Sin prevención ni políticas públicas, la violencia de género crece en Argentina
El Observatorio de la Casa Del Encuentro reveló que en lo que va del año, una mujer fue asesinada cada 35 horas. Este 3 de junio, el colectivo Ni Una Menos, mujeres y diversidades de todo el país movilizan una vez más contra la violencia de género y denuncian al Gobierno nacional por el desfinanciamiento a las políticas públicas de acompañamiento y prenvención, y el fomento a los discursos de odio.
En comienzos de este año, en el Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos (Suiza), el presidente Javier Milei aseguraba públicamente y frente al mundo que las políticas públicas en pos de la igualdad de género eran parte de “la agenda del feminismo radical” que solo devenían "en una mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportan nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u
organismos internacionales dedicados a promover esta agenda”. Esos dichos por supuesto tienen su correlato material y tangible que no solamente se traduce en ataques simbólicos como fue la eliminación del Salón de la Mujer en Casa Rosada o la prohibición del lenguaje inclusivo, sino un desfinanciamiento sistemático a los programas y herramientas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género en todas sus formas.
Durante los primeros cinco meses del años, en Argentina hubo 127 víctimas de violencia de género: 114 femicidios y vinculados de mujeres y niñas,3 lesbicidios,1 trans-travesticidio y 9 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Según estos datos del Observatorio de Femicidios “Adriana Zambrano” de la Casa del Encuentro, Argentina tiene un femicidio cada 35 horas. Mientras tanto, el presupuesto destinado en los primeros meses de 2024 a las políticas públicas para reducir la desigualdad de género fue un 33%3 más bajo que el año pasado.
NADA ES CASUAL
A partir de la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno nacional implementó un reordenamiento institucional de los Ministerios. A través del Decreto 86/2023, se achicó notablemente la estructura del Poder Ejecutivo reduciendo a solo ocho, la cantidad de carteras ministeriales. En ese proceso el Ministerio de las Mujeres fue uno de los eliminados, tal y como lo había prometido el mandatario durante su campaña electoral, y reemplazado por una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
Inicialmente la Subsecretaría se creó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, sin embargo, el 24 de mayo pasado pasó a formar parte del Ministerio de Justicia mediante el Decreto 450/2024. No hubo ninguna explicación oficial de por qué se había hecho el traspado y lo cierto es que, hasta la fecha, el área no tiene una estructura interna aprobada.
La falta de nombramientos y de un presupuesto acorde hace imposible diseñar e implementar el Plan Nacional de Acción contras las Violencias para el periodo 2024-2026, tal como está estipulado en la Ley nacional 26.485, y no hace más que agravar una situación que afecta a la Argentina hace décadas pero que parece recrudecer.
Entre las primeras iniciativas legislativas presentadas ante el Congreso, el Gobierno envió la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (conocido como “Ley Ómnibus” o “Ley Bases”) que incluye una modificación a la Ley Micaela al eliminar la obligatoriedad de la formación en materia de género para todos los ministerios y organismos estatales y limitar su delimitación únicamente a los “organismos competentes” y reduciendo la delimitación de la capacitación a la problemática de “violencia familiar”.
A ello se suma la decisión del Ejecutivo de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en documentos de la administración pública nacional y la eliminación del Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada. Esta última medida se anunció el mismo 8 de Marzo con un video institucional en el que se mostraba cómo se cubrían los cuadros de las mujeres por varones.
“Que haya un Salón de las Mujeres tal vez sea hasta discriminador para los hombres”, afirmaba entonces el vocero presidencial Manuel Adorni en una clara provación durante su habitual conferencia de prensa. Semanas después, el portavoz utilizaría una expresión similar en el mes para referirse al crimen lesboodiante de las cuatro mujeres en el barrio porteño de Barracas, al asegurar que “sería injusto hablar solo de este episodio cuando la violencia es más abarcativa".
Ahora bien, este ataque simbólico y constante al movimiento de mujeres y LGTBI+, está acompañado de acciones concretas y materiales. Un informe elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), revela que en el transcurso de 2024 el presupuesto destinado a las políticas públicas que apuntan a reducir la desigualdad de género fue un 33%3 más bajo que el año pasado.
"Este ajuste es incluso más fuerte que el que sufrió el presupuesto nacional total, que fue del 24%”, señalan desde la organización feminista. Las principales políticas destinadas a mujeres y LGTBI+ en situación de violencia por motivos de género, incluidas en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024, se encuentran paralizadas o con escasa ejecución por parte de la Subsecretaría
Un caso emblemático es el del programa “Acompañar”, creado en 2020 para fortalecer la
independencia económica de las víctimas de violencia de género a través de apoyo
económico y psicosocial. Desde la asunción del nuevo gobierno, no sólo no ha habido nuevas altas sino que se redujo considerablemente el número de personas asistidas a través de la iniciativa. Según datos del propio Ministerio de Capital Humano, en enero de 2024 había realizado pagos a cerca de 41.000 beneficiarias del programa que ya se encontraban ingresadas. Para febrero, ese número descendía a 33 mil.
Además, la cartera que conduce Sandra Petovallo informó que la asignación presupuestaria del programa según Ley de Presupuesto vigente (bajo la prórroga del Presupuesto 2023 vía Decreto 88/2023) es de $68.803.137.857 y que la meta física de personas destinatarias programada para 2024 serían 106.176 destinatarias.
Al mes de mayo, sólo se ejecutaron 17.529,4 millones de pesos de ese presupuesto y la cifra refleja una caída del 80% en la ejecución interanual en relación a los datos del primer cuatrimestre de 2023.
La parálisis de los programas de prevención y asistencia ante las violencias también se reflejan en una caída del 25,52% en la ejecución interanual del presupuesto de la Línea 144, herramienta que brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género a través de un servicio telefónico gratuito, WhatsApp, correo electrónico y por videollamadas.
De esta manera, los organismos e instituciones que brindan atención y protección a las víctimas de violencia de género ven afectada seriamente su capacidad de acción y esto se traduce en la desatención de mujeres y personas LGTBI+ que muchas veces desisten de denunciar los hechos o incluso regresan a la casa de su agresor por falta de indenpendencia y/o asistencia económica.
En 2021, el entonces Ministerio de la Mujer había firmado un convenio con Aerolíneas Argentinas para Traslados Interregionales que tenía por objetivo reubicar a mujeres víctimas de violencia de género en otras ciudades o provincias donde tuvieran familia que las pudiera acompañar. Desde entonces se realizaron 180 traslados, pero hoy el programa se encuentra paralizado por completo.
La Casa del Encuentro, reveló de los 127 casos de violencia de género ocurridos en el transcurso del año, el 58% transcurrieron en el hogar de la víctima. “El lugar más inseguro continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor”, señalaron desde la organización.
Es cierto que no se puede responsabilizar completa y exclusivamente al actual Gobierno nacional por la violencia de género existente en el país, pero la postura y las acciones del Ejecutivo no hacen más que agravar esa violencia, profundizar las desigualdades de género y promover los discursos de odio muchas veces proferidos desde el propio Estado. Por eso este 3 de junio, el colectivo Ni Una Menos convocó a la histórica movilización con consignas dirigidas especialmente contra Javier Milei y su Gabinete.
3J: MOVILIZACIÓN CONTRA EL AJUSTE Y LA VIOLENCIA
Como todos los años desde 2015, este 3 de junio se realizan marchas y concentraciones en todo el país contra la violencia de género en todas sus formas. El epicentro de la jornada tendrá lugar en el Congreso de la Nación, donde el colectivo Ni Una Menos convocó a movilizar a partir de las 16.30 horas.
“Los femicidios, travesticidios, lesbicidios y crímenes de odio muestran números preocupantes también. Números que desde el Gobierno no solo no resuelven sino que eliminan organismos, entes, y por lo tanto, políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista”, señalaron desde la organización.
A su vez, resaltaron que este martes la jornada también incluye un fuerte reclamo de Justicia y políticas públicas para evitar ataques lesboodiantes como el ocurrido en Barracas donde tres mujeres fueron asesinadas y una cuarta pelea por sobrevivir.
“Este 3J convocamos porque estamos conmocionadas y movilizadas por la masacre en Barracas, triple lesbicidio. Exigimos justicia por Pamela, Roxana y Andrea asesinadas cruelmente, con dos bombas molotov por ser lesbianas", exclamaron desde el colectivo Ni Una Menos. “Consideramos que los discursos de odio promovidos por el máximo representante del Ejecutivo Nacional, llevan a una sociedad que actúa en consecuencia. Lo hacemos responsable de que los ataques hacia la comunidad LGBTIQ+ se hayan incrementado y hallan alcanzando su peor expresión”, afirmaron.
“El Gobierno de Javier Milei instauró la crueldad como política de Estado. La violencia del Gobierno Nacional es social, política y económica. Ante esto respondemos en las calles y movilizadas”, concluyó el comunicado.
Por su parte, desde la Casa del Encuentro remarcaron que desde hace 9 años que las estadísticas de femicidios y violencia de género no descienden y apuntaron contra “un Estado ausente que no muestra interés en elaborar políticas públicas para el abordaje, asistencia y prevención de las violencias de género y con una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género q pareciera no tener voz”.
La Asociación recordó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género fue transferida hace pocos días al Ministerio de Justicia “sin expresar los verdaderos motivos del cambio, sin explicar qué acciones llevarán adelante y con qué presupuesto contará para esto”.
Con el hashtag #NoeslibertadEsOdio, la Casa del Encuentro aseguró que frante a “la pobreza que afecta doblemente a las mujeres, niñas y niños, jubiladas/os, las personas con discapacidad; todas y todos, sujetos de derecho”, se necesita de “un Estado activo que dé respuestas a las problemáticas reales de la sociedad”.
En cambio, señalaron, que desde el Ejecutivo nacional “deliberadamente, se ignora la desigualdad de género que surge de la evidencia empírica, con violencias directas ejercidas desde la inexistencia de políticas públicas, programas y presupuesto que solo contribuyen a excluir, vulnerabilizar y someter, cada vez más, a las mujeres, adolescentes, niñas y diversidades exponiéndolas, en muchos casos, a su expresión más extrema, el femicidio”.