Ex Combatientes van a fondo y llevan su reclamo a la Fiscalía bonaerense

Con fecha del 2 de noviembre del 2022, El CECIM La Plata, el CEVECIM Berisso y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires por graves anormalidades en el otorgamiento del beneficio de pensiones honoríficas a ex militares que participaron en Malvinas por parte del Instituto de Previsión Social (IPS). La denuncia es un paso más en el reclamo que las organizaciones de ex Combatientes y Derechos Humanos comenzaron la semana pasada, ante la sanción de una Ley por parte del Senado provincial que estableció un nuevo régimen especial de jubilación para oficiales y suboficiales que participaron de la guerra en las islas y posteriormente ingresaron a algún cargo en la administración pública provincial. Este lunes las organizaciones fueron recibidas por autoridades del Ministerio de Gobierno de la provincia, y ahora su planteo llegó a la justicia.

Los ex Combatientes solicitaron a la Fiscalía que “indague en la legalidad por la cual fueron otorgados beneficios de pensiones a personas que participaron en la Guerra de Malvinas como personal de cuadros de las FF.AA”, en la cual identifican violaciones a la Ley 12.066 que otorga el beneficio denominado “Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires”. En el artículo 1º de dicha Ley se estipula que podrán recibir esa pensión honorífica los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad “…en situación de retiro o baja voluntaria y no gocen de haber de retiro alguno en virtud de las leyes que los rijan”. Esto significa que quedan excluidos los ex militares que perciban su jubilación a través de los aportes realizados al Instituto de Ayuda Financiera de las FFAA. Sin embargo, las organizaciones de ex Combatientes vienen denunciando una multiplicidad de casos en los que dichos beneficios se superponen de manera ilegal y eso es lo que están solicitando que la Fiscalía investigue.

Dicha superposición de beneficios, el cobro de una jubilación por retiro militar y el de la Pensión Honorífica, significativamente produce erogaciones ilegales en el erario público, que afectan las arcas del IPS quien otorga las jubilaciones a los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires” afirmaron desde el CECIM. En este sentido, Hugo Robert, histórico referente del centro de ex Combatientes platense, le expresó a Diagonales que “hace muchos años que el CECIM La Plata viene trabajando en un control que pareciera que el Estado no hace o tiene agujeros muy importantes por donde se filtran innumerable cantidad de pensiones y jubilaciones, pero no puede ser que los centros de ex Combatientes seamos los encargados de ese control del padrón de pensiones”.

Actualmente el IPS liquida unos 8500 beneficios, algo que en el CECIM califican como “inexplicable de justificar, ya que padrón histórico a finales de 1982 arroja una cifra de 4500 ex combatientes que residían en la Provincia de Buenos Aires”. Desde el centro de ex Combatientes resaltan, además, que de ese total unas 4800 pensiones corresponden a ex militares y sólo 3700 a ex soldados, cuando la estructura de las FFAA en esos tiempos de integraba en un 70% por soldados y 30% cuadros, oficiales y suboficiales. “Hoy cobran más pensiones miembros de las fuerzas que soldados en la provincia. Las trampas que vienen haciendo los miembros de las FFAA aprovechando el poco control que hay desde el Estado resulta difícil de entender” expresó Hugo Robert.

En la denuncia a la Fiscalía, los ex Combatientes desnudan una de esas trampas por parte de ex miembros de las FFAA que consiste en fijar su domicilio en la provincia, en alguna dependencia militar, cuando su domicilio real corresponde a otras jurisdicciones. “Como les conviene la pensión de la PBA, muchos militares se sumaron con el tiempo al beneficio fijando su domicilio en cuarteles o unidades militares de la provincia y obtienen el beneficio, una cosa propia de nuestras FFAA, trampean el domicilio y obtienen el beneficio. Y lo mismo van a hacer con esta Ley de privilegio que obtuvieron para poder jubilarse de manera anticipada en la provincia, lo venimos advirtiendo, están acostumbrados a hacerle trampas a la Ley” sentenció Robert.

Los ex Combatientes solicitaron a la Fiscalía que investigue el padrón de beneficiarios ex militares de las pensiones provinciales corroborando que se cumplan los requisitos de contar con un domicilio real en la PBA con anterioridad a 1982, y tener domicilio real en la PBA al momento de sanción de la Ley 12.006. “Estas irregularidades son el factor principal en el engrosamiento obsceno de la cantidad de beneficios” señalaron desde el CECIM en relación  a la modalidad de fraguar los domicilios para acceder a las pensiones.

A su vez, las organizaciones solicitaron a la Fiscalía que intervenga ante el IPS en relación a la “incompatibilidad con beneficios otorgados a militares que se encuentran procesados o condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o sancionados por actos de incumplimiento de sus deberes durante la guerra de Malvinas, circunstancia que, de ocurrir con posterioridad a la solicitud del beneficio, hará caducar el beneficio”. En ese sentido, los ex Combatientes resaltaron que el sentido de la norma que estableció las pensiones honoríficas es la reparación, y que incluir en el beneficio a torturadores, responsables de crímenes de la dictadura, o simplemente a quienes no cumplen los requisitos formales es incompatible con ese principio de reparación.

En la presentación ante la Fiscalía, los ex combatientes realizaron un muestreo con una veintena de casos de ex militares que están accediendo al beneficio previsional en clara violación a la Ley. “Es una estafa al Estado y a todos los bonaerenses y va de la mano con la sanción la semana pasada de la Ley de jubilación anticipada. Es decir, no se cansan de darle beneficios a los militares de la última dictadura. Evidentemente en la PBA les gusta darle beneficios a los militares de la dictadura, muchos de ellos aún con causas pendientes con la lenta justicia penal de nuestro país” expresó Robert ante Diagonales.

Desde el CECIM afirmaron: “lamentamos que utilicen Malvinas como pantalla para hechos de corrupción, después de 40 años del conflicto seguimos bregando por Memoria Verdad Justicia Soberanía y Paz. Lamentamos que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires no escuche a los que sufrimos en carne propia la tortura y promueva nuevos beneficios que ponen en crisis las finanzas del IPS”. 

Por último, resaltaron que siguen a la espera de una respuesta por parte del Gobernador Axel Kicillof, a quien le solicitaron formalmente este lunes que vete en forma total el Expediente D-629/22 – 23 que creó el régimen especial de jubilaciones la semana pasada. “Si no se veta el expediente y se convierte en Ley, cada nueva pensión otorgada va a ser una noticia con un costo político para el Gobierno” afirmaron los ex Combatientes.