Sergio Massa está decidido a retomar la iniciativa en el debate sobre una nueva ley de alquileres. Luego de que el diputado sanjuanino José Luis Gioja presentara su propio proyecto y que el secretario de comercio, Roberto Feletti, sentara en una misma mesa a las cámaras inmobiliarias y a las agrupaciones de inquilinos, esta vez le llegó el turno al presidente de la Cámara de Diputados, que planea convocar a una comisión especial con el objetivo de consensuar un texto con todos los sectores involucrados y con la participación de todos los bloques políticos. 

La idea se trabaja en el despacho de la diputada massista Marcela Passo, encargada también desde el año pasado de la tarea de redactar un proyecto alternativo. A priori, esa comisión especial duraría unos 90 días y funcionaría como una suerte de debate abierto, a fin de encontrar una síntesis entre los siete proyectos presentados hasta ahora, tanto por legisladores oficialistas como de la oposición. “Nuestra labor en esta etapa no se trata de priorizar algunos proyectos por sobre otros, se trata de construir consensos y llegar a un acuerdo para aliviar a la gente", dijo la diputada. 

El primer obstáculo que a priori tiene el massismo para concretar su objetivo es que para que la comisión empiece a caminar necesita de los dos tercios de los votos, algo complejo de conseguir, sobre todo en este momento particular del Frente de Todos. La convocatoria sería a través de una resolución con la firma del propio presidente de la Cámara baja, que se presentaría en los próximos días. Hay quienes especulan que los votos necesarios provendrían no tanto del oficialismo sino de sus principales aliados de la oposición, principalmente a través de María Eugenia Vidal, una de las principales interesadas en que haya una nueva norma.  

Las organizaciones de inquilinos, por su parte, por ahora ven con recelo la iniciativa y sospechan que lo que se busca es favorecer la rentabilidad de los propietarios y de las cámaras inmobiliarias. No comparten la idea de reducir de dos a tres años la duración de los contratos ni que se vuelvan a actualizar los montos cada seis meses, entre otras modificaciones que se impulsan desde el despacho de Passo. Además, denuncian que hasta ahora no fueron convocados por la diputada. “No nos llamaron nunca. Son los representantes del mercado”, dijeron a este medio desde una de las organizaciones. 

Por el contrario, de la última reunión con Feletti, de hace diez días, se fueron bastante conformes. El secretario de comercio se mostró de acuerdo una idea histórica de las agrupaciones: gravar un impuesto a las propiedades en desuso por a quienes tengan más de tres propiedades. “Se aplica en las principales ciudades del mundo”, dejó caer el funcionario en la última reunión, que fue hace dos jueves. 

Algo de ese espíritu quedó en la letra del proyecto que presentó Gioja, apenas una semana más tarde. El sanjuanino no sólo propone que el Consejo Nacional de la Vivienda avance en gravar a los inmuebles vacíos, sino que incorpora topes en los precios, ayudas especiales para que los monotributistas puedan alquilar en mejores condiciones, beneficios fiscales para que los propietarios no eludan a la AFIP y una profundización del plan de viviendas sociales para alquiler. En resumen, varios de los pedidos de las propias organizaciones, una profundización de la ley vigente. 

La idea de gravar a la vivienda ociosa, por supuesto, no cayó bien en las cámaras inmobiliarias. El argumento de peso es que traerá como consecuencia una mayor retracción de la oferta (una de las principales preocupaciones de Feletti, por otra parte) porque aumentaría la ausencia de “seguridad jurídica” que ya se genera en los propietarios. “El propietario termina así reorientando sus ahorros a otro tipo de inversiones menos desalentadoras”, dijeron en una carta conjunta hace diez días la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la Federación Inmobiliaria (FIRA) y el Colegio de Martilleros porteño (Cucicba) respecto de esa idea. 

Esa posición tiene mucho más eco en Juntos por el Cambio, que ya amaga con tomar la iniciativa y solicitar una sesión especial para directamente derogar la ley vigente, impulsada irónicamente por un ex legislador de ese espacio, Daniel Lipovetsky. Una fecha alternativa sería el 5 de abril. 

Desde el massismo intentan evitar ese desenlace, y parte de los objetivos de conformar una comisión tiene que ver con limitar los daños. “Creemos que la derogación no es una buena opción en este caso, porque dejaría sin marco normativo a quienes firmaron contratos de locación dentro de la vigencia de la ley actual", dijo Passo al respecto. 

Así las cosas, la actualización de los contratos en febrero subió dos puntos por encima de la inflación, un 7,8%, según el relevamiento que realiza el portal Zonaprop. Las cámaras aprovechan para apuntar, como parte de su estrategia, contra el Índice de Contratos de Locación (ICL) que establece un cálculo que fija los aumentos. El ICL surge de un promedio 50 y 50 entre el aumento de los salarios formales (Ripte) y la inflación, pero funcionaba mucho mejor en un contexto recesivo como el de 2019, en el que los salarios iban muy por debajo de los precios en general, dado el ajuste que generó Mauricio Macri en ese aspecto. 

Ahora, el problema, según distintas fuentes vinculadas al problema consultadas por Diagonales, tiene más que ver con el “contexto” que con la ley misma, que además para las organizaciones sociales y de inquilinos garantizó por primera vez un piso de derechos para esa población en el marco de una relación de poder históricamente desigual con los propietarios. 

“Hoy el mercado financiero da más ganancias como inversión a corto plazo que comprar un departamento y ponerlo en alquiler, como estuvo de moda hace varios años, con otro dólar y con otra inflación. El problema es que el propietario no obtiene del alquiler la renta que razonablemente podría tener por el capital que compromete, y el inquilino no puede pagar esa renta", describía un funcionario del Ejecutivo en diálogo con este medio.

El otro problema, que quedó expuesto con un informe del CELS de fines del año pasado, es que además la mitad de los contratos en el AMBA están por fuera de la ley, son en negro, por lo que la próxima norma, sea cual sea, tendrá el objetivo de llegar a los alquileres “informales”, que golpean sobre todo a los sectores de menores recursos, también los más afectados por el alza inflacionaria general.