El Gobierno lanzó un anuncio que despertó preocupación y debate en el ámbito educativo. Fue la habilitación para que los establecimientos de gestión privada fijen el valor de sus aranceles mensuales sin límites, al derogar una norma que regía desde 2019. Esto sin dudas provoca incertidumbre entre las familias y la comunidad educativa. 

La norma derogada establecía que los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, y los aumentos estaban sujetos a un análisis de esta dependencia. Sin embargo, la reciente medida otorga a los colegios y universidades privadas la libertad de implementar ajustes y establecer condiciones de acceso a sus servicios sin mayores restricciones. 

Esta decisión llega en un momento crucial, a pocas semanas de que los colegios secundarios inicien sus procesos de recuperación de temas para los alumnos que adeuden materias de ciclos anteriores. 

Además, se da en medio de la discusión sobre la posibilidad de arancelar la educación universitaria para extranjeros en Argentina.

La política de liberación de precios plantea preocupaciones, especialmente a raíz de experiencias pasadas en otros sectores, como el de la medicina prepaga, donde las empresas aplicaron aumentos significativos en un corto período de tiempo.

A pesar de que el mercado educativo es más atomizado, el principal problema radica en que los padres ya han inscripto a sus hijos en las instituciones el año anterior, quedando así rehenes de los aumentos sin la posibilidad de buscar alternativas.