Javier Milei se convirtió en la tarde de este jueves en el primer presidente desde la reforma constitucional de 1994 al que el Senado le rechaza un DNU. Un nuevo récord para el primer mandatario en su alocada carrera por generar conflictos con todo el sistema político sin pensar en las consecuencias para su plan de gobierno. En total fueron 42 votos en contra del decreto, 25 a favor y 4 abstenciones.

Los votos negativos llegaron principalmente del peronismo, pero también de otros bloques que vienen siendo atacados sistemáticamente por el Milei y su ejército de trolls. Ahora el decreto va a Diputados, donde un nuevo rechazo haría que caiga su vigencia y se entre en el difícil terreno de retrotraer los efectos que la medida ya generó.

Unión por la Patria tenía asegurados 33 votos entre sus dos bloques, el Frente Nacional y Popular conducido por José Mayans, y Unidad Ciudadana bajo el liderazgo de Juliana Di Tullio. Con esa base, necesitaban sólo 5 votos más para asegurarse el rechazo a través de una mayoría simple. Esa es la razón por la que Victoria Villarruel dilató hasta más no poder la sesión, que finalmente habilitó para este jueves y que le valió la furia del presidente y todo su círculo.

A los votos peronistas se sumaron solamente dos radicales: Martín Lousteau y el fueguino Pablo Blanco. Lousteau había adelantado su voto negativo, alegando la inconstitucionalidad del decreto. En las últimas horas fue blanco de los trolls libertarios que lo señalaban por su rol en la 125 bajo el gobierno de CFK. Blanco, por su parte, denunció en plena sesión llamados de gobernadores y aprietes de empresarios prebendarios, que hacen millones con las exenciones impositivas en Tierra del Fuego, con sugerencias para que apoyara el DNU. El resultado fue el contrario y el fueguino votó en contra. Las bravuconadas parecen estar saliéndole mal a Milei.

Otras provincias del sur argentino se sumaron al rechazo, reviviendo el clima de cuasi insurrección que se vivió tras el cruce de Milei con Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, luego del cual la Patagonia amenazó con cortar el flujo de hidrocarburos al resto del país. La senadora Mónica Esther Silva, del monobloque Juntos Somos Río Negro, que responde al gobernador Alberto Weretilnek, votó en contra.

También lo hicieron los dos legisladores santacruceños del bloque Por Santa Cruz, en línea con las críticas que el gobernador Claudio Vidal estuvo esgrimiendo en los últimos días contra Milei. Carmen Crexell, senadora del monobloque Comunidad Neuquén que responde al gobernador Rolando Figueroa, fue otra de las que se sumó al rechazo.           

En el bloque Unidad Federal, Carlos Espíndola y Edgardo Kuider, dos de los senadores que firmaron el pedido para la sesión para tratar el DNU, votaron en contra. Su compañera de bloque, la cordobesa Alejandra Vigo, se abstuvo. Vigo es la pareja de Juan Schiaretti, y de su abstención puede interpretarse un juego a dos bandas del cordobecismo que, por un lado presiona a través de Martín Llaryora y sus diputados, y a la par negocia con el presidente que sacó el 75% de los votos en su provincia y la eligió como sede del Pacto de Mayo.

Más abstenciones provinieron de otra provincia que juega a la presión y la negociación con el Gobierno. Se trató de Carlos Arce y Sonia Rojas, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia Social, que responden al gobernador Hugo Passalaqua. La abstención restante de las cuatro que hubo en la votación fue del radical bonaerense Maximiliano Abad.

Por lo demás, el bloque del PRO acompañó en su totalidad al Ejecutivo, así como también lo hizo la mayoría de la UCR. De los 13 senadores radicales, 10 votaron a favor del DNU, marcando un colaboracionismo con Milei que habrá que medir en su profundidad cuando el decreto pase a diputados. La ecuación es simple: con los votos para el rechazo garantizados, el partido que gobierna cinco provincias parece haber tirado un guiño circunstancial al presidente en pos de abrir una negociación.

Ahora habrá que esperar la reacción de Milei, que si repite su actitud tras la el rechazo  a la ley ómnibus se despachará en contra de los senadores y senadoras que votaron en contra del decreto, por un lado, y quizás también profundice su embestida contra la vicepresidenta, señalada en el Ejecutivo como autora de un intento de golpe interno.

El presidente camina por una cuerda floja en ese sentido. Su violencia tras el rechazo a la ley ómnibus sólo logró abroquelar a sectores de la oposición en su contra, engrosando las filas que a priori sólo rellenaba el peronismo. El rechazo del DNU es la segunda derrota legislativa y política de gran magnitud que sufre el Ejecutivo, y Milei insiste en su estrategia de confrontación irracional se arriesga a repetir el fracaso en Diputados. Ahora, caída la ley y rechazado el DNU en la Cámara Baja, la columna vertebral de su plan económico quedó a tiro de una sola instancia legislativa para ser desarmado del todo, lo que obligaría a un reseteo total del Gobierno.

De fondo, el poder vitalicio del país mira de reojo el comportamiento de la política. La justicia viene asestándole golpes al DNU que comenzaron con la declaración de inconstitucionalidad de su capítulo laboral, y recientemente continuaron con la cautelar que suspendió los aumentos de una prepaga y la ratificación de otra que había suspendido los artículos que permitían la conversión de los clubes a Sociedades Anónimas Deportivas.

La Oficina del Presidente afirmó el miércoles que la Corte Suprema estaba presta a expedirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del DNU. Tiempistas como nadie, los supremos esperarán hasta que se agoten las instancias de la política para dirimir un conflicto que entienden que corresponde resolver en ese ámbito y no en el judicial. Pero si la coyuntura los presiona y se ven obligados a interceder, no serán menores para influir en su juicio los rechazos sociales y políticos que el DNU vaya acumulando en el mientras tanto. Hoy, Milei sufrió otra dura derrota política en ese sentido, y el Congreso se ratificó como un ámbito de discusión y resistencia a los atropellos que puedan surgir del Ejecutivo en los próximos  cuatro años.