Se cumple un año desde el anuncio de la cuarentena en la República Argentina, decisión que dio puntapié a uno de los períodos más excepcionales e insólitos de la historia reciente del país. El 19 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández dio luz verde a la medida que terminaría por materializarse en el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

La medida fue implementada por el gobierno argentino ocho días después de que la Organización Mundial de la Salud terminara de definir al COVID19 como una pandemia mundial. En ese marco, desde Casa Rosada se inició a contrarreloj la planificación de una monumental medida que obligaría a la población a permanecer en sus domicilios para evitar contagios del entonces desconocido virus.

“Todos los argentinos deberán someterse al aislamiento social, preventivo y obligatorio”, anunciaba aquel miércoles por la noche el Presidente, que inicialmente adoptó la medida por 15 días -hasta fines de marzo-, pero luego debió ser renovada en forma sucesiva cada dos semanas.

Para ello, el Gobierno definió una serie de criterios que incluyeron la enumeración de una serie de “actividades esenciales” que estarían exceptuadas de cumplir el aislamiento, bajo la obligatoriedad de tramitar permisos especiales para desplazarse en la vía pública. Asimismo, se pautaría la obligatoriedad de utilizar barbijo o máscara en comercios y lugares públicos. A su vez, se anunciaron una serie de medidas de prevención sanitaria vinculada a la higiene y los hábitos personales para evitar la propagación del virus.

El advenimiento del ASPO, en tanto, vino acompañado por medidas extraordinarias de asistencia social a quienes quedaran en una situación de suma vulnerabilidad ante la parálisis de actividades económicas o por la falta de acceso a una vivienda apropiada para aislarse.

El 23 de marzo de 2020, la gestión del presidente Fernández anunciaba la puesta en marcha del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una suma fija de 10 mil pesos mensuales para los más afectados por las consecuencias del freno en la actividad económica. A esto se sumó la disposición de los ATP, como aliciente para empresarios imposibilitados de cumplir con pagos de sueldos por las pérdidas económicas resultantes del cierre total de actividades.