Luego de que se conociera que 2.800 fallecidos seguían cobrando planes sociales de Potenciar Trabajo y otro número de beneficiarios había comprado dólares, el Ministerio de Desarrollo Social, la Justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmaron que realizan una auditoría conjunta sobre el programa. La cartera que conduce Victoria Tolosa Paz ya dio de baja un gran número de planes, pero el fiscal federal Guillermo Marijuan adelantó que en los próximos días podría avanzar con un pedido propio de suspensión de asistencias otorgadas de forma irregular. 

"Parecería increíble que haya una persona que pague Bienes Personales y que esté cobrando un plan; y que haya otro argentino que haya hecho colas y que no acceda aunque lo necesita", cuestionó el representante del Ministerio Público Fiscal en declaraciones a Radio con Vos.

Marijuan aseguró que a partir del relevamiento solicitado por Desarrollo Social y realizado por la AFIP, habrían surgido alrededor de 250 mil inconsistencias. "Gente que si está solicitando una ayuda al Estado, porque está desocupada, no puede de modo alguno estar comprando dólares para acopiarlos o revenderlos", cuestionó. 

En ese sentido, detalló que en los días siguientes la fiscalía accederá a los registros y nombres de todas las personas beneficiarias del Potenciar Trabajo y que la Justicia llevará adelante su propia investigación.

El fiscal abrió una investigación preliminar la semana pasada, apenas se conocieran los resultados del relevamiento que hizo el Estado Nacional, y le pidió a Tolosa Paz que le envíe “con carácter de urgente” una copia del relevamiento y/o entrecruzamiento de datos.  Un pedido similar hizo ante el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. 

Marijuan también deslizó que no descartan realizar una denuncia por defraudación del Estado a aquellas personas que cobraron los planes sociales y compraron dólares a precio oficial. “En el marco de una probation que se le puede otorgar fácilmente, se puede establecer la devolución de los dólares y que indiquen que colaboran con la investigación diciendo quién los mandó a comprar divisas”, indicó.

“Hay situaciones donde por ejemplo hay gente que estaba en condiciones de recibir el plan, que lo necesitaba y que fue contratado por unos pesos más por un inescrupuloso que es titular de una financiera o un particular muy pudiente que le dijo ‘comprame los 200 dólares’", explicó.

Por otro lado, el fiscal apuntó contra el “descontrol” en el otorgamiento de los planes sociales y coincidió con el reclamo de los intendentes que piden que los municipios tengan ese poder. "Desde mi punto de vista lo más conveniente era que las inscripciones se hicieran por distintas bocas, o numerosos bocas, que no los tengan que hacer movilizar al Ministerio de Desarrollo de Social. Por ejemplo, las municipalidades", opinó.