Tras criticar y desestimar la masiva marcha universitaria, el presidente Javier Milie ordenó auditar más de 300 convenios que firmaron ministerios y organismos públicos con distintas Universidades públicas durante la gestión de Alberto Fernández.

Ante el reclamo de mayor presupuesto, el Gobierno no sólo negó otorgar mas recursos sino que avanza en su decisión de auditar los gastos de las universidades con el objetivo de ejercer presión sobre el sector. 

Por ley, las auditorias sobre las Universidades Públicas deben ser realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) y deben ser requeridas por el Congreso, no por el Ejecutivo.

Por ese motivo, el Gobierno busca estrategias y alternativas legales para llevar a cabo un fuerte y directo control sobre el gasto de las casas de estudio. Mientas tanto, ordenó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que revise 306 convenios que se firmaron entre el 10 de diciembre de 2019 y misma fecha de 2023.

Se trata de una revisión de contratos celebrados entre ministerios y organismos nacionales  y universidades, para llevar adelante capacitaciones, trabajos de consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros servicios requeridos.

De esta forma, el Gobierno revisará los convenios desde los ministerios y organismos y no desde las Universidades.