En plena crisis social y económica, dos episodios de esta semana pusieron a la propiedad de la tierra en el centro del debate público. De maneras diferentes e igualmente relevantes, Guernica y el caso Etchevehere apuntaron el reflector a un tema que deberá ser protagonista en la obra “poner a la Argentina de pie”. La desigualdad social, madre de todas las penas, tiene en la falta de acceso al suelo propio una columna vertebral, causa y consecuencia a la vez. Pero esa falta de oportunidades para grandes mayorías solo puede explicarse por su contracara: la concentración, los privilegios y el ejercicio impune del poder por parte minorías voraces, como la familia Etchevehere.

La propiedad privada, concepto que los varones Etchevehere lograron instalar como eje del debate en su disputa familiar, no significa lo mismo para todos los argentinos. En el país que lo discute todo, resulta tan necesario como urgente poner sobre la mesa las asimetrías existentes en el ejercicio de derechos fundamentales según el sector social al que se pertenezca.

EL CLAN FAMILIAR Y SU PUNTO DE QUIEBRE

La vinculación de la familia Etchevehere con la política y el ejercicio de posiciones de poder viene de larga data, pero siempre del mismo lado de la historia. El bisabuelo de Dolores se llamó Luis Lorenzo Etchevehere. Fue un referente del conservadurismo provincial y constructor del imperio familiar. Ocupó el cargo de Vicegobernador de Entre Ríos entre 1914 y 1918, fue Senador Nacional entre 1928 y 1930, y finalmente Gobernador de la provincia entre 1931 y 1935. En la campaña electoral de 1914 fundó El Diario, principal publicación gráfica entrerriana por más de un siglo, utilizada en aquel entonces como plataforma para atacar las ideas y la figura del principal líder popular, Hipólito Yrigoyen. Su legado y filiación política fueron continuados por su hijo, Arturo J. Etchevehere, quién en 1963 fue uno de los candidatos a Vicepresidente del dictador Pedro Eugenio Aramburu, en una lista colectora que cosechó el 8% de los sufragios.

Con estos antecedentes se llega al último gran patriarca de la familia, Luis Félix Etchevehere, apodado El Zahorí, hijo de Arturo y padre de Luis Miguel, Arturo Sebastián, Dolores y Juan Diego. Hermano de Ivar y Arturo Roosvelt, Luis Félix fue continuó el linaje a la cabeza de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) y Las Margaritas S.A., las empresas donde la familia tenía El Diario y unas 5.000 hectáreas de campo. En el manejo de dichas empresas, Luis Félix se apoyó siempre en sus tres hijos varones dejando a Dolores, única hija mujer, fuera de toda posibilidad de participación. Esto es reconocido y denunciado hoy por Dolores como violencia de género y violencia económica, y a partir de aquí surge el quiebre con su familia, de la que se alejó para vivir en Buenos Aires luego de escuchar a su madre, Leonor Barbero Marcial, presionar a los padres de la pareja de uno de sus hermanos para que abortara un embarazo, amenazando con despidos si no lo hacían.

En 2009 muere el jerarca Luis Félix, y su viuda junto a sus hijos varones comienzan los típicos movimientos con que las familias aristocráticas eluden la legalidad en sucesiones de este estilo, con la particularidad que uno de sus objetivos centrales fue dejar a Dolores fuera de todo derecho a herencia. El primer paso, según denuncia Dolores junto al Proyecto Artigas, fue la falsificación de su firma y la de su padre para dejar a Leonor Barbero como única administradora de los campos de Las Margaritas S.A., principal empresa del grupo. Dolores plantea que al momento de esa firma, registrada en un acta de directorio el 4 de agosto de 2009 en la ciudad de Paraná, su padre estaba en realidad internado y entubado en Buenos Aires. El Zahorí moriría apenas un mes después.

En 2010, los hermanos de Luis Félix vendieron el 66% de las acciones de SAER al financista Walter Grenón, referenciado con el entonces Gobernador Sergio Urribarri. Entre los bienes de la empresa, además de El Diario, se contaban unas 18 propiedades que el abuelo de Dolores había incorporado a la compañía en una gambeta fiscal. Dolores denuncia que sus hermanos y su madre armaron una ingeniería legal y financiera junto a Grenón para transferir esos inmuebles a otras sociedades y dejarla fuera de la participación que le correspondía por ser parte del 33% que su padre les había heredado. La operatoria habría funcionado de la siguiente manera: los varones Etchevehere constituyeron una sociedad fantasma denominada Construcciones del Paraná S.A., de la que dejaron afuera a Dolores y a la cual se transfirieron propiedades por el 33% que les correspondía de SAER, mientras que el 66% se lo llevó Grenón a otras dos empresas con las que ya contaba, Nexfin S.A y Arroyo Ubajay S.A. Pero como Construcciones del Paraná no había operado económicamente hasta el momento, era necesario justificarle una tenencia de capital que hiciera que la adquisición de esas propiedades no fuera fraudulenta.

Para esto se operó un flujo circular de dinero en el cual una mutual operada por Grenón denominada AMUS otorgó un crédito sin garantías de devolución a Construcciones del Paraná por alrededor de 1 millón de dólares, que luego esa empresa fantasma utilizaría para la compra de los inmuebles a SAER, y SAER devolvería a AMUS que ya funcionaba como su financista. Para devolver ese préstamo, el grupo Etchevehere, a través de Las Margaritas, pidió un crédito por USD $ 500.000 al Banco Itaú, en una línea a tasas subsidiadas para productores de soja. Más adelante, en 2016 y para cancelar parte de esa deuda con el Itaú, Las Margaritas tomó otro crédito por $900.000, esta vez con el Banco Nación y en una línea de emergencia para productores afectados por inundaciones. Fue comprobado después que los campos de Las Margaritas no solo no sufrieron inundaciones sino que mejoraron sus rendimientos ese año, así como también que ni ese dinero ni el tomado con el Itaú se utilizaron para los fines que las líneas de créditos subsidiados establecían. Esto es denunciado como defraudación al Estado por Dolores Etchevehere, remarcando el hecho que su hermano Luis Miguel era Ministro de Agroindustria al momento de tomar el crédito con el Nación, por lo que fue denunciado y luego sobreseído junto al entonces Presidente de la entidad financiera, Carlos Melconian, por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Sobran similitudes con el caso Vicentín, en un país donde los más beneficiados por la banca pública y la generalidad de los contribuyentes suelen ser los más ricos y poderosos.

Así se vació SAER, dejando fuera a Dolores Etchevehere de la participación en el valor de los bienes que se dividieron entre el resto de su familia y Grenón. Con un elemento importante más en la historia: el vaciamiento paulatino de SAER y del El Diario fue acumulando también una ola de despidos. Los trabajadores de El Diario denunciaban en 2018 que más de dos tercios de la plata de 120 empleados recibieron su telegrama. Las acciones de evasión e impunidad de los de arriba siempre se sufren abajo.

USURPACIÓN Y COMPRA A PRECIO VIL: EL ORIGEN DE LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS EN DISPUTA

La estancia Casa Nueva, uno de los cinco campos de los Etchevehere, es el predio del que Dolores reclama un porcentaje y donde se instaló el 15 de octubre con el Proyecto Artigas. Su historia reciente está signada por el poder y la impunidad de la familia entrerriana. El campo está ubicado sobre la ruta 48, en la entrada del pueblo Santa Elena, y pertenecía a la vieja estancia El Quebracho, propiedad del frigorífico que funcionó en el lugar entre 1908 y 1993. El frigorífico fue el motor de desarrollo del pueblo, y al dejar de funcionar quedaron desempleados muchos trabajadores a los que el Estado les permitió trabajar parte de esas tierras a modo de indemnización.

Ya entre los años 2006 y 2007 se dieron las primeras ventas de esos campos por parte de  una comisión liquidadora del frigorífico, si es que puede denominarse venta a la cesión de tierras por precio vil, menor al 10% de su valor real. Los beneficiarios, como siempre, grandes empresas o familias patricias de la zona: Granja Tres Arroyos se hizo con 1685 hectáreas de El Quebracho, y la familia Etchevehere, a través de Las Margaritas, adquirió 370 hectáreas divididas en tres lotes diferentes. Al momento de la firma del acta de compra venta Nº12.199, el 8 de junio de 2007, el valor de mercado de una hectárea en esa zona rondaba los USD $2.000, a raíz del boom de la soja. Los Etchevehere compraron los campos a un precio aproximado de $2500 la hectárea. En montos totales, las superficies adquiridas por la familia valían unos USD $ 740.000, pero la operación se hizo por $ 945.179,94. Y como si eso fuera poco, se hicieron de los terrenos abonando solamente un 10% de ese total, $ 94.517, y financiando el saldo restante en diez cuotas semestrales con un año de gracia para el pago de la primera que, por supuesto, no abonaron en tiempo y forma.

Pero como la voracidad de la familia no conoce límites, la cosa no terminó ahí. Luego del cierre del frigorífico, parte de la tierras de El Quebracho habían sido destinadas por el Estado provincial a la creación de la escuela agrotécnica Nº 151, que lleva el nombre de la vieja estancia. Unas 70 hectáreas de las más productivas del predio correspondiente a la escuela estaban arrendadas desde el 10 de enero del 2005 por José María Morcillo y Pío Tomás Tyrre, quienes habían celebrado un contrato con Ángel Roberto Ríos, entonces Rector de la escuela, por el cual podían trabajar ese lote hasta 2010. En julio del 2007, Luis Félix y Juan Diego Etchevehere tomaron de facto posesión del terreno, encadenado los accesos, e invitando a retirarse a punta de escopeta a sus arrendatarios. Morcillo, aludiendo una desposesión ilegítima del inmueble, demandó a Luis Félix y a Juan Diego Etchevehere por usurpación, daños materiales y morales, y lucro cesante por un total de $359.960. La justicia de Paraná le dio la razón y condenó en primera instancia al menor de los Etchevehere y su padre por usurpación y daño. Ordenó además el pago de una indemnización por la destrucción de la siembra, de la casa que en el predio funcionaba como un depósito, y por la apropiación de bienes e insumos que estaban dentro del predio, todo esto constatado por escribano público. Los Etchevehere apelaron, en el medio el patriarca Luis Félix fue sobreseído por fallecimiento, y en abril de este año dicha apelación fue desestimada por la justicia, sosteniéndose la sentencia.

Pero en el mientras tanto del proceso judicial, los varones Etchevehere avanzaron en el usufructo de esas 70 hectáreas de la escuela agrotécnica con algunos detalles que expresan falta de fronteras a la hora de abusar de su poder, independientemente de quién resulte perjudicado. En la usurpación de esas tierras a la escuela, la familia alambró y se quedó con un molino y un pozo de agua que era de la institución y se utilizaba con fines productivos y educativos. Los Etchevehere se los agarraron para ellos, con el fin de proveer de agua al ganado que pusieron en ese lote, prometiendo a la escuela la construcción de un nuevo pozo. A esta altura del relato no hará falta decir que nunca cumplieron esa promesa. Peor aún, ese tanque de agua funcionaba con una bomba conectada a la electricidad de la escuela, que pagaba los consumos de los Etchevehere. Cuando el entonces Rector Ángel Ríos comenzó a cortarles el suministro, Juan Diego se apersonó para solicitarle que le siguieran proveyendo de electricidad, que ellos se harían cargo de pagar las facturas. Nuevamente, los terratenientes faltaron a su promesa y jamás pagaron la energía que consumían para engordar su ganado. Todo esto fue denunciado públicamente en medios de comunicación por Ríos hace más de dos años. A la Escuela Agrotécnica Nº 151 Paraje El Quebracho asisten 130 alumnos que todos los días viajan en dos colectivos desde Santa Elena y parajes cercanos para formarse en conocimientos relacionados a la producción agraria. Ellos sí pueden decir, y con razón, que fueron usurpados por los Etchevehere.

El radicalismo provincial de entonces, en su etapa pre macrista, condenó el hecho como “el mayor despojo que sufriera la educación pública en la historia de Entre Ríos”. La escuela había sido fundada por su correligionario Sergio Montiel como una forma de reparación a la comunidad local luego del cierre del frigorífico. En la actualización de este conflicto, los representantes del devaluado partido centenario se sumaron a otros legisladores PRO, como Alfredo De Angeli, en un comunicado en el que pidieron  "medidas necesarias y urgentes para evitar la multiplicación de toma de tierras de las que ciudadanos entrerrianos están siendo víctimas, y se lleven adelante las acciones necesarias para desalojar las ya usurpadas", y calificaron esas supuestas usurpaciones que nadie comprobó como una “pandemia nacional” aduciendo “la existencia de un plan sistemático destinado a violentar la propiedad privada". El Proyecto Artigas, por su parte informó desde el minuto cero su voluntad de reponer esas hectáreas a la escuela. Claro como agua de pozo quién es quién en esta disputa.

ETCHEVERES VS. TRABAJADORES: DESPIDOS Y TRABAJO ESCLAVO

En mayo de 2014 una inspección del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (RENATEA) ingresó en la Estancia La Hoyita, uno de los campos que componen Las Margaritas S.A. Allí encontraron viviendo en condiciones infrahumanas a los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, de 61 y 66 años respectivamente en ese momento. Vivían en el campo de los Etchevehere desde 1976, haciendo todo tipo de trabajos como siembre, limpieza, desmalezamiento y desmonte. Todo por el mismo salario miserable de $ 450 mensuales para cada uno. El caso fue publicado por el periodista Sebastían Premici en su libro “De Patrones y Peones: los aliados esclavistas de Mauricio Macri”, y pueden encontrarse entrevistas en youtube donde se ve a los hermanos declarando en el rancho de 4x4 donde vivían sin baño, agua potable, gas o energía eléctrica. Allí relatan cómo tenían que salir a cazar o pescar para proveerse de carne, puesto que los $900 mensuales que juntaban entre ambos no les alcanzaban para nada. Los Cornejo ratificaron las denuncias frente al Fiscal Samuel Rojkin en 2014. La defensa familia Etchevehere presentó un descargo luego de la inspección del RENATEA en el que aduce que ese rancho y las tierras linderas le habían sido cedidas a los hermanos en comodato para su usufructo a partir de la caza y la pesca, en 2001. Analfabetos ambos, los hicieron firmar con sus huellas digitales. Sin embargo, la certificación de dicho documento por un escribano data del 4 de junio del 2014, semanas después de que la denuncia saltara a la luz. No solo las leyes y los impuestos no merecen respeto por parte del grupo Etchevere, tampoco las vidas humanas.

Un poco más cerca en el tiempo puede encontrarse una cara más, por si hacía falta, del desprecio Etchevehere hacia los trabajadores. Luis Miguel, hermano varón con mayor exposición pública por su presidencia entre 2012 y 2017 de la Sociedad Rural Argentina, fue nombrado en noviembre de 2017 como Ministro de Agroindustria por el ex Presidente Macri. A escasos siete meses de asumir el cargo, Luis Miguel despidió en junio de 2018 a 330 trabajadores de su cartera. Y unos meses más tarde, en agosto de ese año, sumó otros 565 despidos, la enorme mayoría sobre trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. En momentos donde la crisis económica comenzaba a arreciar en el país, el heredero del patriarcado Etchevehere dejaba en la calle a 895 trabajadores, que fueron reprimidos por la Policía Federal de Patricia Bullrich por manifestarse en contra de la pérdida de sus fuentes de trabajo. Ya sea en el ámbito privado o en la función pública, la lógica Etchevehere es siempre la misma: los intereses propios a cualquier costo y por sobre quién sea.

A pesar de apelar el fallo que ordenó a Dolores Etchevehere desalojar el Proyecto Artigas y restituir la estancia Casa Nueva a sus hermanos y su madre, Juan Grabois calificó el momento como una dura derrota. No hay dudas de la magnitud del golpe con el que esa parte de la familia oligárquica demostró una vez más lo profundo de su entramado de poder e impunidad. La institucionalidad es en realidad una correlación de fuerzas, y a veces ni cuantiosos y contundentes elementos probatorios alcanza para torcer el brazo de la injusticia. Pero una arista del caso alumbra la esperanza. En un país como la Argentina, donde una de las principales condiciones de posibilidad para el ejercicio impune del poder fáctico por sobre todo acuerdo común es el anonimato, el ocultamiento a la opinión pública de esas prácticas nefastas, no es de relevancia menor que esos actores sociales tengan rostro y nombre frente al resto de la sociedad. Lo que ocurrió con los medios de comunicación hegemónicos luego de la discusión por la Ley de medios, es aplicable hoy al caso Etchevehere. No hay blindaje mediático que impida que hoy en día ese apellido de la aristocracia rural entrerriana esté en boca de todo el país. Y aunque en algunos sectores opositores acérrimos al Gobierno se lo pueda encasillar, dentro del falso debate planteado, como ícono de la defensa de la propiedad privada, lo cierto es que difícilmente las mayorías de a pie puedan sentir empatía por quienes le quedan tan lejos y viven tan distinto al pueblo. Sobre todo cuando están fácil ver y constatar que esas vidas privilegiadas se pagan a costa de los padecimientos populares. En la puesta en debate de éstas asimetrías y desigualdades radica la posibilidad de construir un país mejor, más justo e igualitario, con tierra, techo y trabajo para todos y todas sus habitantes.