Ex Combatientes denuncian una Ley que beneficia a Militares denunciados por torturas en Malvinas

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata emitió un comunicado en el que denunció que “el senado provincial entre gallos y medias noches, trató el expediente D-629/22 – 23 donde aprobó un proyecto de Ley que otorga beneficios jubilatorios a Ex Militares, a Retirados de las FF.AA que participaron en la Guerra de Malvinas, entre ellos torturadores de soldados durante la guerra y represores”. Los ex Combatientes expresaron que la Ley fue aprobada sin que el proyecto pasase por ninguna comisión para su análisis.

“Es impensado que estemos retrocediendo tanto. Es un proyecto que fue presentado muchas veces y se caía, pero el lobby militar está apretando y hay gente que les pone el oído y los convencen de estas cosas” le expresó a Diagonales Ernesto Alonso, secretario de derechos humanos del CECIM La Plata.

La normativa establece un nuevo régimen especial de jubilación para oficiales y suboficiales que participaron de la guerra en las islas y posteriormente ingresaron a algún cargo en la administración pública provincial. Los miembros del CECIM afirmaron que ese nuevo régimen implicaría una erogación de $ 4.160.000.000 al Estado provincial, equivalente a 109.473 jubilaciones mínimas anuales, algo que no fue tratado en la comisión de presupuesto.

Pero, más allá de la cuestión presupuestaria, la denuncia de los ex Combatientes tiene como núcleo el haber expresado a Diputados y Senadores que el nuevo régimen beneficiaría a militares denunciados en la causa 1777/07, que ya lleva 15 años investigando las violaciones a los derechos humanos de los soldados conscriptos durante la guerra por parte los militares. Otros organismos de DDHH como Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Comisión Provincial por la Memoria, así como la CTA y ATE, también rechazaron el proyecto advirtiendo que el beneficio alcanzaría a ex militares denunciados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar. Esos rechazos, junto con el de las organizaciones de Ex Soldados Consriptos, constan todos en el expediente tratado por el Senado.

La causa 1777/07 está caratulada como “Pedro Valentín Pierre y otros sobre imposición de tormentos”, y se inició a partir de la denuncia del Darío Gleriano, quien fuera estaqueado por Pedro Valentín Pierre entre tanques de combustible en las inmediaciones de Puerto Argentino. Dicha causa fue recogiendo luego los testimonios de múltiples hechos de torturas y violaciones a los DDHH y aún hoy continúa su tratamiento en Río Grande. Gleriano sobrevivió al estaqueo, pero “hay soldados que murieron estando estaqueados bajo fuego enemigo en similares circunstancias” informó el CECIM.

“A Malvinas también se trasladó el terrorismo de Estado. A las islas no fue el Ejército de San Martín, sino el de Viola, Videla y Massera. Hubo compañeros que murieron por la tortura, muchas de las muertes en las islas fueron por responsabilidad de todas las FFAA” Señaló Alonso en diálogo con este medio.

En este sentido, los ex Combatientes denunciaron que “ante la ineficiencia del Poder Judicial de la Nación estos hechos siguen impunes y quienes los cometieron gozarán del mismo beneficio que sus víctimas, los soldados conscriptos” y señalaron que “la responsabilidad de que estos hechos sucedan a 40 años de la guerra de Malvinas recae en los Diputados y Senadores de todos los bloques políticos que dieron su voto positivo sin analizar sin siquiera de qué se trataba y el alcance del mismo”.

El secretario de derechos humanos del CECIM fue categórico al respecto: “Con esta Ley, a 40 años de Malvinas la Provincia de Buenos Aires va a refrendar la impunidad. Esto es un mensaje gravísimo hacia las víctimas de tortura.  En La PBA hay unos 5000 ex Combatientes soldados, esto es un mensaje terrible, patético de las instituciones de la democracia, en este caso la legislatura bonaerense, que da un mensaje de impunidad” sentenció.

UNA LEY DE PRIVILEGIOS

Junto a las críticas desde la perspectiva de la memoria, la verdad y la justicia, el CECIM argumentó también contra un beneficio extraordinario que recibirían los militares retirados en caso que se promulgue la Ley. En concreto, se trata de la posibilidad de dos prestaciones al mismo tiempo, una del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) de las FFAA y la del Instituto de Previsión Social (IPS). Los ex Combatientes plantearon que “la gran mayoría de los ex militares que ingresaron a la administración pública provincial son mayoritariamente RETIRADOS (JUBILADOS) por la Ley 19101 de Pensiones y Retiros Militares beneficiarios del IAF. Por lo tanto, nunca debieron tener un cargo remunerado en la Provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, Alonso explicó a Diagonales las diferencias entre los ex Combatientes y los militares: “Los ex soldados conscriptos y civiles que fuimos a Malvinas fuimos cumpliendo una carga pública, que era el servicio militar obligatorio. Cuestión totalmente diferente a quienes decidieron incorporarse a la carrera militar y que fueron a Malvinas cobrando un salario, que siguieron cobrando luego de la guerra junto a todos los beneficios sociales. A este universo le permiten este privilegio que ningún trabajador de la Provincia puede tener, de jubilarse al mismo tiempo por el IAF y por el IPS, mantener su haber de retiro de la caja de pensiones y retiros militares, y la jubilación del IPS”.

Una paradoja de esta Ley es que, justamente, uno de los beneficiarios sería el primer represor denunciado por los ex Combatientes, cuyo apellido caratula la causa 1777/07. Pedro Valentín Pierre es actualmente administrativo de la Dirección General de Escuelas y trabaja en el Consejo Escolar de Quilmes. Lo que denuncia el CECIM es que, además de estas contrataciones que son violatorias de la Ley 10.430 de contrataciones en la administración pública provincial, porque un militar retirado que cobra un retiro del IAF queda excluido por esa ley para ser trabajador provincial, con este nuevo expediente los militares recibirían también el beneficio de una doble prestación jubilatoria.

Desde el CECIM también resaltaron que la nueva Ley no exige cesar en el cargo para acogerse al beneficio jubilatorio, lo cual “generará una migración al IPS de beneficiarios de otros regímenes al beneficio que otorgaría esta Ley, generando mayores erogaciones al IPS”. Agregaron que “detectamos varios casos de ex militares de alta graduación, como por ejemplo Capitanes de Corbeta, que tomaron cargo como auxiliares (Porteros) en la Dirección General de Escuela, que tienen haber de Retiro del IAF (Jubilación) y se van a poder Jubilar también por esta Ley de Privilegios que además se les suma un plus especial que ronda los $120.000 mensuales al haber jubilatorio. Caso inaudito en toda la legislación previsional de la República Argentina”.

El cálculo que hacen los ex Combatientes es que el universo al que afectaría este nuevo beneficio es de más de 2000 casos, “que ya cuentan con cobertura previsional y con leyes especiales de pensiones por Malvinas, donde inexplicablemente en la Provincia de Buenos Aires el IPS, liquida más pensiones a ex militares que a los soldados conscriptos que cumpliendo el servicio militar obligatorio fueron llevados a Malvinas por la Dictadura Cívico Militar” expresaron en el comunicado.

“Cuando aprobaron incorporar a militares a la pensión de la PBA decían que eran 500 casos. ¿Sabés cuántos cobran hoy? 4500 militares y 3500 colimbas. Que alguien me explique de dónde salieron todos esos militares que al 2 de abril de 1982 tenían que tener domicilio en la PBA. Con esta Ley va a pasar lo mismo” agregó Ernesto Alonso.

Como ejemplos, los ex Combatientes citaron el caso del ex Teniente de Navío Miguel Ángel García Velazco, condenado a prisión perpetua en la causa ESMA y beneficiario del IPS que cobra una Pensión honorífica por su participación en la guerra. También el del entonces “Capitán de Corbeta Daniel Eduardo Robelo, ex jefe de operaciones Base Naval Mar del Plata CONDENADO por privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio de 123 personas”.

PEDIDO DE VETO A KICILLOF

El expediente votado por ambas Cámaras aún debe ser promulgado por el Ejecutivo para convertirse en Ley. En ese sentido, los ex Combatientes realizarán el próximo lunes una conferencia de prensa a las 11:30 en la Gobernación bonaerense y presentarán un pedido formal de veto al expediente.

“Ante la irresponsabilidad política de los Legisladores que fueron operados por el lobby militar, desoyendo a las organizaciones de los Ex Soldados Conscriptos y Civiles que participamos en Malvinas, a los organismos de Derechos Humanos que sostenemos que Malvinas también fue la dictadura, donde se cometieron delitos aberrantes de tortura, vejaciones, antisemitismo, abusos sexuales que siguen impunes y conjuntamente con las organizaciones gremiales que defienden los intereses de los trabajadores activos y pasivos, vamos a dar la pelea para resguardar al Instituto de Previsión Social de semejante avasallamiento que atenta contra el erario público, vamos a exigirle al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof el veto total del Expediente D-629/22 – 23 sancionado en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires” expresa el comunicado del CECIM.

En diálogo con este medio, Ernesto Alonso profundizó esa línea: “A 40 años de Malvinas, el único reconocimiento que la provincia está teniendo a los ex Combatientes es beneficiar a aquellos que cometieron delitos durante la dictadura y fueron torturadores en Malvinas”. Y agregó que “si esto se llega a promulgar, haremos las presentaciones correspondientes ante los organismos provinciales. Esto es una ofensa para los colimbas y aquellos que fueron torturados. Darío Gleriano se va a encontrar en la cola del cajero o en el Banco Provincia con su victimario, víctima y victimario en la misma caja”.