En la víspera de la nueva etapa de cuarentena estricta, todas las expectativas están depositadas en cómo se llevará adelante este retorno a las viejas restricciones de las primeras semanas de aislamiento. No obstante, si bien el inicio de esta nueva quincena es inminente, es en el Gran Buenos Aires donde se despierta la incertidumbre sobre qué tan dispuesta está la sociedad civil a aceptar y readaptarse a las viejas limitaciones, en un escenario donde el bolsillo y el malhumor comienzan a levantar la temperatura.

Quienes mayor nerviosismo mantienen frente a este dilema son los intendentes del AMBA, hoy convertidos en la primera cara visible del Ejecutivo a la hora de lidiar con las demandas de las múltiples regiones que hoy viven en carne propia las complejidades de la pandemia. Los jefes comunales se ven cada vez más presionados por cumplir las directivas “de arriba” y mantener el oído atento al hartazgo y las urgencias de los miles de vecinos de sus ciudades.

El contexto, después de 100 días de la cuarentena, no es el mismo que cuando comenzó el proceso, el 20 de marzo. Marchas, cacerolazos, largas filas de automóviles en horario pico y multitudes de “runners” enardecidos, fueron las postales que marcaron la pauta de cuáles son los límites que la propia ciudadanía está dispuesta a marcarle al Gobierno.

En ese sentido, el cansancio y la incertidumbre por el aislamiento se ven recrudecidos por el efecto de la pandemia en el bolsillo de los pequeños comerciantes y trabajadores autónomos que, en los últimos meses, han sentido el golpe de la parálisis económica. Los jefes comunales deben lidiar ahora con una nueva orden de restricción a los rubros no esenciales, a quienes deberán evaluar cómo abordar desde la autoridad.

“Nuestro rol no es perseguir ni inculpar a los comerciantes. No son los malos de la película. Los tenemos que ayudar a que puedan cumplir dentro de lo posible en función de la normativa. Son parte de la solución, no del problema. El comercio del barrio no es el problema. De ninguna manera vamos a perseguir”, fueron las palabras más recientes del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Si bien se trata de un actor particular ya que representa uno de los últimos alcaldes de Juntos por el Cambio en el conurbano, las declaraciones de Valenzuela sintetizan una preocupación que, en voz alta o baja, alcanza a todos los referentes del GBA.

 “El enojo tiene que ver con un fenómeno que es la pandemia, que ha golpeado a la economía en su conjunto”, dijo también, semanas atrás, el intendente de Morón, Lucas Ghi. Las zonas más profundas del conurbano bonaerense, en especial en los cordones del sur y el oeste, pusieron de manifiesto la voluntad de miles de ciudadanos dispuestos a retomar actividades, empujados por la emergencia económica y social. Mientras tanto, desde la oposición continúan las chicanas sobre un Alberto Fernández al que no dejan de acusar de haberse “enamorado” de la cuarentena.

Desde la plana mayor del oficialismo, en tanto, saben que ninguna fase de la cuarentena ha sido efectiva sin el trabajo codo a codo con los intendentes. Ayer mismo, el propio Axel Kicillof comenzó a nuevas señales de presencia en el conurbano profundo, de la mano del propio Ghi, Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Espinoza (La Matanza) en una recorrida por diversas obras públicas pensadas en función de la actual coyuntura.  

Por otra parte, de cara a la profundización de las restricciones, cabe recordar que el gobierno de la Provincia cuenta también con la tarea del “soldado” Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense que, en los últimos meses, dejó en claro que no escatimará recursos para hacer respetar las directivas del Gobierno, como tampoco reparará en “ponerle los puntos” a los intendentes.

Mientras se viven las horas previas al inicio de una nueva etapa de mayor restricción, solo resta preguntarse qué tan posible será, a esta altura, que se acaten las normativas en el AMBA al pie de la letra. Al menos sea por las buenas.