Cuando los Convencionales Constituyentes plasmaron en 1853 el esquema de separación de poderes, siguieron el modelo planteado por Montesquieu y Tocqueville de frenos y contrapesos, base de la República. Esta idea presupone un poder dividido en tres en donde ninguno predomine sobre otro. Es lógico que ni los Constituyentes Americanos, ni Juan Bautista Alberdi eran ingenuos en pensar que es una tarea sencilla y cada uno actuara de manera totalmente independiente.

Los gobiernos peronistas siempre pusieron el eje en la Corte Suprema de Justicia. Desde su llegada en el poder en 1946, una de las primeras medidas fue el pedido de Juicio Político a todos los miembros de la Corte, a excepción de Tomás Casares, quien había sido el único Juez elegido en el gobierno de facto de Farrell. Los nuevos nombrados conformaron la Corte Peronista.

Carlos Menem utilizó una fórmula innovadora, no expulsó a nadie, sino que nombro a nuevos. Ese mecanismo lo había intentado Franklin Roosevelt, pero no fue acompañado ni por lo miembros de su partido. Esa Corte ampliada la redujo Néstor Kirchner, previa remoción de 4 jueces. Mientras que Cristina Fernández buscó “democratizar a la Corte”.

Fiel al ADN del peronismo, el actual presidente Alberto Fernández; con el apoyo de los gobernadores, impulsa una ampliación de la Corte Suprema a 25 miembros, con el objetivo que “cada jurisdicción[1] tenga su propio Juez, de manera tal que sea Federal”.

En este caso, el proyecto oficial, a diferencia de sus antecedentes exitosos, pareciera no tener los brazos necesarios en el Senado para llevarlo a cabo, necesitaría de un amplio consenso oficialismo y oposición, que pareciera no vislumbrarse para temas judiciales.

En un interesante artículo, el brillante constitucionalista Lucas Arrimada dice “Parece clave intentar explorar cuáles son las posibilidades de reformular la división de poderes como un ideal, ya no sólo tímidamente republicano y liberal, sino plenamente democrático e igualitario”[2].  

No quedan dudas que el Poder Judicial debe ser repensado, hay una crítica constante en torno a su eficacia. Un clima de impunidad judicial trasvasa el pensamiento colectivo. Quizás no sea lo adecuado que sea este Poder Ejecutivo en retirada y con una legitimidad en descenso quien encare tamaña epopeya. Por caso, se debe el propio Poder Judicial, los actuales, los ex camaristas y los doctrinarios, quienes tienen mucho por aportar.

El actual presidente saca a luz, parte de la disputa histórica entre el Justicialismo y el Poder Judicial, en definitiva, es un conflicto latente en todo sistema republicano. Pero que siempre reaparece particularmente en un gobierno de ese color político.

La democracia en Argentina parece haberse consolidado, en el 2023 cumpliremos 40 años de vida institucional, pero al mismo tiempo estas instituciones parecen débiles. Ninguno de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) puede sacar pecho por sobre los otros, ni levantar el dedo acusador. Sería sano que cada uno de ellos, de manera madura y seria; puedan generar sus propios anticuerpos para salir fortalecidos de una enfermedad endémica.

[1] Lease cada Gobernador.

[2] Arrimada, Lucas “Sin frenos, ni contrapesos”. Lecciones y ensayos N°81