“Nosotros nunca estuvimos en contra de una auditoría, sí del “enfoque de guerra” contra los movimientos populares que comenzó con el discurso de CFK el 2 de junio” dicen a Diagonales desde la mesa chica de UTEP, que hoy mantuvo una reunión con el Ministro Juan Zabaleta. El objeto de la misma fue ratificar un principio de acuerdo al que se llegó entre el Gobierno y las organizaciones para modificar algunos de los aspectos iniciales sobre cómo se llevarán a cabo las auditorías sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Los movimientos sociales nucleados en UTEP plantearon dos demandas centrales que fueron aceptadas en el Ministro. La primera fue que no sólo se auditara a los beneficiarios de programas que fueran miembros de organizaciones sociales, sino también a intendencias, gobernaciones, ONGs  e iglesias que también administran planes. La decisión de aceptar ese planteo ya fue comunicada por el ministro a los intendentes en una reunión, similar a la de hoy con las organizaciones pero con los jefes comunales de la primera y tercera sección electoral, que se desarrolló la semana pasada.

La segunda demanda de los movimientos sociales era que las auditorías se llevaran a cabo en los lugares de trabajo y con un máximo de 300 personas. Esto, para evitar el “show mediático” que representaría una instancia como juntar a 2000 o 3000 personas en una misma jornada, sacar una foto y exponer eso como el proceso de auditoría. “Algo como eso sólo sería una acción más en el sentido de potenciar la persecución y la estigmatización” dicen desde UTEP.

“Fue una buena reunión de trabajo en la que se consolidó un acuerdo que se venía construyendo desde antes. Hay un estigma de persecución sobre los movimientos populares, y nosotros queremos que se vea y se reconozca nuestro trabajo y todas las dificultades que enfrentamos” expresó a este medio uno de los participantes de la reunión. En ese sentido, el Ministro Zabaleta les comunicó a los movimientos sociales que inicialmente se construyó un clima alrededor de esta cuestión que no era el que él pretendía, y que “la intención del Ministerio no es perseguirlos”.

Desde las organizaciones sienten que le “torcieron el brazo” a CFK, quien originalmente pretendía que la auditoría la realizaran los propios intendentes en sus distritos. Ese es el “enfoque de guerra” que desde UTEP no estaban dispuestos a aceptar. Que cada jefe comunal pudiera establecer las condiciones en las que se llevarían adelante los controles era un camino inevitable hacia enfrentamientos, afirman.

La vicepresidenta lo había planteado en esos términos en su discurso en Avellaneda: “Debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir terciarizadas. Así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía? El Estado debe recuperar ese rol y transparentar ante la opinión pública todo esto”. Es por esto que las organizaciones sienten como una “victoria política” que finalmente se decidiera que las auditorías se realizarán como ellas lo planteaban, con un máximo de 300 personas y en los lugares de trabajo que determine cada institución.

“Si lo que se busca es realmente la transparencia, ese es el camino” expresó a Diagonales un importante referente de UTEP que participó de la reunión con Zabaleta. Parte de la Iglesia habría intercedido en favor del planteo de los movimientos sociales, que también tuvo el visto bueno del Presidente Alberto Fernández, principal aliado del Movimiento Evita, y el flamante superministro de Economía, Sergio Massa.

El acuerdo, entonces, es que los equipos técnicos de las universidades bajarán al territorio previo acuerdo entre las instituciones y el Ministerio, instancia en la cual se determinarán las unidades productivas en las que se realizarán las visitas. Un equipo de representantes de las organizaciones y funcionarios del Ministerio ya quedaron trabajando en el delineo de lo que serán las primeras auditorías, que Sergio Massa había anunciado en su conferencia de prensa inaugural como ministro que comenzarían el pasado lunes 15.

Las organizaciones llevaron además el reclamo por que se cumpla con el subsidio del Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales, un programa del último trimestre del 2021 que destina recursos no reembolsables para la compra de maquinarias pero que no estaría llegando a los movimientos populares tal como fue anunciado. Pidieron también al ministro que se garanticen las cuotas alimentarias en comedores y merenderos que hoy, según afirman, no están recibiendo lo que les corresponde. En ambos casos la recepción de Zabaleta fue favorable.

Junto al ministro Zabaleta estuvieron el secretario de Economía Social y principal referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, Alejandro Gramajo; el titular de la unidad Ejecutora del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo, Pablo Pais; el secretario gremial de UTEP, Gildo Onorato; la secretaria gremial adjunta de UTEP, Dina Sánchez; entre otros.