A inicios de su gestión, la administración de Javier Milei implementó una reestructuración significativa degradando diversos Ministerios a Secretarías y ubicando a éstas bajo la órbita de ciertos Ministros. Tal es el caso de Educación, Salud, Cultura y Desarrollo Social, por ejemplo, que pasaron a ser Secretarías dentro del organigrama del flamante ministerio de Capital Humano, a cargo de la licenciada Sandra Pettovello.

Para el caso de lo que anteriormente era el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la nueva gestión dispuso que quede a cargo de la Jefatura de Gabinete, junto a la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Ingenuamente, uno podría pensar que para el nuevo Gobierno la Ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación son “asuntos estratégicos” y eso amerita que sus oficinas estén cerca para poder trabajar coordinadamente, pero no necesariamente es así. 

De esta forma, el área científica y el propio CONICET queda bajo la órbita del Jefe de Gabinete Nicolás Posse, un hombre que está lejos de ser un hombre de ciencia y que fue asesor de Eurnekián y es amigo personal de Milei. Pero más allá de nombres,  lo cierto es que una de las dudas centrales que tiene este sector actualmente es si tiene la capacidad de formar equipos idóneos para llevar adelante esta cartera. Otra de las grandes dudas es cuál es la política y los objetivos claros que tiene esta área de Gobierno más allá de lo que viene trascendiendo en términos de “ajuste” y “desfinanciamiento”.

Esta maniobra de reestructuración implica un despropósito dado que la estructura virtuosa que había dentro de un Ministerio que elaboraba políticas en sintonía con una Agencia que adecuaba los instrumentos de financiamiento para ejecutarlas a partir del CONICET, el INTA, o las Universidades Nacionales se desmanteló. Con el nuevo cambio de organigrama, todo “cuelga” dentro de la Jefatura de Gabinete, la cual atiende mil asuntos a la vez con funcionarios que desconocen los pormenores de cada tema. De esta forma, paradójicamente se pasa de un Ministerio grande y eficiente a una Secretaría chica e ineficiente.

Otra duda existencial es si la comunidad científica quiere cooperar con los nuevos lineamientos que el Gobierno quiera implementar para delinear una “nueva ciencia”. Recordemos que una buena porción de los científicos argentinos forma parte del núcleo duro del kirchnerismo. Hay un fenómeno antropológico que se da en el ámbito científico que es el sentido de pertenencia a un grupo. Hay terror por parte de ciertos científicos a quedarse sin beca o sin financiamiento. Hoy en día, en los pasillos del CONICET hay más desazón y miedo que esperanza.

Más allá de los desafíos del Gobierno en relación a la capacidad de llevar adelante ciertas medidas sin el consenso o la cooperación de la comunidad científica, también está el desafío de los científicos de poder legitimar la pertinencia de sus investigaciones ante la ciudadanía y la opinión pública. Han habido, en los últimos años, una serie de discursos que desprestigian la labor científica. Las expresiones de la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, citando estudios de investigadores del CONICET sobre el ano de Batman son un claro ejemplo de ello.

Sin embargo, algo que no está del todo bien trabajado es la cuantifiación de la producción del CONICET. Es un instituto relevante y respetable a nivel internacional que produce casi 15 mil papers por año. De esta forma, si se aplica un control de calidad óptimo del 99,9%, siempre va a haber un paper “polémico” cada mil papers. Así, siempre van a haber más de 10 investigaciones anuales que producirán burlas por parte de sectores que buscan desfinanciar y desprestigiar la ciencia en Argentina. Es un grave error de los libertarios cuestionar toda la labor y la relevancia estratégica del CONICET por un par de trabajos puntuales.

Otra cuestión relevante a considerar es el diagnóstico y el contexto en el cual se desarrollan las discusiones. Al consultar con varios científicos, muchos coinciden en señalar que la labor principal del investigador no es producir papers o publicar en revistas académicas, sino promover el pensamiento crítico. Ahora bien, ¿A qué clase de pensamiento crítico se puede apelar cuando el 40% de la población es pobre y tiene hambre al no tener garantizadas las cuatro comidas diarias?

Otra tema que seguro merece un debate profundo por parte de las nuevas autoridades es el relativo “privilegio” que tienen los científicos. Recordemos que al recibir una beca o financiamiento para investigar, tienen la posibilidad de mejorar su curriculum lo cual los posiciona de otra forma en el mercado de trabajo. Esto no sucede con otros trabajadores del sector público que también reciben dinero del Estado, como los enfermeros, los docentes o lo policías. Muchas veces parece que no hay consciencia por parte de los investigadores sobre el financiamiento público. Ellos reciben un dinero para ir a investigar a países como Noruega o Alemania, en el marco de una nación que directa o indirectamente le cobra impuestos a gente que no puede garantizarle la alimentación a sus propios hijos.

A su vez, otro problema del campo científico actual es la finalidad de las investigaciones. La amplia mayoría de las investigaciones argentinas derivan en papers científicos que “promueven el conocimiento”, pero no en patentes que luego deriven en bienes industriales que se exporten y generen divisas para el país. El número de patentamientos en Argentina es realmente muy reducido, y la articulación entre la ciencia y las empresas es también muy escasa. En nuestro país es posible patentar una idea, pero salvo excepciones, a posteriori esa invención no verá resultados porque ni el Estado ni el sector privado se encargan de llevarla a cabo.

No obstante, cabe resaltar que en los últimos años Argentina se convirtió en uno de los países con más empresas de base tecnológica. Al menos, lidera el ranking en América Latina de empresas que aplican contenidos “deep tech”, que son de “tecnologías profundas” (las más complejas). En casi todos los casos, estas nuevas instituciones privadas surgieron gracias a las investigaciones de científicos del CONICET. Esto es algo que muchos críticos de sectores libertarios no ven, y sólo ponen el foco en algunas investigaciones puntuales que pueden parecer polémicas a la vista de la opinión pública.

Paradójicamente, estas empresas son las que hacen lo que Milei tanto anhela: crear empleo y generar divisas. Además, pueden complementarse con otras ramas con mucho potencial como es la minería del litio, la cual ha demostrado una gran capacidad para generar una importante cantidad de divisas pero no necesariamente es una gran generadora de empleo.

También, es necesario advertir la falta de conocimiento sobre el funcionamiento del Estado por parte de determinados grupos libertarios. Por caso, se le critica al CONICET el hecho de que es un “gasto” dado que no es un instituto autosuficiente con capacidad de autofinanciarse. Pero se omite el hecho de que no es función de este organismo recaudar dinero, sino crear conocimiento. Es la AFIP la encargada de recaudar dinero para el Estado. El CONICET, en todo caso, deberá ver de qué modo el conocimiento científico obtenido sirve a posteriori para crear riqueza. De hecho, en países avanzados como Israel, Francia o Corea del Sur, es el Estado el que sostiene la actividad científica. Los organismos públicos como el CONICET no son autosuficientes en materia económica.

Pero la ciencia argentina no sólo se compone del CONICET y, al mismo tiempo, el ataque de los libertarios no sólo es hacia esta reconocida institución. El desconocimiento en general de los libertarios sobre la relevancia y la labor de otros organismos como la labor de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es también preocupante. Estos organismos son los encargados de generar conocimiento para desarrollos estratégicos en materia de reactores nucleares, satélites y semillas modificadas genéticamente para resistir sequías.

Es preocupante, entre otras cosas, que el actual Gobierno no haya designado autoridades ni tenga un plan de acción para la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Dicho organismo es clave para el otorgamiento de fondos que permitan desarrollar la ciencia, la innovación y los avances tecnológicos. Hasta la fecha, ni se designaron autoridades ni se ejecutaron partidas presupuestarias, exceptuando algunos Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología (PICT). Esto, muy probablemente, se vincule al profundo desconocimiento del Gobierno actual sobre la relevancia estratégica de la labor científica y, también, a la falta de personal calificado dentro de La Libertad Avanza para liderar esta clase de organismos.

En suma, quizás sea necesario encontrar un equilibrio entre la divulgación y la aplicación del conocimiento científico. El nuevo Gobierno, probablemente, busque cambiar la cultura de la publicación de papers por la de los patentamientos orientados a la producción de bienes o servicios que generen empleo y divisas. Para eso, primero, deberá contar con un buen número de gente idónea, comprometida y experimentada que gestione adecuadamente los diversos organismos. En segunda instancia, se deberá tener bien claro qué hacer y con qué instrumentos (estatales o financieros). Algo que por ahora se ve difícil. El achique del Estado en el área científica, a priori, parece tan equívoco como querer hacer más eficiente un auto sacándole piezas.