Ex Combatientes llevaron su reclamo al Gobierno provincial: “ni con Vidal pudieron aprobar esta Ley”

El jueves pasado el Senado provincial aprobó con votos de todos los bloques el expediente D-629/22–23, a través del cual se crea un nuevo régimen especial de jubilación para oficiales y suboficiales que participaron de la guerra en las islas y posteriormente ingresaron a algún cargo en la administración pública provincial. Rápidamente, organizaciones de ex Combatientes y de Derechos humanos salieron a criticar la medida haciendo eje en dos aspectos:  por un lado, el beneficio que recibirían ex militares denunciados por torturas y violaciones a los DDHH tanto en las islas como en continente; por el otro, catalogando la nueva Ley como “una Ley de privilegios” que le permitía a los ex militares cobrar dos pensiones, la del retiro militar del Instituto de Ayuda Financiera de las FFAA y la que estableció este nuevo expediente por parte del Instituto de Previsión Social. Ningún trabajador de la provincia puede cobrar dos pensiones provenientes de diferentes cajas, y el cálculo estimado por el CECIM arrojó que ese privilegio para los ex militares le costaría al Estado provincial unos $4.160.000.000, monto equivalente a 109.473 jubilaciones mínimas anuales.

La fuerte denuncia por parte de las distintas organizaciones de ex Combatientes contó con el apoyo de otros organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Comisión Provincial por la Memoria y sectores sindicales como la CTA y ATE. Importantes personalidades de los DDHH como Estela de Carlotto o Taty Almeida se involucraron directamente en el reclamo. Al cierre de la semana pasada, desde el CECIM informaron que este lunes presentarían un pedido formal de veto al Gobernador Kicillof, algo que sucedió esta mañana en una reunión que mantuvieron representantes de las organizaciones con funcionarios del Ministerio de Gobierno que conduce Cristina Álvarez Rodríguez.

Javier Rehl, subsecretario Parlamentario y Electoral del Ministerio, recibió en la Gobernación a Ernesto Alonso y Rodolfo Carrizo por parte del CECIM La Plata, a Jorge Di Pietro y Alfredo Oyhenart del CEVECIM Berisso, y a Roberto Cipriano, subsecretario ejecutivo de la Comisión Provincial de la Memoria, en una reunión que los asistentes calificaron como “muy cordial”. Los ex Combatientes tuvieron todo el tiempo necesario para exponer punto por punto por que se oponen a esta ley y explicar aspectos técnicos que sintieron que no fueron considerados o directamente se desconocían por parte de quienes la votaron.

“A veces los funcionarios no cuentan con toda la información necesaria, y no todo el mundo entiende las diferencias entre los soldados ex Combatientes y los ex militares retirados, no solo en la participación en las islas sino en los derechos y beneficios posteriores. Nosotros tenemos la obligación de marcarlo” explicó a Diagonales Rodolfo Carrizo. Justamente ese fue uno de los puntos abordados en el encuentro. “Malvinas es un tema con el que hay buena predisposición pero hay que entenderlo bien, porque sino pasan este tipo cosas donde el lobby militar se mete por debajo de la mesa” afirmó Alonso en contacto con este medio.

Otro de los puntos en los cuales los ex Combatientes hicieron énfasis es en el poco control que existe actualmente en relación a los beneficios percibidos por ex militares por parte de la Provincia. Actualmente son unos 4500 militares retirados que cobran alguna pensión, contra 3500 ex soldados. “A medida que los ex Combatientes, que somos los soldados no los militares de carrera, fuimos conquistando derechos, siempre atrás nuestro se fueron metiendo los militares. ¿Cómo se puede explicar que si en el momento de la guerra el 70% éramos soldados, hoy haya más militares retirados que ex Combatientes cobrando las pensiones?” reflexionó Alonso, secretario de derechos humanos del CECIM.

Uno de los aspectos en los que se escudaron los sectores del oficialismo que impulsaron y votaron la Ley, es un artículo que estipula que ningún ex militar procesado o condenado puede percibir el beneficio. “Es un artículo tramposo, la provincia es querellante de la causa judicial por Malvinas junto al CECIM y tiene que saberlo” definió Carrizo, argumentando que debido a la lentitud de la justicia, la causa 1777/07 que se tramita en Río Grande apenas tiene cuatro procesados y ningún condenado tras 15 años de investigación. “No pueden desconocer que sólo hay 1000 condenados de la dictadura, y que los procesamientos sin condena firme los revierten con algún juez y logran acceder a los beneficios. Esto sigue siendo una deuda de nuestra democracia y el artículo de esta Ley es algo de forma que en lo concreto no va a impedir nada” completó Alonso.

Los ex Combatientes le manifestaron también a Javier Rehl su disconformidad por cómo se aprobó el proyecto sin pasar por ninguna comisión y evitando así el debate entre legisladores y de cara a la sociedad. “Al no enviar el proyecto a comisión nos sacaron de la cancha” expresó Alonso en conversación con Diagonales. Los ex Combatientes sostienen que el lobby militar consiguió que proyecto no se discutiera y pasase directamente al recinto, donde muchos legisladores votaron posiblemente sin tener toda la información y los detalles técnicos de los que implicaba la norma que estaban sancionando.

En ese sentido, los miembros del CECIM recordaron un antecedente que remonta a tiempos de Daniel Scioli. En 2009 se trató en la Legislatura el Expediente D – 2863/06-07, que planteaba la incorporación del personal militar al beneficio de jubilación anticipada. Su tratamiento, al igual que el sancionado el jueves pasado por el Senado, no incluyó discusión en comisiones y finalmente resultó aprobado. Pero el 8 de abril de ese año, a través del Decreto 473, el entonces Gobernador Scioli vetó en forma total lo que la Legislatura había aprobado.

El antecedente sirve también para mostrar el lobby permanente por parte de los círculos militares para obtener beneficios por parte del Estado. Y frente a esto es que los ex Combatientes advierten que el actual Gobierno de Kicillof debería poner el freno que en su momento pusieron otros. “Ni siquiera con Vidal pudieron sacar esta Ley” sintetiza Alonso marcando que la pelota está hoy por hoy del lado del Ejecutivo.

El proyecto fue presentado a principios de este año por el Diputado provincial del unibloque “17 de noviembre” Fabio Britos. No fue la primera vez. A fines de 2021 el mismo proyecto perdió estado parlamentario por no haber logrado reunir las voluntades para su tratamiento, debido a que en su paso por comisiones generaría importantes rechazos. A raíz de esa experiencia es que esta vez se mandó el proyecto directamente al recinto y se aprobó “entre gallos y medias noches”, como manifestó el CECIM.

El primero de abril de este año, en una gala organizada por Cultura, los ex Combatientes del CECIM estuvieron con Axel Kicillof y le manifestaron su preocupación por el nuevo intento de avanzar con este proyecto. El Gobernador les manifestó estar en contra de la eventual iniciativa. Ahora tendrá la posibilidad de refrendarlo vetando lo que votó la Legislatura.

“Tuvimos una conversación muy minuciosa en la que aportamos datos muy precisos y técnicos, y es importante marcar que a partir de la denuncia que hicimos rápidamente tuvimos una respuesta del Gobierno con este encuentro” manifestó Ernesto Alonso. El referente del CECIM agregó también que “causó sorpresa la cantidad de información que mostramos, habían recibido a los militares que evidentemente les plantearon otro escenario. Ahora tendrán que tomar una decisión con todos los elementos que pusimos sobre la mesa, y nosotros seguimos pidiendo una reunión urgente con el Gobernador. Vamos a insistir en el pedido de veto, no vamos a aceptar que se nos imponga la impunidad” sentenció.