La pandemia, que estamos encarando desde 2020, está afectando fuertemente la economía mundial y la estabilidad de los regímenes políticos, mientras deja progresivamente al desnudo las debilidades estructurales de cada país. En Latinoamérica el impacto ha sido feroz: no solo ha sido causa de un exorbitante número de fallecimientos, también ha exacerbado un problema histórico en la región: la desigualdad social.

Perú y Brasil representan dos casos muy interesantes para visualizar los significativos contrastes en la gestión de la pandemia en el mundo. Su análisis invita a reflexionar sobre el impacto que ha tenido a nivel de confianza en los gobiernos y alternancia electoral.

EL CASO DE PERÚ

Mientras la labor de sincerar el verdadero coste en vidas de la pandemia sigue representando un gran reto a nivel global, Perú ha afrontado varios procesos de revisión de los métodos de contabilización y reajustes. Los 213,497 fallecimientos por 3,625,091 casos positivos lo sitúan entre los países con mayor tasa de mortalidad por SARS-CoV-2.

El gobierno de Vizcarra que hizo frente a la primera ola en marzo de 2020 actuó con rapidez y responsabilidad: conscientes de las debilidades crónicas del sistema de salud estatal, aplicaron de manera inmediata amplias medidas de contención del contagio, e invirtieron fuertemente en infraestructuras hospitalarias y equipamiento médico. Se lanzaron campañas de concientización sobre las medidas de bioseguridad, incorporando estos mensajes en las conferencias de prensa donde el gobierno reportaba a diario avances y retos en la gestión durante la cuarentena.

Desde el ministerio de economía, se puso rápidamente en marcha el Programa nacional “Reactiva Perú” para facilitar el acceso a créditos a MYPES y grandes empresas, y en junio ya se anunciaba el Plan “Arranca Perú” para la generación de más de un millón de empleos. Para aliviar a las familias, se impulsaron subsidios principalmente enfocados en los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. De marzo a noviembre del 2020, al primer bono ‘Yo me quedo en casa’, siguieron el Bono para trabajadores independientes, el Bono Rural, dos Bonos Familiar Universal, entre otros.

A pesar de esta respuesta integral a la pandemia, miles de hogares y negocios se vieron seriamente afectados. El prolongamiento del confinamiento y la difícil distribución de ayudas entre la población generó enormes retos ligados a la alta informalidad de los sectores productivos y la fragilidad institucional.

Sin embargo, los esfuerzos del Ejecutivo, y de los expertos epistemológicos que lo acompañaban, fueron recompensados por una amplia aprobación por parte de la ciudadanía. La conformidad con la gestión de los ministros pasó del 24% al 64%, y la presidencia alcanzó un repunte del 55% en febrero al 80% en abril.

En octubre del 2020, en medio de una tormenta política alimentada por una lluvia de acusaciones que llevarían a la vacancia presidencial, la aprobación del incumbente disminuyó, aunque manteniéndose en un llamativo 60%. No acaso la primera movilización multitudinaria contra el “gobierno” desde el inicio de la pandemia coincidió con la autoproclamación de un nuevo mandatario, y paralizó el país con la consigna No Al Golpe: Merino No Es Mi Presidente, hasta la renuncia del mismo.

EL CASO DE BRASIL

Desde que ocupó el cargo como presidente en 2018, Jair Bolsonaro lideró un gobierno con una desastrosa gestión e implementación de políticas públicas. Más de 2 millones de familias quedaron en situación de extrema pobreza cuando se puso fin al programa “Bolsa Familia”, un importante programa de redistribución de renta creado en 2003, durante el primer mandato de Lula.

Su torpeza en el manejo político se hizo aún más manifiesta durante su segundo año de gobierno, al comenzar la pandemia. Populista al estilo Trump, llamó al virus “gripecita” y promovió el empleo de medicamentos como Cloroquina y Ivermectina, comprobadamente ineficaces. En mayo de 2021, cuando se alcanzaban más de 420 mil muertes y el proceso de vacunación estaba todavía en sus albores, omitía el uso de mascarilla en sus apariciones públicas e incentivaba a la población a imitarlo.

Además, el bono “Auxilio Brasil” que reemplazaba el “Bolsa Familia” no incluía a las familias en situación de pobreza, sino solo en extrema pobreza. Así pues, debido al alto nivel de informalidad, el Covid-19 dejó a muchos trabajadores con tan solo dos opciones: no respetar las políticas del lockdown por ir a trabajar y arriesgarse al contagio, o quedarse en casa y no tener qué comer.

Un mes después de que los gobiernos estatales impusieran un confinamiento a mediados de marzo (sin el apoyo de Bolsonaro), el gobierno federal lanzó el “Auxilio Emergencial” para contener el desempleo. Sin embargo, la ayuda resultó ser tardía y escasa, y no logró llegar a todas las personas en situación de vulnerabilidad.

La gestión deficiente del gobierno, más allá de la pandemia, dio impulso a la campaña de Lula para un tercer mandato. La última encuesta de opinión del DataFolha muestra que Lula aglutina el 48% de las intenciones de voto, mientras que el incumbente cuenta con el 25%. Además, la misma agencia indica que solo el 26% de la ciudadanía aprueba su actual gestión.

ELECTORADOS QUE PIDEN MÁS POLÍTICAS SOCIALES

El intenso malestar ciudadano en los dos países, ligado a las convulsiones políticas de los últimos años por temas de corrupción, y la profunda crisis económica exacerbada por la pandemia, se canaliza a través de las elecciones post-covid.

En Brasil, el estilo Bolsonarista de gestión de las crisis está poniendo en riesgo su reelección el próximo octubre. Temeroso y contraviniendo a la normativa, ha presionado durante el año electoral el Congreso Nacional para que aprobara una enmienda a la Constitución que aumenta el valor del Auxilio Brasil, lo que le favorecería en la campaña presidencial. Sin embargo, los altos niveles de rechazo al incumbente parecen prometer una vuelta de las políticas sociales redistributivas del ex-presidente Lula, quien encabeza las encuestas.

Por otro lado, en Perú, la crisis sanitaria no generó un rechazo de la población a la gestión de gobierno en el cargo, sino que reforzó su popularidad.  En una encuesta del IEP, el ex mandatario Vizcarra figuraba como el candidato presidencial más votado para las elecciones generales del 2021, aunque nunca se presentó. En cambio, se propuso como candidato al Congreso, resultando ser el más votado con diferencia. Por otro lado, el éxito electoral de Castillo, sin aventurarse en definiciones a brocha gorda de la ideología de la actual gestión presidencial, representó la victoria de un voto de denuncia contra las desigualdades sociales y uno por una democracia sin corrupción.

*En co-autoría con Ana Tereza Duarte Lima de Barros – Universidad Federal de Pernambuco y Red de Politólogas #NoSinMujeres | Twitter: @anaterezaduarte