Reforma laboral: El Gobierno reglamentó los puntos de la Ley Bases pero muestra su debilidad

Ni siquiera un gobierno como este de La Libertad Avanza (LLA), que se autodefine como “liberal libertario” y que, en lo discursivo, se presenta ante la sociedad como una tromba que define toda su política con el prisma ideológico, puede escapar a los giros del pragmatismo, una vez sentados en el Sillón de Rivadavia.

Los debates internos en el oficialismo por estas horas, sobre cómo deben encarar su relación con la CGT y el movimiento obrero organizado entran en este torbellino que deja desconcertado a más de un “liberal para cepa”. En el entorno del presidente Javier Milei toman nota de la caída en las encuestas, y saben que una de sus principales armas para aplicar su programa flexibilizador, en manos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es el apoyo popular, porque LLA no cuenta con el dispositivo institucional en su favor.

Sin mayoría en las Cámaras del Congreso, y arañando la segunda minoría en Diputados, sin gobernadores que pertenezcan a su espacio político, en el Poder Ejecutivo ven cada vez con mejores ojos a una CGT como aliado “transitorio”, factor vital de movilización en las calles. En el Gobierno no desestiman esto, saben que el apoyo de la central obrera en cada marcha es un pilar decisivo para la masividad y el éxito del reclamo callejero.

De hecho, desde la organización que comanda el triunvirato encabezado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano confirmaron su participación el 2 de octubre en la segunda movilización universitaria en reclamo por el presupuesto, frente a la decisión del Presidente de vetar la normativa aprobada en el Congreso.   

LO QUE YA ESTÁ

Tras la llegada de Milei y su Gabinete al país, quedaron rubricados en el Boletín Oficial los puntos ya aprobados de la Reforma laboral, incluidos en la Ley Bases, que fue sancionada definitivamente a finales de junio en el Congreso.

Dentro del paquete de reformas propatronales se incluyen:

-Beneficios para los empleadores en caso de regularizar a sus trabajadores. Se condonarán penas tributarias, sanciones e infracciones, capital e intereses y también se extingue la acción penal del régimen de Ley Penal Tributario.

-El reemplazo de las indemnizaciones por despido y la conformación de un fondo o sistema de cese laboral, que corre por cuenta del empleador.

- La ampliación del periodo de prueba que tienen los trabajadores en un nuevo puesto a 6 meses. Además, el convenio colectivo se puede ampliar hasta 8 meses en empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta 1 año en empresas de menor tamaño (hasta 5 trabajadores). En ese lapso, el trabajador puede ser despedido sin causa y sin indemnización por antigüedad.

- La computación de hasta 60 meses de aportes previsionales de trabajadores que no habían sido regularizados, aunque hayan trabajado más años de manera informal. Este periodo no se tendrá en cuenta a la hora del cálculo jubilatorio.

- La contratación de empleados bajo la modalidad de colaboradores o de contratos de locación, salteando la relación de dependencia.

- La incorporación de nuevos motivos de despido en el marco de conflictos colectivos en la empresa. Ejemplo: participar en bloqueos o tomas de establecimientos; obstrucción del ingreso o egreso al establecimiento y la afectación de la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza.

- El establecimiento de una indemnización adicional de entre un 50% y un 100% por antigüedad en casos de despido por motivos de discriminación. Se elimina así la posibilidad de que la Justicia ordene la reinstalación del trabajador en su puesto, y solo queda el resarcimiento monetario.

-La eliminación de la prohibición a los empleadores de contratar a través de empresas de servicios temporarios o agencias de colocación, si se trata de trabajo agrario. Los empleados se considerarán parte de las empresas intermediarias y no para las que presten servicios.

-La exclusión de las asociaciones sindicales como posibles denunciantes de la falta de registración de las relaciones laborales, que solo quedaría en manos del trabajador.

Sturzenegger señaló que lo que hizo el Ejecutivo fue “crear un sistema, aprobado por el Congreso, que permite a las partes decidir libremente cómo diseñar las condiciones laborales. Les damos libertad para que decidan la reforma laboral como quieran, con una sola condición: si al trabajador no le gusta, puede quedarse con la Ley 2.744, la ley actual de indemnización”, planteó despojadamente en TN.

LO QUE NO ESTÁ, ¿LLEGA?

Nunca un gobierno en los últimos 40 años tuvo un panorama tan favorable para desactivar las conquistas de los sindicatos en la Argentina. Sin embargo, hay algunos integrantes del elenco “libertario” que optan sacar temporalmente el pie del acelerador, sabiendo que enemistarse con otro actor de peso como la CGT, puede ser abrir nuevos frentes de disputa en un momento en el que las encuestas no acompañan.

Es por eso que un sector del oficialismo, en el que intervienen más activamente por estas horas el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el secretario de Trabajo Julio Cordero, y, siempre en las sombras, el asesor estrella- sin cargo de Milei, Santiago Caputo, impulsan un dialogo más encaminado con algunos referentes cegetistas, que el Gobierno habilita como uno de sus interlocutores válidos.

De esta decisión, que parecería ser avalada por el propio Milei para negociar con “la casta sindical", surgió el desplante de LLA en la reunión del bloque de legislación laboral en la Cámara de Diputados, donde el PRO, el radicalismo “antisindical” y otros espacios presentaron 28 iniciativas para profundizar las transformaciones normativas contra los trabajadores y los líderes sindicales.

El rechazo de la bancada “libertaria” a tratar una reforma a la ley de asociaciones sindicales, a los límites para los mandatos, al cobro de cuotas compulsivas y al manejo de las obras sociales, generó estupor en algunos legisladores aliados al Gobierno, que desconocían lo que se tejía por lo bajo entre el Poder Ejecutivo y los popes sindicales.

“Los sindicatos no son nuestros enemigos”, era lo que se corría en el entretelón del oficialismo para desactivar la arremetida parlamentaria. Esta pax temporal abre el interrogante sobre hasta dónde el ministro desregulador Federico Sturzenegger, podrá intervenir nuevamente con su plan “ideológico” de ir a fondo en mayores regulaciones en favor de las cámaras empresariales.

Por lo pronto, los trascendidos hablan de un encuentro que mantuvo el economista  macrista con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. Sturzenegger siempre se encargó de alardear públicamente el modelo de relación laboral- patronal del sindicato de la construcción, y Martínez se convirtió en el principal interlocutor con la Casa Rosada.

Cabe destacar que el dirigente gremial tiene diálogo con todos los sectores internos de la CGT: desde los “Gordos” con mayor cantidad de afiliados y peso en la interna, pasando por los sectores más independientes, y el moyanismo, o el sector que responde a los bancarios de Sergio Palazzo. Martínez llega a todos.

Los trascendidos indican que Sturzenegger apaciguaría sus planteos ideológico desregulatorios, al menos momentáneamente. Para Martínez habría un lugar en el hoy paralizado Consejo de Mayo, creado luego del Pacto al que suscribieron 18 gobernadores el último 9 de julio.

Todo sigue en veremos. Pero el Gobierno vuelve a encontrar límites al dogmatismo y a la pirotecnia discursiva “anticasta”. Con el freno de mano puesto, sabe que ir contra la estructura sindical, aun robusta en la Argentina y que le abre el camino al diálogo y la negociación permanente, hoy generaría dolores de cabeza y efectos inconducentes.