Entre las varias estrategias electorales que resultaron fallidas o al menos inocuas a la luz del resultado de las PASO, hay un lugar destacado para la judicialización de la política, esa herramienta clave en la campaña de Cambiemos y que ocupó largamente el centro del interés de los medios de comunicación alineados con la Casa Rosada. Devenida por momentos en lawfare, la política a través de los tribunales había sido fundamental para la llegada de Mauricio Macri al gobierno nacional, luego se volvió un puntal para el discurso de la “pesada herencia” y su uso, que nunca se abandonó,  recrudeció desde principios de año, en los momentos en que el país se preparaba para los comicios que tuvieron su primer e inesperado capítulo el domingo pasado, con la victoria aplastante del Frente de Todos por sobre Juntos por el Cambio. En los 15 puntos de diferencia que Alberto Fernández le sacó a Macri quedaron licuados todo el tiempo y los recursos que el Poder Ejecutivo y ciertos sectores encumbrados de la prensa le dedicaron a instalar e impulsar procesos judiciales contra figuras de la gestión anterior, con especial énfasis en Cristina Fernández, su familia y sus colaboradores más cercanos.

¿Qué ocurrió para que el desfile de exfuncionarios kirchneristas por Comodoro Py, incluida la tan deseada foto de la senadora en los tribunales de retiro, dejará de rendir en materia de votos? Una primera respuesta, bastante escuchada por estos días, es que la “heladera” –es decir, la economía doméstica–, así como lo hizo con otras de las tácticas aplicadas por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, volvió irrelevante en términos de sufragios lo que pudieran decir los jueces y fiscales. No entraron en la urna los escándalos judiciales, sino los de otro tipo: los escándalos de las boletas de luz y gas, de los telegramas de despidos y de los tickets de compra en los supermercados.

Si bien el público siguió con interés y desaprobación los pormenores de los bautizados “presos K”, con una cobertura minuto a minuto sobre qué pasaba con Amado Boudou, Julio De Vido, José López o Milagro Sala, esos mismos lectores, oyentes o espectadores, puestos en su rol de votantes, parecen haber decidido con otras variables, a las que tuvieron acceso de primera mano y que los afectaron de forma concreta y cruda en el día a día.

Un buen ejemplo de ese desplazamiento es la tan meneada “causa de los cuadernos K”, convertida en bandera nacional por la prensa de mayor alcance, que inundó sus ediciones y su programación con los detalles anotados por el chofer Oscar Centeno. Toda la clase política oficialista y el periodismo seguidor cerraron filas detrás del expediente puesto en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli –rivales declarados del kirchnerismo– y lo empujaron con dedicación y desparpajo, al menos hasta el punto en que empezó a volvérseles en contra. Incluso, los artículos que dieron origen al expediente –otro gesto típico de la judicialización de la política– le valieron a su autor el premio Rey de España. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo político, judicial y editorial, los “cuadernos de las coimas” tampoco entraron en las urnas.

Para esto, junto a la supremacía de la “heladera”, también pudo haber pesado un cierto desgaste en el uso de la herramienta, con un auditorio que hizo callo de tanto escuchar la misma historia y que incluso empezó a mostrar un germen de sospecha, habida cuenta de la unidireccionalidad de la trama: todos los “malos” K pero nunca un sospechoso M.

A eso se sumó el impacto de un expediente a contramano: el de la red de espionaje y extorsión en los tribunales de Comodoro Py, donde el Poder Ejecutivo jugó fuerte para desactivarlo y, por primera vez en su gestión, no obtuvo el acompañamiento esperado. Fue una señal que para nadie con título de abogado pasó desapercibida. En su desarrollo, el caso pegó de lleno en la familia judicial y sus terminales, entre ellas, la prensa, lo que reveló maniobras clásicas de la judicialización de la política. Que el principal detenido, el abogado trucho Marcelo D’Alessio, tuviese una relación sinuosa con el fiscal rebelde Stornelli y, a la vez, fuese fuente  privilegiada de periodistas como Daniel Santoro –actualmente procesado–, puso nombres y apellidos a una práctica que a esa altura era un secreto a voces.

Desde su inicio en febrero pasado, la investigación viene sobreviviendo a múltiples presiones y fue llevada con método y muñeca por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, lo que también marcó una diferencia respecto de las desprolijidades recurrentes de Bonadio y Stornelli.

Más adelante, cuando se confirmó la candidatura de Alberto Fernández, el exjefe de Gabinete fue cuestionado a raíz de sus críticas al Poder Judicial. Y luego de la paliza que el gobierno recibió en las PASO, varios medios oficialistas se refirieron a celebraciones de los “presos K” y al nerviosismo en ciertos despachos judiciales por el temor a una “venganza”.

La judicialización de la política sigue en pie, pero relegada por un nuevo humor social y en un modo más defensivo que ofensivo, a la espera de qué pase cuando el país vuelva a ir a las urnas, donde, al menos por ahora, sólo entran los votos y no los expedientes.