La transformación de una coalición electoral en una coalición de gobierno ha tenido notorias dificultades en nuestro país. El acuerdo entre Raúl Alfonsín y Carlos “Chacho” Álvarez en 1997 se convirtió en una exitosa alianza electoral que arribó al gobierno con la promesa de purificar las prácticas políticas y de darle continuidad al régimen de convertibilidad. En la gestión, hubo un desbalance en la distribución de cargos jerárquicos en el Poder Ejecutivo, concentrando el radicalismo la mayoría de los ministerios y relegando al Frepaso a dos carteras. La conducción del gobierno estuvo a cargo de un político exitoso en términos electorales hasta entonces como Fernando de la Rúa, pero que nunca había logrado desplazar a Alfonsín como líder del partido. Con reclamos del Frepaso por falta de diálogo y por concentración de decisiones en el entorno presidencial, a poco de andar la Alianza incumplió su promesa moral de la política con el escándalo por una denuncia de pagos de sobornos para aprobar la Ley de Reforma Laboral. Yendo del Senado al living, desde su casa el ex presidente Carlos “Chacho” Álvarez anunciaba su renuncia a la vicepresidencia a menos de un año de haber asumido ese cargo, debilitando ostensiblemente la coalición de gobierno. La fractura de la alianza anticipaba así una debilidad institucional en el Poder Ejecutivo que alcanzaría su desenlace trágico en diciembre del 2001.

Proveedores de estructuras a nivel nacional desde entonces, los dirigentes radicales volvieron a apostar por la empresa coalicional durante el 2015, nuevamente articulando con un partido relativamente nuevo pero en este caso más abiertamente Pro-mercado. Tras el triunfo electoral de la alianza Cambiemos la conformación del gabinete no adquirió una fisonomía coalicional, dado el notorio reparto de carteras a favor del Pro, en detrimento del radicalismo y la Coalición Cívica. Asimismo, en la gestión de gobierno hubo una fuerte concentración de decisiones en el presidente sin institucionalizar una instancia de interlocución entre las fuerzas que componían el oficialismo. Acumulación sin distribución. Pese a ello, el radicalismo mantuvo una extraordinaria disciplina tanto a nivel parlamentario en el interbloque como en relación a las políticas que impulsaba el gobierno de Macri. Ni siquiera en el sistemático ataque a la educación pública impulsado por esa gestión, el partido centenario formuló algún reclamo más o menos audible públicamente.

UNA ANOMALÍA PARA EL PERONISMO

Si bien ha tenido una impronta frentista en diferentes coyunturas electorales a lo largo de su historia, el peronismo nunca desarrolló una dinámica coalicional en la organización de la gestión gubernamental. La conducción vertical del líder ha sido una regularidad en sus diferentes experiencias de gobierno. El Frente de Todos ganó las elecciones presidenciales del 2019 con un candidato que no tenía construido un espacio político propio ni era un referente dentro del peronismo. A la sorpresa de Alberto Fernández, se sumó la particularidad de que la principal figura electoral y líder del sector más importante de esa alianza se ubicaba en un segundo orden como vicepresidenta. La conformación original del gabinete nacional no expresó el peso electoral del kirchnerismo dentro de la coalición de gobierno. Se buscó alcanzar ciertos equilibrios en los elencos políticos, con mayor predominancia de ministros cercanos al presidente. En tanto, las segundas y terceras líneas quedaron más repartidas entre albertistas y kirchneristas, con mucho menor gravitancia de la otra corriente peronista, el Frente Renovador. Más allá de que el kirchnerismo ocupó la conducción de organismos relevantes como el PAMI y la ANSES, los ministerios desde donde se implementó la política económica quedaron a cargo de funcionarios con un vínculo personal con el presidente, como los casos de Matías Kulfas y Martín Guzmán, sin ninguna incidencia de funcionarios que reportaran a la vicepresidenta en el trazo grueso de la política económica. Las tensiones permanentes entre Guzmán y el área de Energía, o las desautorizaciones públicas de Kulfas a las propuestas de Feletti de incrementar las retenciones al trigo, el maíz y el girasol, fueron haciendo explícitas las divergencias en la orientación del rumbo económico entre ambos sectores políticos. Esas discrepancias alcanzaron un momento crítico cuando se arribó a un acuerdo con el FMI, a tal punto de que el bloque legislativo oficialista votó en forma dividida el proyecto para refinanciar la deuda con el organismo internacional.

La coalición actualmente gobernante se diferenció de las anteriores en intentar implementar un programa económico que tomara distancia del recetario neoliberal, a la vez que no contó con el apoyo de los poderes fácticos como en la gestión de Cambiemos. Pero en el ejercicio de la conducción política retornó cierta fotografía en sepia de la Alianza. La dilación en la toma de decisiones en la gestión y la fallida interlocución entre presidente y vice fueron factores recurrentes en la corta convivencia entre De la Rúa y Álvarez, aunque en la actualidad esos problemas asuman modalidades diferentes. Si la lapicera y el bidón de nafta son los objetos que simbolizan la disputa de poder en la cúpula del gobierno nacional, el drama y la novela se presentan como los géneros que mejor pueden narrar el devenir de la crisis política reciente.  En un contexto económico de alta inflación, deterioro salarial y casi cuarenta por ciento de la población bajo el nivel de la pobreza, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, lejos de acordar alguna instancia más o menos institucional para dirimir sus diferencias ideológicas, han insistido en los últimos meses en explicitarlas en distintos escenarios públicos, en una trama intrigante que fue sumando nuevos capítulos. Las condiciones de producción del discurso contencioso, ¿incorpora una reflexión sobre las condiciones de reconocimiento de esa destinación por parte de una sociedad urgida y en parte desencantada con la representación política? Con la derrota electoral del 2021 en sus espaldas, el Frente de Todos instaló una agenda sobre su internismo que capitaliza vorazmente y de forma beligerante Juntos por el Cambio, quien ya no necesita a Duran Barba.

Un ministro que renuncia por Twitter, una vacancia weekend que no “tranquiliza” la economía; implorar(le) por una voz en el teléfono. Sobre ese telón de fondo, el pueblo quiere saber de quién fue la pregunta que transitó con letanía la tarde del domingo pasado. En ese desangelado periplo, ganó centralidad la figura de Sergio Massa y su inminente arribo a alguna cartera central como Jefatura de Gabinete o el propio Ministerio de Economía. Cultor de la mediación política, el presidente de la Cámara de Diputados mostró un pliego de condiciones de ambiciones imperiales y se cerró la exclusa de su ingreso al gabinete nacional. Entre los actores del Frente de Todos, los gobernadores cobraron protagonismo al plantear la necesidad imperiosa de un diálogo resolutivo entre presidente y vicepresidenta, manifestando luego un apoyo explícito y laudatorio de la flamante ministra Silvina Batakis, vinculada con otro funcionario de la actual gestión que vuelve al centro de la escena política: Daniel Scioli. En sus primeras declaraciones televisivas, Batakis formuló una apreciación interesante a la vez que incierta sobre su factibilidad: “Es totalmente justo que cuando hay una renta inesperada que viene por la guerra, aporten para aquellos que -también por la guerra y porque se triplicó la inflación en el mundo- la están pasando mal”. La voluntad política indicará si este tema vinculado con la desigualdad distributiva formará parte de la nueva agenda económica del gobierno.

En el lenguaje de la reconstrucción política, conducir, decidir, coordinar, comunicar y movilizar son los verbos pendientes de la coalición gobernante.