Si su voluntad era desparramar mugre sobre Rogelio Frigerio, a Elisa Carrió le falló al menos el punto de mira en su raid mediático de esta semana cargado de furia contra sus aliados de Juntos. La principal preocupación judicial del ex ministro de Interior está muy lejos de las “amantes” o de la ex gestión de Aysa con que la líder de la Coalición Cívica quiso implicarlo, sino la causa en la que se lo investiga por  negocios “incompatibles con la función pública” durante su paso por el ministerio de Interior. 

Frigerio fue imputado y llamado a prestar declaración indagatoria este año por el fiscal Guillermo Marijuán porque existen indicios de sobra de que utilizó los privilegios de su anterior cargo para llevar adelante inversiones inmobiliarias cuanto menos dudosas con terrenos públicos en la Ciudad de Buenos Aires que fueron privatizados por su entonces jefe político, Mauricio Macri. 

El ahora diputado nacional por Entre Ríos se defendió con que la causa era “una nueva operación del kirchnerismo”, pero las pruebas son más que contundentes y saltan a la vista en sus propias declaraciones juradas como funcionario y en varios informes realizados oportunamente tanto por la SIGEN como por la Oficina Anticorrupción. 

Si Carrió deseaba ensuciarlo en serio, le hubiese alcanzado por revisar esos documentos, que son públicos y están incorporados ya al expediente que cursa en el juzgado de Julián Ercolini. Diagonales hizo ese mismo trabajo hace apenas unos meses atrás. 

La mecánica del supuesto delito que se le imputa a Frigerio es compleja y se inscribe en el entramado de negocios con tierras públicas en territorio porteño que se vendieron durante el gobierno de Cambiemos y por los que el propio Macri está siendo investigado. Mediante una serie de DNU, varios de ellos firmados en los últimos seis meses de gestión, el ex presidente remató decenas de hectáreas en propiedad del Estado en los barrios más caros de Buenos Aires y recaudó unos 16 mil millones de pesos, que fueron aportados por varias empresas del rubro Real State como el Grupo Werthein, IRSA (Eduardo Elzstain) o Consultatio (Eduardo Constantini).

Todo ese proceso Macri lo realizó de la mano de Horacio Rodríguez Larreta: la OA también investigó el proceso de traspasos de terrenos públicos de Nación a Ciudad entre 2015 y 2019 que fueron a remate para financiar la deuda que post crisis de 2018 ya no se podía pagar con organismos como el BID o la CAF y que fueron a parar a obra pública ampulosa en territorio porteño, que no eran prioritarias, como el Paseo del Bajo o los Viaductos de los trenes San Martín y Belgrano. Buenos Aires fue doblemente beneficiada con esas obras que terminaron pagándose con la privatización de terrenos, que quedaron en manos de esos pocos empresarios. Fueron en total más de 500 hectáreas. 

Frigerio también habría sido una parte de ese entramado. Según la denuncia, se llevó una ganancia del 100 por ciento en dólares a través de dos inversiones en pozo en los barrios de Chacarita y Belgrano, vinculadas a dos empresas a las que benefició aprobando con su propia firma la subasta pública de los terrenos. 

La prueba está en el crédito que Frigerio incorporó en su declaración jurada de 2017, por $3.298.000, con la firma Koolhaas SA, que pocos meses antes compró un terreno de más de 5 mil metros cuadrados en Fitz Roy al 800. Ese crédito se convertiría más tarde en una inversión en pozo del edificio que se levantaría en ese mismo lugar, a modo de “premio” o “reembolso” por haber aprobado la venta. Lo que se dice una inversión redonda: pagó 1.293,75 dólares el metro cuadrado, que más tarde tendría un valor neto de mercado superior a los $2.300. 

Pocos días antes, el 26 de junio de 2017, la misma firma se adjudicó mediante una subasta pública un inmueble público de 5.092 M2 en Fitz Roy al 800, en el barrio de Chacarita, por unos USD 13.600.000 de dólares.  

“No podría descartarse que las diferencias de valores entre el precio de adquisición del m2 y su valor real que habrían favorecido a Frigerio, en realidad encubrieron el aporte de una suma de dinero abonada como contraprestación de conductas o influencias del nombrado en la subasta pública mencionada o de otra operación a favor de Koolhaas S.A”, dice la denuncia original. 

La operación de la venta del terreno estatal, además, figura en la Decisión Administrativa 430/2017 firmada por el ex funcionario. La denuncia se completa con una operatoria idéntica en el edificio que se levantó en Arcos al 2646, que además fue levantado por la constructora de Nicky Caputo. Teléfono, Lilita.