Como se esperaba, esta noche el Senado rechazó los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla con los que el Gobierno había designado por decreto a los magistrados como miembros de la Corte Suprema. Con una diferencia apabullante a favor de un gran frente “opositor” conformado por peronistas, radicales e incluso legisladores del PRO, el Congreso le dio una paliza parlamentaria al presidente Javier Milei, que reaccionó con un fuerte comunicado contra la “casta política” y la “politización de la Justicia”.

Con 43 negativos y 27 afirmativos en el primer caso y 51 rechazos y 20 apoyos en el segundo, el Senado revocó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno había designado a Lijo y García Mansilla como jueces de la Corte Suprema. El resultado adverso para el oficialismo, que necesitaba dos tercios a favor, llegó al término de una extensa y caliente sesión en la Cámara Alta que conduce Victoria Villarruel, hoy en ejercicio de la Presidencia por el viaje de Milei a Estados Unidos. La resistencia llegó de parte de Unión por la Patria (UP), la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y el peronismo no kirchnerista.

X de Oficina del Presidente

Prácticamente de inmediato luego del “cachetazo” legislativo, la Oficina del Presidente publicó un duro comunicado en “repudio” de la decisión del Senado. Al respecto, el Gobierno aseguró que “continuará trabajando para garantizar la independencia judicial” y sostuvo que la Cámara Alta “dilató la votación durante meses” y finalmente “optó por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República” al rechazar “por primera vez en la historia” pliegos propuestos por el Ejecutivo.

Al respecto, el despacho de Milei postuló que la definición parlamentaria obedeció a “motivos meramente políticos”, por lo que afirmó que “la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso” y que el Senado, “convertido en una máquina de impedir, no actúa en favor del pueblo sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación”. Y remató: “Es evidente que la politización de la Justicia representa una amenaza para la democracia. Mientras la clase política anteponga su protección penal y no la normalización del sistema judicial, el derecho a la justicia continuará limitado".