1,4 al 3,75 por ciento, Fernández está habilitado para hacer lo mismo pero a la inversa, tal y como lo hizo. 

Lejos de la discusión burocrática y jurídica, el jefe de Gobierno prefirió centrarse en las formas de la decisión de Fernández y mostrarse activo en la defensa de los intereses de la Ciudad que gobierna. “Fue una medida improvisada, intempestiva e inconsulta”, la describió, “lo opuesto al diálogo y la unidad” que había primado hasta el miércoles, en el marco de la pandemia. Enseguida mostró con “orgullo” los números del delito en la Ciudad, que “vienen bajando sensiblemente año tras año”, dijo. Fue el momento de la confrontación y de los contrastes: todavía están frescas las imágenes de la rebelión de la Bonaerense, un conflicto que se resolvió, inesperadamente, en detrimento de los recursos porteños. Larreta pareció obligado a subirse al ring, contra su voluntad y antes de tiempo.

Lo mismo podría decirse de Fernández. Si bien es cierto, como dijo, que la discusión por la coparticipación porteña estaba sobre la mesa desde el minuto cero de la transición, hace ya más de un año, el desbande de la protesta en la Provincia de Buenos Aires lo forzó a romper las negociaciones con Larreta, que estaba dispuesto a un recorte mucho menor al que resultó siendo. El propio Presidente reconoció que avisó cinco minutos antes al jefe de Gobierno sobre la decisión de transferir esos fondos a Axel Kicillof para desarticular una protesta que tomó ribetes desestabilizadores.

Si bien son Fernández y Larreta los protagonistas del conflicto, sobre ellos pesan las sombras de Mauricio Macri y Cristina Kirchner, en una historia que se remonta a hace más de una década atrás. En 2009, frente a la negativa de la entonces presidenta de traspasarle la Federal, Macri optó por un capricho: creó su propia fuerza, la Metropolitana, cara y casi de cotillón, con funciones muy recortadas, pero que le trajo más de un dolor de cabeza, como la causa por espionaje ilegal en la que terminó procesado junto al primer jefe policial que nombró, el “Fino” Palacios.

Una vez en la Rosada, Macri cumplió con una de sus promesas de campaña y con la letra de la constitución de la Ciudad, autónoma desde 1994, y traspasó la Federal, con sus fondos. Los problemas técnicos, geográficos, económicos y políticos de esa decisión se arrastran hasta hoy y son el telón de fondo del conflicto en ciernes.

La Federal tenía entonces salarios mucho más bajos que la Metropolitana, pero ambas debían fusionarse en lo que hoy es la Policía de la Ciudad. Además, buena parte de los sueldos de la Federal se complementaban con los “adicionales”: la Nación contrataba a su policía para cubrir, por caso, la seguridad de eventos deportivos y culturales, movilizaciones y un largo etc. Más que un “gasto” en seguridad, era sobre todo un “ingreso”. Todos esos recursos debían ser transferidos también, con un doble perjuicio para el Estado nacional. Ésa era, incluso, una de las razones básicas de CFK para no asumir el traspaso, lo que además le generaba un problema político con Macri, que ya iba a los turnos electorales enarbolando su reclamo y mostrando a la Metropolitana como un logro suyo y de su gestión.

Hasta entonces, la Ciudad sostenía a la Metropolitana con su propia recaudación. En 2015, el ítem “seguridad” consumía el 4 por ciento del presupuesto porteño. Con el traspaso y la fusión, ese apartado trepó considerablemente, a un 15 por ciento este año. Todo, sumado, se cubre (se cubría) con fondos nacionales, que ascienden a la friolera de 126 mil millones de pesos, que es lo la Ciudad esperaba recibir este año de coparticipación, y así sucedía hasta este miércoles.

Con el DNU 194 de enero 2016, Macri concreta el traspaso de fondos pero no sólo lo hace con el presupuesto de la Federal, sino que suma el “costo-beneficio” de los “adicionales” más el plus salarial que los federales debían cobrar para equipararse (o acercarse lo más posible) a los sueldos metropolitanos. Además, toda esa masa coparticipable también financiaría aquél 4 por ciento del presupuesto porteño que insumía la fuerza local. En conclusión, Macri financió su propio capricho de pies a cabeza, y la Ciudad ganó en detrimento de la Nación. Eso explica que en su momento varios gobernadores del interior hayan puesto el grito en el cielo y que hoy Fernández tenga más un argumento político para tomar la decisión que tomó.

Ese 4 por ciento “original” del presupuesto porteño que se llevaba la Metropolitana y que terminó financiando Nación, redunda en por lo menos medio punto de coparticipación que, según trascendidos, Larreta estaba dispuesto a “entregar” en su momento, cuando negociaba con Fernández. Como si estuviera, de algún modo, asumiendo que los fondos que le transfirió Macri eran, al menos, un exceso en ese punto.

“La Metropolitana es el origen de todo”, reflexiona el ex legislador porteño de Proyecto Sur y presidente del Laboratorio de Políticas Públicas, Rafael Gentilli, que estudió a fondo el traspaso en su momento. “Con el 1,5 de coparticipación, la Ciudad financió los agentes de la Federal transferidos, los adicionales y las equiparaciones salariales”, dice a Diagonales. Sumados al 1,4 por ciento original, da un cálculo (siempre estimativo) de 2,9 puntos. El resto del 3,5 que la Ciudad recibe desde el pacto fiscal se va en el financiamiento de la Metropolitana y otros ítems, que el Frente de Todos en Ciudad denuncia que excede ampliamente la Seguridad.

Ese exceso, según un cálculo basado en el presupuesto 2018, da un superávit año tras años en las arcas porteñas, acumulado en 20 mil millones de pesos, unos 32 mil millones a valores actuales. ¿Adónde fue a parar esa plata? Apelando a la ironía, CFK llegó a decir que “hasta los helechos de la Ciudad tienen luz y agua”. Lástima que los vecinos de las villas porteñas no puedan decir lo mismo.

Así las cosas, Larreta sabía que el recorte, en algún momento, iba a llegar. Hizo todo lo posible para evitarlo: hasta firmó un convenio con el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio, para “sedimentar” el 3,5 de coparticipación a la Ciudad, que terminó refrendando la legislatura porteña. Es la base legal de la cautelar que impulsará en la corte contra el DNU de Fernández.

También buscó otra forma de recaudación: colocó bonos de deuda hace un mes y recaudó 11 mil millones de pesos; también echó mano, en abril, de una ley de emergencia económica a espejo de la que impulsó el Gobierno nacional, para reasignar partidas a piaccere con la excusa de la pandemia. Hay otro número en rojo que Larreta también suma a su calculadora: por la baja de la actividad económica en plena pandemia, según sus funcionarios de economía, la Ciudad perdería nada menos que 80 mil millones este año. Un dato: se estima que casi la mitad de la recaudación porteña por ingresos brutos la aportan bonaerenses que cruzan la general paz o el Puente Pueyrredón para ir a trabajar o para salir.