Suma fija: antecedentes y discusiones de la medida que demoró más de un año y el FMI resistía
La discusión por un aumento directo viene desde el año pasado y llega como salvavidas electoral tras la devaluación. Diferencias con los aumentos por decreto de Duhalde y Néstor Kirchner. El FMI y el movimiento obrero, dos actores clave en lo que pasó y lo que vendrá.
Finalmente, tras más de un años de idas y vueltas, el Gobierno del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, decidió la entrega de una suma fija para trabajadores públicos y privados cuyo salario neto no supere los $400.000. Para algunos la decisión llega tarde y es insuficiente. Otros ven en la decisión de Sergio Massa un paso adelante en el relanzamiento de campaña, con el eje puesto en el país que UP puede ofrecer frente a las propuestas de ajuste y quita de derechos laborales de Javier Milei y Patricia Bullrich, los dos candidatos presidenciales esponsoreados por Mauricio Macri. Algunas consideraciones para abordar el tema con mayor profundidad.
En principio, cabe resaltar el debate por el título de la medida. Si bien la “suma fija” aplica como concepto para el beneficio ordenado por el ministro candidato, lo cierto es que en la historia argentina el concepto remite a otro tipo de intervención por parte del Estado. El anuncio de los $60.000 que recibirán todos los trabajadores y trabajadoras del sistema formal, en dos cuotas de $30.000 a pagarse con los sueldos de agosto (en septiembre) y septiembre (en octubre), bien podrían ser calificados como un bono al trabajo. Básicamente porque no se trata de una suma que se incorporará permanentemente al salario, que no es remunerativa y además será absorbido por futuras paritarias.
En los albores de la actual gestión el Presidente Alberto Fernández ya había otorgado un aporte similar. Entre enero y febrero del 2020 se otorgaron $4000 a trabajadores en relación de dependencia del sector privado como parte de la emergencia económica, ni bien asumido el Gobierno del FdT. A fines del 2021, a su vez, se otorgó un bono de $20.000 a trabajadores estatales. Fue la metodología que la actual gestión eligió para ir acompañando el proceso inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo del salario, en paralelo a lo que hizo con las jubilaciones y asignaciones como el Programa Potenciar Trabajo para los trabajadores de la economía popular.
La medida tiene ADN peronista, y para buscar sus antecedentes hay que remontarse dos décadas atrás. Durante la convertibilidad menemista, jubilaciones y salarios estuvieron en su mayoría congelados junto al tipo de cambio ficticio que se sostenía con endeudamiento y venta de activos públicos. Tras el estallido del 2001, Eduardo Duhalde fue el primero en generar un movimiento en ese sentido.
En julio del 2002 y en plena crisis por la salida de la convertibilidad, el gobierno Duhalde decretó un aumento no remunerativo y de “carácter alimentario” de cien pesos para todos los trabajadores del sector privado comprendidos en los convenios colectivos de trabajo. En ese entonces, el aumento significaba unos 24,40 dólares mensuales y regía hasta el 31 de diciembre del 2002. Para fin de ese año y con la cercanía de las elecciones que se realizarían el 27 de abril y que consagrarían a Néstor Kirchner como Presidente, Duhalde aumentó nuevamente por decreto llevando el monto inicial a $130 durante enero y febrero del 2003 y a $150 a partir de mediados de ese año.
Ya como primer mandatario, Kirchner le otorgaría el carácter de remunerativos a esos montos y aumentaría $50 mensuales más a partir de enero de 2004. Con la incorporación de esos $200, que luego llegarían a $224, a los salarios formales, Kirchner estableció un nuevo piso para las negociaciones salariales, a las que también se impulsó con medidas como la convocatoria al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, que no se reunía desde 1993. En Marzo del 2004 se coronó aquel proceso virtuoso con la sanción de la Ley 25.877, que derogó la famosa “Ley Banelco” de flexibilización laboral y cristalizó un nuevo marco para las negociaciones colectivas, dando vuelta la página del período de los aumentos por decreto.
Paradójicamente, la relación entre esos aumentos por decreto, que a diferencia de los actuales engrosaron en forma permanente los salarios y pasaron a ser remunerativos, y las negociaciones colectivas, fueron una de las trabas para que esta medida pudiera llegar antes. El círculo virtuoso de recuperación salarial que abrieron hace 20 años, en la actualidad terminó enredado en discusiones sectoriales y las limitaciones que impone el FMI.
En abril del año pasado, con la guerra en Ucrania recién comenzada y la perspectiva de una aceleración de precios que empezaba a ponerse cada vez más oscura, el kirchnerismo le dio bastante lugar en su agenda durante uno buen tiempo a la discusión por un aumento por decreto. Voceros como Máximo Kirchner y Eduardo Wado de Pedro insistían en reparar la pérdida del poder adquisitivo por la inflación disparada con una suma fija. El debate atravesó todo el año pasado, la gestión de dos ministros de Economía, y la propia CFK volvió a pedir “una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores” en noviembre del año pasado en un acto de la UOM en Pilar.
Pero uno de los principales detractores, en ese momento, era el propio movimiento obrero organizado. La cúpula de la CGT siempre resistió la medida, apuntalando a las paritarias como el mecanismo más efectivo para la recuperación salarial. Lógicamente, los aumentos por decreto y de suma fija pasan por fuera de las negociaciones de los sindicatos y de alguna manera les restan relevancia a su función, aunque sea coyunturalmente.
En aquel momento, había argumentos de ambos lados. Desde el sindicalismo se planteaba la insuficiencia de las ayudas parciales y por única vez, resaltando que lo aumentos paritarios son un derecho adquirido para los trabajadores al que las empresas no pueden oponerse y que queda establecido hacia adelante. En favor del aumento por decreto, se decía que los aumentos paritarios podían empujar las expectativas inflacionarias y, fundamentalmente, que las sumas fijas conllevan una mucho mayor progresividad, al ser aumentos uniformes para todos los sectores, representan en términos de salario real un incremento mucho mayor para los sectores de más bajos salarios.
En medio de esas discusiones se llegó a la situación actual, en la que la medida determinada por Massa tiene más la impronta de una jugada en pos de la supervivencia del oficialismo que de una decisión profunda. Como sea, y a pesar de sus limitaciones, es una de las doce buenas noticias con las que el ministro candidato copó la agenda del domingo y lo que va de la semana con una perspectiva positiva, algo indispensable para UP a la hora de complementar la campaña del miedo contra Milei con algo de esperanza y expectativas.
Desde un sector de la campaña del massismo resumen a Diagonales el planteo con el que se busca interpelar a los trabajadores: “tres consignas: con Massa va a haber más trabajo porque va a apoyar el desarrollo productivo; con Massa el salario te va a alcanzar, se va a recuperar el valor del salario; y con Massa no vas a perder derechos, porque todos los demás plantean reformas laborales que va a significar pérdida de derechos. Son las tres cosas que le interesan a los trabajadores”.
Efectivamente, más allá de sus alcances, la decisión por la suma fija que tardó pero llegó le permite a UP confrontar con JxC y LLA en cuanto al modelo de país que ofrece cada alternativa. Mientras el candidato libertario habla de una dolarización que ya no sabe decir cuándo se podría materializar, y se encuentra con la líder del ala dura del PRO a la hora de plantear reducciones de derechos laborales, el peronismo hace en el sentido contrario lo que está al alcance en un contexto dominado por las exigencias del FMI.
De hecho, otro de los condicionantes por los que esta medida no pudo implementarse con anterioridad fueron los permanentes pedidos de ajuste fiscal por parte del Fondo, cuyas revisiones cada tres meses ponían en vilo la economía argentina. En este caso no fue la excepción. El organismo de crédito no estaba de acuerdo con la totalidad de las medidas anunciadas por Massa, y pretendía que el paquete de ayuda a diferentes sectores que se anunció fuera menor al 0,43% del PBI que implican los $729.000 millones destinados a las diferentes asistencias anunciadas. Con el acuerdo firmado y el desembolso de los 7500 millones de dólares efectuado por parte del FMI, el oficialismo tendrá algo más de margen de maniobra hasta noviembre cuando deba enfrentar una nueva revisión. A esa altura, la suerte electoral ya estará echada.
Ahora restará ver el impacto de estas medidas, particularmente la suma fija, en distintos sectores de la sociedad y cómo pueden darle un nuevo impulso a UP hacia las generales de octubre. En ese camino, el movimiento obrero organizado es uno de los actores principales a los que el oficialismo apuntala para recuperar todo lo que pueda de los casi seis millones de votos peronistas descantados que perdió entre las PASO del 2019 y las del 13 de agosto.
“La ventaja del movimiento obrero organizado es que es vertical, la CGT tiene uniones y federaciones, que tienen a su vez los sindicatos, que tienen a su vez delegados cada 100 obreros y operarios. Hay cerca de 6.250.000 afiliados a los diferentes sindicatos, y unos 50.000 delegados. Los sindicatos estñan organizados para ganar elecciones, cada cuatro años tienen la práctica de un proceso electoral, que funciona yendo a hablar operario por operario, esa es la práctica que tienen los sindicatos, saben hacer eso” expresó la misma fuente de la campaña de Massa, que antes de las PASO lanzó un certero vaticinio: “quizás no se vea en las PASO, pero en la general va a necesitar 10 puntos, más de 2 millones de votos, que sólo se los puede dar el movimiento sindical”.
Dos meses es un tiempo incalculable en la Argentina de la urgencia y todo puede pasar. Desde nuevas corridas y disparadas inflacionarias que terminen de desestabilizar a un oficialismo que ya hace equilibrio como puede, hasta un alineamiento de los distintos sectores de UP para salir a comunicar una campaña positiva y propositiva que lo suba en octubre al ring de noviembre con expectativas de alinear a aún más sectores en una disyuntiva democrática contra el candidato anti sistema. Todo está por verse y el dato central es que, con las limitaciones del caso y propias de un gobierno disfuncional, Unión por la Patria rompió la inercia y salió a la cancha para jugar el segundo tiempo de un partido que pierde por bastante pero se esperanza con poder remontar.