Esta semana, la policía jujeña desató una nueva cacería sobre dirigentes y referentes de organizaciones sociales y piqueteras de esa provincia. En un hecho que tiene pocos precedentes recientes en el país salvo bajo la gobernación de Gerardo Morales, se realizaron unos 23 allanamientos violentos y sorpresivos sobre comedores barriales, merenderos, talleres de cooperativas y hasta en los domicilios de personas particulares. Fue durante la madrugada de este miércoles, con el pretexto de un supuesto manejo ilegal de planes sociales, en base a una acusación de “asociación ilícita”. 

“Morales recrudeció su régimen de persecución y criminalización de la protesta porque cada vez hay más pobreza en Jujuy”, denunció en diálogo con Diagonales el diputado nacional del FIT, Alejandro Vilca. 

Vilca atendió a Diagonales desde San Salvador, donde viene de protagonizar una movilización este jueves frente a la gobernación, de la que participaron las organizaciones de todo el arco político que se vieron violentadas por los allanamientos, desde la UTEP del Movimiento Evita hasta Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, la CCC, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el bloque Unidad Piquetera. 

“Jujuy no escapa a los problemas sociales que aquejan a todo el país y la conflictividad ha ido en aumento, como en todas las provincias. Hay más pobreza y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Pero la respuesta de Morales fue recrudecer la represión, atacando locales donde se daban copas de leche, donde se daba de comer, con la intención de criminalizarnos. Eligió sumarse al discurso de la extrema derecha que critica los planes, en lugar de atacar las razones de la pobreza decidió atacar a quienes le encuentran una solución todos los días”, señaló Vilca. 

El gobernador de Jujuy, que maneja como anillo al dedo de la justicia local, decidió avanzar con los allanamientos sobre las localidades de San Salvador de Jujuy, Lozano, Maimará, Tilcara, Palpalá, Yala y Calilegua. No permitió la intervención de los abogados de las organizaciones, tal como lo hizo durante las primeras 48 horas de la detención de Milagro Sala, hace ya más de seis años. 

El presidente Alberto Fernández había visitado la provincia la semana pasada y se había fotografiado junto a la dirigente de Tupac Amaru, quien atraviesa un delicado momento de salud. Fernández pidió por su liberación, y el gobernador respondió no sólo que no iba a “pactar con la impunidad”, sino que desató días después una razzia sobre organizaciones, tal como ya había hecho con sindicatos y otro tipo de protestas sociales durante los años que lleva en la gobernación de esa provincia. 

“La visita del presidente molestó a Morales, pero viene persiguiendo a opositores y a las organizaciones desde mucho antes. Milagro Sala, con la que tenemos diferencias, es un ejemplo de ello. Lo mismo hizo con los trabajadores de Ledesma años atrás, o en el Ingenio La Esperanza. Milagro fue un chivo expiatorio para reprimir a todos”, sentenció Vilca.

Vilca dio la sorpresa en las elecciones del año pasado en Jujuy al cosechar el 25,33 por ciento de los votos, que le permitieron a la izquierda conquistar por primera vez una banca en la Cámara de Diputados en representación de esa provincia. El dirigente, que viene de organizarse gremialmente como recolector de residuos, desde donde dio el salto a la política, dice que en la provincia del norte “Morales gobierna gracias al PJ, que le vota todas las leyes”. 

“Hay un pacto de gobernabilidad, sino Morales no tendría la impunidad que tiene para hacer lo que hace. De hecho, fue uno de los principales gobernadores que hicieron lobby en marzo a favor del acuerdo con el FMI al interior de la oposición”, disparó. 

“Morales también tiene cobertura del poder económico local, que lo financia: desde los Blaquier a las mineras, que cada vez avanzan más”, advirtió.  

Respecto de los planes sociales, Vilca señaló que “Morales se subió a lo que propuso la vicepresidenta de que lo manejen los gobernadores y quiso hacerlo de facto en Jujuy, para tener controlados los territorios a través de sus punteros”. 

Tras los allanamientos, un grupo de diputados nacionales y dirigentes sociales y sindicales denunciaron este jueves en el Congreso que se viven "graves atropellos" contra los movimientos en la provincia de Jujuy. Estuvo todo el arco de organizaciones, desde el Evita hasta el FIT. 

“Nos sentimos vigilados, perseguidos, criminalizados. Hay una situación de violación de los derechos democráticos más elementales, y frente a eso necesitamos tener unidad”, concluyó Vilca.