Se cumplen 40 años de la aventura bélica con la que la dictadura cívico-militar intentó salir de la encerrona en la que se encontraba en 1982, tras seis años en los que sometió a todo tipo de penurias al pueblo argentino. La guerra de Malvinas no fue la excepción, y además de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los oficiales del Ejército en las islas significó un importante retroceso en términos políticos y diplomáticos para el legítimo reclamo argentino de soberanía. A cuatro décadas de aquel oscuro momento del país, no solo urge mantener viva la memoria sino también reflexionar sobre el pasado reciente y el presente de una cuestión medular en la Argentina.

Lo primero a resaltar es que, tras el nuevo período neoliberal del macrismo, que impulsó medidas muy regresivas para la cuestión Malvinas tal como lo hiciera el menemismo en los 90, desde la asunción del Frente de Todos se ha vuelto a tomar el tema como una política de Estado. Diagonales conversó sobre este tema con el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y con el Secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata y también miembro de la Comisión Provincial por la Memoria y del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, Ernesto Alonso.

Quizás lo más urgente en este nuevo aniversario sea la posibilidad concreta de que la Corte Suprema de Justicia dicte la impunidad de los oficiales torturadores. Un pedido de prescripción de la causa por parte de uno de los acusados llegó recientemente al máximo tribunal, que debe definir si se trataron de crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, o si da lugar a la prescripción de los hechos y hace caer la causa. Sobre eso, Diagonales conversó con Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM LP, que lleva la causa hace más de diez años.

Pero la discusión por la soberanía es mucho más profunda que un tema territorial sobre las islas. Hugo Robert, vicepresidente del CECIM LP, explicó a este medio las potencialidades de una política activa sobre el Atlántico Sur, con la pesca soberana como eje principal. A 40 años de la guerra de Malvinas, un recorrido por los ejes centrales para pensar el presente y el futuro de una de las grandes deudas de la democracia, en homenaje a quienes dieron su vida por la soberanía y quienes siguen luchando por ella.

LA ENTREGA NEOLIBERAL

Para entender la cuestión Malvinas es preciso repasar no sólo lo que sucedió en las islas sino también los movimientos posteriores que se dieron en democracia. Los dos ciclos neoliberales que atravesó la Argentina del 83 en adelante dejaron saldos lamentables para la posición nacional, que hoy ponen al país en una situación incluso peor que al término de la guerra.

En 1982 la disputa era por 15 mil kilómetros cuadrados, pero luego de la firma de los acuerdos Madrid I y II, firmados por el entonces Canciller Domingo Cavallo entre octubre de 1989 y febrero de 1990, Gran Bretaña avanzó en la disputa de 1.7 millones de kilómetros cuadrados, incorporando a Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur y plataforma marítima que hasta ese momento no estaba en discusión. La Argentina reconoció una zona de exclusión de 150 millas desde las costas malvinenses, y se permitió un control británico a cualquier movimiento argentino en territorio marítimo circundante. Además, se accedió a un intercambio de información científica y pesquera, de la cual la única beneficiaria concreta resultó Gran Bretaña ya que no cuentan con un nivel de investigación como el argentino en la zona.

También se autorizó la pesca británica. Un cálculo realizado por Eduardo Barcesat y César Lerena estableció que, con un promedio anual de extracción de 250 mil toneladas, equivalentes a mil millones de dólares por año, los británicos extrajeron desde el momento de la firma de esos acuerdos hasta 2021 un total de 32 mil millones de dólares, sumados al impacto ambiental de la actividad. El 60% del ingreso de los isleños proviene de la pesca, lo cual marca en qué medida esta decisión permite a Gran Bretaña sostener la ocupación.

Luego de que el kirchnerismo avanzara en recuperar la disputa por la soberanía, la llegada del macrismo profundizó la línea inaugurada en los 90. A nivel cultural, la cuestión Malvinas fue desplazada del debate público, cuando no bastardeada. Macri fue el primer presidente electo desde el retorno de la democracia que no mencionó el tema en su discurso de asunción. A fines de los 90 Macri declaró que recuperar las Malvinas significaría un déficit adicional para el país, a lo que pueden sumarse los dichos de  Patricia Bullrich el año pasado cuando propuso entregar las islas a Pfizer en la negociación por vacunas contra el Covid.

La postura ideológica de ese sector en la cuestión Malvinas es clara, pero lo peor fue cómo la tradujeron políticamente. En principio, el macrismo degradó al rango de subsecretaría a la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas creada en 2013, y desarticuló las relaciones internacionales con países y organismos donde la Argentina impulsaba su reclamo.

El martes 13 de septiembre de 2016 se acordó en la Argentina el pacto Foradori-Duncan, entre el entonces vicecanciller argentino y  Canciller Británico, que reactualizó la entrega de los 90. El pacto se firmó como un “comunicado conjunto” para evitar de esa manera tener que pasar por el Congreso y estableció que “la Argentina y el Reino Unido comparten lazos culturales fuertes y duraderos”. Esos “lazos” se concretaban en el pacto en una colaboración a través de la entrega de información científica en relación a la pesca, las exploraciones hidrocarburíferas, marítimas y referidas a la Antártida que nuevamente sólo beneficiaban a Gran Bretaña.

Pero lo peor fue que “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. En ese párrafo la Argentina le reconoció a Gran Bretaña todo derecho económico posible sobre los territorios en disputa, al mismo tiempo que no se planteó en el pacto una actualización del reclamo por soberanía. Otro punto en esta misma línea del comunicado fue permitir los vuelos desde las islas a terceros países, a partir de lo cual se abrió la ruta aérea Malvinas-San Pablo. Una conexión directa con la capital financiera latinoamericana y la cesión de derechos económicos en relación a la explotación de hidrocarburos y pesca resultan una invitación a Gran Bretaña a consolidar su posición de ocupación sin precedentes.

La única contraprestación de ese pacto para la Argentina fue permitir el avance en la identificación genética de los cuerpos de caídos enterrados en Darwin. En definitiva, un intercambio de una cuestión humanitaria por gravísimas concesiones políticas y económicas que debería ser recordada como una vergüenza nacional.

LA RECUPERACIÓN DE UNA POLÍTICA DE ESTADO

Desde la asunción del Frente de Todos la cuestión Malvinas comenzó a ser trabajada con una orientación opuesta. En primera medida se restituyó el rango a la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, incorporando por primera vez una concepción más abarcadora que incluye la cuestión marítima en toda su magnitud. El Secretario Guillermo Carmona explicó a Diagonales las líneas de acción de la misma en relación a lograr una mayor visibilización de la cuestión Malvinas tanto al interior del país como en el exterior, un mayor despliegue diplomático en el mundo y la ampliación de consensos internos.

En relación a ganar visibilidad y lo diplomático, se generaron comisiones bilaterales en las embajadas argentinas en diferentes países para lograr apoyos al reclamo argentino, así como también el compromiso de importantes personalidades de esos países. Un ejemplo es la comisión en España, de la que participan cuatro ex presidentes y que recientemente emitió una declaración respaldando a la Argentina. Otras declaraciones similares se lograron en las embajadas de Perú, Chile, Bulgaria y se está preparando otra en Francia. “Esto ayuda a generar opinión en esos países, que luego la Argentina puede capitalizar en organismos internacionales” explicó Carmona, quien además afirmó que el macrismo desarticuló mediante su política internacional los grupos de apoyo que existían anteriormente y que hoy se están recuperando.

La Secretaría participa permanentemente de foros y seminarios, como uno reciente en el Parlamento Latinoamericano en Panamá, en charlas y reuniones con universidades, think tanks, etc. También se recuperó una agenda activa en cuanto a reinstalar el reclamo argentino en organismos internacionales como la ONU, la OEA, la CELAC, el MERCOSUR, la Unión Africana, unión de países árabes, etc. En el G77 + China se plantearon distintas líneas de trabajo consiguiendo el apoyo de más de 130 países al pedido argentino para que el Reino Unido se siente a negociar.

A su vez, el Estado argentino desestimó el pacto Foradori-Duncan, suspendió el envío de información científica a Gran Bretaña por la cual no recibía nada a cambio y volvió a la idea original de una disputa por soberanía. “Para nosotros es letra muerta, no tiene ningún valor jurídico” afirmó Carmona, agregando que el texto que rige la acción nacional hoy es la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

En lo referido al consenso interno, se creó en 2020 el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Se trata de un consejo consultivo que eleva propuestas al Poder Ejecutivo y está conformado por representantes del oficialismo y la oposición, académicos y representantes de ex combatientes. Ernesto Alonso, miembro del CECIM La Plata, es parte del Consejo y le contó a Diagonales que el mismo funciona periódicamente con comisiones y áreas de trabajo cuyas propuestas luego se elevan por consenso. “Después de otro ciclo neoliberal, como había sido el de Menem, vuelve a haber una política estratégica en relación a Malvinas y para recuperar espacios” expresó.

Los temas y las propuestas del Consejo tienen carácter confidencial, sólo se conoce lo que se decide publicar o lo que el Poder Ejecutivo transforma en una medida concreta. Actualmente se conocen dos líneas de acción. Por un lado, se insiste en los vuelos con bandera nacional a las islas. El acuerdo Foradori-Duncan estableció el contacto aéreo pero la compañía que volaba era Latam. En pandemia el Estado argentino ofreció vuelos de Aerolíneas Argentinas para que habitantes de las islas pudieran ir a territorio argentino o chileno, pero el Reino Unido se negó y hoy mantiene esa postura. “Los habitantes de las islas están restringidos en sus derechos humanos” afirma Alonso. La segunda iniciativa conocida del Concejo es una capacitación para los funcionarios de los tres poderes del Estado en la cuestión Malvinas, tal como la ley Micaela establece con la cuestión de género.

LA GRAN DEUDA DE LA DEMOCRACIA: LA CAUSA MALVINAS

En 2006 Rubén Darío Gleriano realizó la primer denuncia, a la que luego se le sumaron otras 22 presentadas por el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel. En 2007 y en pleno impulso de los juicios a militares por crímenes de lessa humanidad cometidos durante la última dictadura, el CECIM La Plata se constituyó como querellante de esa causa judicial por torturas durante la guerra. En los quince años que lleva el proceso declararon alrededor de 180 personas por más de 100 casos de tortura, hay unos 130 militares acusados pero tan sólo 5 fueron procesados y sentados en el banquillo. Este dato habla por sí mismo de la justicia argentina.

“El rasgo invariante en estos 15 años es la energía puesta por la justicia y los torturadores para que la causa se caiga. Sigue abierta por el impulso del CECIM” dijo Jerónimo Guerrero Iraola, que hace más de una década representa legalmente a los ex combatientes. El letrado explicó a Diagonales que las estrategias legales de los militares acusados apuntan a que la causa prescriba a partir de que los hechos de los que se los acusa no sean caratulados como crímenes de lesa humanidad. “Los torturadores van por la prescripción, pero no niegan los hechos en sus presentaciones” afirmó.

En 2015 la causa casi se cae producto de una de esas presentaciones. Jorge Eduardo Taranto, oficial acusado e indicado hoy como un hombre de gran influencia en los medios y cabeza del lobby militar, presentó un recurso revocatorio que fue negado en dos instancias hasta que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón afirmando no advertir que “las conductas disvaliosas que se pretenden investigar hayan sido la consecuencia de una política o plan determinado de ataque hacia una población o grupo en el escenario del conflicto bélico en territorio argentino del Atlántico Sur”. Al no considerarse violaciones a los derechos humanos los hechos prescribían por el plazo transcurrido.

El CECIM presentó un recurso ante la Corte Suprema para que revocara dicha sentencia pero el máximo tribunal, luego de tomarse tres años, se expidió en un comunicado de dos carillas en el que no hizo lugar al pedido de los ex combatientes. “Entonces se presentó un pedido de aclaratoria a la Corte, que sólo respondió tres de estos pedidos en su historia. En su respuesta el Máximo Tribunal afirmó que su fallo no era un fallo sobre el fondo de la cuestión, y así pudimos continuar la causa” explica el abogado del CECIM.

Actualmente un recurso presentado por Ferrante, otro militar acusado, recorrió todo el camino judicial hasta recalar en la Corte que tendrá que dictaminar, esta vez definitivamente, si los hechos deben ser o no juzgados como crímenes de lesa humanidad. Si el fallo es a favor del militar todas las denuncias podrían caerse por jurisprudencia, sellando definitivamente la impunidad. Pero hay además otro perjuicio para la causa. La Corte no tiene plazos y puede tardar años en expedirse. Mientras tanto, la jueza que lleva el expediente en Río Grande ya manifestó, bajo el argumento de economía judicial, que el proceso quedará frenado hasta tanto no haya una resolución del tribunal supremo.

Estas medidas dilatorias son una constante que demuestran el preocupante poder de lobby de los militares acusados y la poca predisposición de la justicia a resolver esta cuestión tan vergonzante para la historia de la democracia argentina. En paralelo, este jueves el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport y la procuradora de crímenes contra la humanidad, María Ángeles Ramos, presentaron 29 nuevas denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos en el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 en las islas. Por su parte, desde el CECIM comentaron que en 2015 recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la posibilidad que la causa cayera en la justicia argentina, y que esa petición abierta aparece dentro de la agenda para este 2022 de la CIDH, con lo cual podría abrirse un proceso en ese tribunal internacional.

La Comisión Provincial por la Memoria y CECIM La Plata publicaron recientemente un dossier con testimonios directos de soldados torturados por sus superiores durante la guerra, una verdad de la que ya nadie duda en la Argentina pero que la justicia se empecina en no asumir. La memoria, la verdad y la justicia no serán plenas en el país hasta que los soldados que sufrieron violaciones a los derechos humanos no puedan tener un pleno acceso a la justicia.

PROPUESTAS: OCUPAR EL MAR ARGENTINO Y LA PESCA SOBERANA

“Para qué quiero recuperar las islas si acá los pibes siguen alimentándose sólo de harinas” dijo alguna vez Hugo Robert, vicepresidente del CECIM, y lo reafirma en conversación con Diagonales: “se lo discuto a cualquiera, no hay reclamo de soberanía posible si no ocupamos el Mar Argentino, y no hay mejor manera de ocuparlo que con una pesca soberana que permita alimentar al país con la mejor proteína animal que existe, que es la del pescado y que además es propiedad del Estado”.

Desde el CECIM presentaron un proyecto en el que afirman que con un barco de 20 metros de eslora, un capitán y ocho tripulantes se podría pescar en un año lo suficiente para que todos los comedores de La Plata, Berisso y Ensenada tuvieran pescado una vez por semana. Pero la idea es proyectar eso a nivel nacional e incorporar al mar como un territorio productor de riqueza y de trabajo. Durante la pandemia el CECIM consiguió importantes donaciones de langostinos que distribuyó en los comedores platenses.

Hoy la Argentina exporta el 90% de lo que pesca, principalmente a través de empresas de capitales extranjeros. El país está en el puesto 19 de los países que más pescan en el mundo, pero el consumo per cápita de pescado es muy bajo en comparación incluso con países que no tienen la misma industria pesquera. “Vivimos discutiendo por las exportaciones y el precio de la carne o los granos, y el único recurso vivo propiedad absoluta del Estado argentino, que además es la mejor de las proteínas como es el pescado, no lo aprovechamos” dice Robert.

Un mayor trabajo sobre el Atlántico Sur viene desarrollándose a través de la iniciativa Pampa Azul, una política de Estado que comenzó a implementarse en 2014 bajo la última presidencia de CFK y que fue relanzada en 2020. La iniciativa involucra siete Ministerios: Ciencia, Tecnología e Innovación; Agricultura, Ganadería y Pesca; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Relaciones Exteriores y Culto; Defensa; Seguridad; Turismo y Deportes.

Funciona con un consejo interministerial, un consejo asesor científico y un consejo asesor tecnológico, y tiene tres objetivos definidos: Fortalecer las capacidades del sistema científico-tecnológico para contribuir a las políticas públicas relacionadas con el mar; fortalecer las capacidades de investigación, desarrollo e innovación con perspectiva federal; y contribuir al desarrollo social inclusivo en armonía con el ambiente, a la soberanía y a la seguridad nacional.

Recordar la guerra de Malvinas a 40 años es, sobre todo, honrar la memoria de los caídos. Y no hay forma más contundente de hacerlo que discutir la soberanía nacional sobre las islas y todo el Mar Argentino en el presente, hacia el futuro y para la felicidad del pueblo.