Recortes a la educación para beneficiar a los sectores más ricos del país. Así podría resumirse la política que lleva adelante el gobierno de Javier Milei desde que asumió la gestión en diciembre de 2023. Un informe de la Universidad Nacional de Buenos Aires reveló que el recorte a las universidades públicadas representa el mismo porcentaje que la adminsitración libertaria destina a beneficios para los sectores más ricos de la sociedad. 

Mientras que el Senado debate el proyecto de financiamiento universitario, Milei vuelve a amenzar con el veto presidencial y mantiene su política de ajuste. Pero lo cierto es que, lejos de las promesas de campaña, el ajuste no cayó sobre “la casta”, sino más bien todo lo contrario: recayó sobre las universidades, trabajadores y jubilados. 

La iniciativa que se analiza en el Congreso e impulsa parte de la oposición, propone una actualización de los fondos destinados a las universidades equivalente al 0,14 por ciento del PBI. Esa ampliación de fondos le permitiría a las instituciones académicas financiar sus gastos, aumentar los sueldos atrasados de sus trabajadores y mantener sus hospitales, proyectos de investigación, extensión, entre otros. 

Desde Casa Rosada insisten que dicho incremento generaría un fuerte desequilibrio en las cuentas fiscales (mismo argumento para rechazar la suba de las jubilaciones). Sin embargo, el documento realizado por el Centro de Estudios para la Recuperación de Argentina (Centro RA) de la Facultad de Económicas de la UBA indicó que ese 0,14 del PBI que podría garantizar el buen funcionamiento de las Universidades es equivalente a los beneficios que el oficialismo otorga a los sectores más ricos como el multimillonario blanqueo de capitales. 

Prioridades en la era Milei: Motosierra para las universidades y beneficios para los más ricos

El documento realizado por la Facultad de Economía de la UBA “evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos” y “revela una discrepancia alarmante en las prioridades del Estado”.

El estudio sostiene que el impacto en las cuentas fiscales del aumento del presupuesto universitario “luce mucho menos oneroso al compararlo con algunas directrices recientes, tanto por decisión como por omisión”, como es el caso de la reforma fiscal que "incluye una fuerte baja en los impuestos al patrimonio de las clases más altas".

“La modificación del mínimo no imponible” y las alícuotas “del impuesto a los bienes personales se traduciría en una caída en la percepción de ingresos pública de aproximadamente 0,14 por ciento del PBI”, describe el informe elaborado por el Centro RA. 

Según el estudio, con un esfuerzo fiscal "similar al beneficio otorgado a las élites más adineradas del país y significativamente inferior al régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, se evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos”.

Y completa: “Las recientes reformas fiscales subrayan la necesidad urgente de revaluar y priorizar el financiamiento de las universidades” dado que se trata de “una inversión estratégica para el país, vital para la formación profesional y el progreso social”.