A once días de la asunción de Javier Milei como nuevo presidente de la nación, las administraciones locales se debaten entre números y cálculos de todo tipo para resolver cómo enfrentarán sus obligaciones en el tiempo de ajuste que se viene. La primera manifestación de esa problemática son las florecientes advertencias de provincias y municipios en relación a la dificultad para pagar los aguinaldos de fin de año. Pero el drama es mucho más profundo: prestaciones básicas y obras de infraestructura que dependen en buena medida de los fondos nacionales aparecen con un gran signo de interrogación hacia adelante. En ese contexto, el problema se magnifica en la provincia más grande, más poblada y compleja de gestionar como es Buenos Aires.

Hay que remontarse hasta el 2001 para encontrar un desafío político como el que deberá afrontar Axel Kicillof. Eduardo Duhalde fue el último mandatario bonaerense que debió gobernar con un presidente de otro signo político, en ese entonces Fernando De la Rúa. De allí en adelante, siempre las administraciones nacional y bonaerense estuvieron alineadas políticamente, algo vital para una provincia que reúne el 38% de la población del país y que acarrea deudas históricas en materia económica y de desarrollo, con realidades sociales muy disímiles en el conurbano y el interior.

A las complejidades propias de un territorio de 307.571 kilómetros cuadrados de extensión y más de 17.500.000 habitantes, se le agrega un elemento de orden político administrativo. La PBA es la provincia que más aporta en términos de impuestos coparticipables al Estado nacional y, si bien es la que nominalmente más fondos recibe, estos están lejos de corresponder proporcionalmente a esos aportes.

Buenos Aires aporta alrededor de un 38% de los fondos coparticipables a la nación, pero recibe sólo un 22% del total de esos fondos que el Estado nacional reparte en forma automática a las provincias. Los porcentajes están establecidos por la Ley de Coparticipación Federal de 1988. La norma plantea que el 42,34% de lo recaudado por impuestos coparticipables se lo queda el Estado nacional, el 56,66% se distribuye en forma automática a las provincias por un porcentaje preestablecido, y un 1% se destina Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), del cual surgen los aportes discrecionales a las provincias que cada gobierno distribuye.

En 1988, la PBA resignó 6 puntos de coparticipación en favor del resto de las provincias, y buena parte de esos fondos que dejó de recibir por la vía coparticipable quedaron sujetos a las transferencias discrecionales que decide cada gestión. Esos fondos son, justamente, los que peligran para el nuevo mandato de Kicillof con Milei como presidente.

La provincia de Buenos Aires recibe un 54% de sus ingresos del Estado nacional, que se distribuyen en un 44,4% de los fondos de coparticipación y un 9,6% por otras transferencias. Es decir, Kicillof podría contar, de mínima, casi con un 10% menos de ingresos a partir del 10 de diciembre. Un 42,5% del financiamiento provincial proviene de recursos tributarios locales, y una de las salidas que el gobernador reelecto podría encontrar al recorte de Milei podría ser elevar esos impuestos. Aunque, claro está, esa vía conllevaría un costo político.

Otra alternativa, que Kicillof ya comenzó a recorrer, es recurrir al endeudamiento, aunque ello también encuentra límites políticos. En concreto, Kicillof convocó a una sesión en la Legislatura bonaerense para aprobar una colocación de deuda de 150 millones de dólares, que iba a ser este miércoles pero terminó cayéndose por diferencias con la oposición. Los intendentes de Juntos por el Cambio reclamaban pagos atrasados por 18 mil millones de pesos que la provincia adeuda a los municipios, y que en buena parte serían destinados a pagar sueldos y aguinaldos. Además, rechazaban el planteo del oficialismo provincial de prorrogar la emergencia por el Covid. La sesión estaba convocada para las 16, pero los legisladores de JxC se plantaron en sus exigencias y tras varias horas de negociaciones finalmente se postergó.

Esto sienta un antecedente complejo para el futuro de la gestión provincial. El recorte de Nación tiene un efecto derrame que llega a las provincias y de allí a los municipios, y es de esperarse que la oposición a Kicillof recurra permanentemente a su capacidad de fuego en la Legislatura para presionar por abajo a un gobernador que estará presionado desde arriba por el nuevo presidente.

Todo esto se da en un contexto en el que la inflación plantea un enorme desafío a las gestiones locales, frente a lo cual el Gobierno Nacional venía teniendo una injerencia importante en la asistencia a las provincias. En el mes de septiembre, por ejemplo, con una inflación que fue del 12,7%, las transferencias no automáticas a las provincias crecieron un 33,4%. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, transferencia determinante para el sostenimiento del sistema educativo, aumentó un 52% en términos interanuales en ese período, así como el fondo de Asistencia a Provincias lo hizo un 14,4%.

Kicillof tendrá que encontrar una solución política a ese problema de financiamiento, y argumentos no le faltarán. La PBA fue la provincia que más coparticipación recibió en 2022: $1.471.986 millones de un total de  $6.527.242 que la nación repartió entre las provincias. Sin embargo, y sumado al hecho de que también es la mayor aportante, la PBA la anteúltima provincia en términos de coparticipación per cápita, es decir, en cantidad de recursos coparticipados sobre el total de la población. Ese monto fue de $83.780, mientras que otras provincias recibieron montos mucho mayores, por ejemplo Tierra del Fuego con $398.000, Catamarca con $388.000, Formosa con $371.000, La Rioja con $329.000, La Pampa con $320.000 y Santa Cruz $295.000.

Pero, además, en tiempos de racionalización de recursos críticas al gasto público, la PBA puede decir no sólo que fue la provincia que menos recursos por habitante recibió de la nación, sino también la que menos gasto por habitante tuvo. Sumando los recursos destinados a educación y cultura, la administración gubernamental, la seguridad, los servicios económicos, la promoción y asistencia social, la salud y la deuda pública, Buenos Aires destinó $228.467 por cada habitante. En la otra punta de la tabla quedaron Tierra del Fuego, con $941.011 por habitante, Neuquén con $828.963 y Santa Cruz con $642.281.

A hecho de que la PBA es la provincia que menos recibe de la nación por habitante y que menor gasto público por habitante ejecuta, Kicillof también podrá agregar como parte de su argumentación que Buenos Aires es el corazón productivo del país. El Producto Bruto General bonaerense representa el 35% del PBI nacional. El 37% de la producción agropecuaria surge de su suelo y el trabajo de sus habitantes. El 41% de la construcción que se realiza en el país sucede en Buenos Aires. A su vez, las exportaciones bonaerenses representan el 35% de las exportaciones nacionales, el 32% de las PyMES del país producen en la PBA y 50% del valor agregado manufacturero industrial de todo el país se genera en la Provincia.

Como si faltaran elementos para la ponderación de Buenos Aires en los términos económicos que manejan libertarios, Kicillof también podrá decir en sus negociaciones con el nuevo gobierno nacional que la PBA la segunda provincia detrás de Córdoba con menor empleo público. Cada mil bonaerenses, sólo 34,7 trabajan en el sector público provincial. El promedio nacional para este concepto es de 66,2 habitantes cada mil, y por comparar la CABA emplea a 63,2 porteños cada mil, en un listado que tiene a Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja y Catamarca en la cima con más de 100 trabajadores públicos cada mil habitantes.

Repasando la lista de argumentos, Kicillof gobernará la provincia más productiva del país, de fuerte corte industrial con lo que eso representa en términos de empleo, con altos niveles de exportación, con alta producción agropecuaria, muy bajo empleo público en relación al promedio nacional, que además es la que más aporta a los fondos coparticipables, la que menos recibe y menos gasta por habitante. En la lógica libertaria de la promoción de la productividad, esos argumentos deberían derribar cualquier mito en torno a la dependencia bonaerense frente a una supuesta zona núcleo productiva.

Kicillof ya se reunió la semana pasada con Guillermo Francos, el más político de los dirigentes que rodean a Milei y quien se hará cargo del Ministerio del Interior. La reunión fue cordial y el gobernador pudo transmitir muchas de las necesidades bonaerenses que el gobierno entrante deberá considerar. A su vez, si Milei avanzara con su quimérico planteo de eliminar la coparticipación federal, eso debería redundar en un aumento proporcional de la recaudación de la provincia, que hoy en día aporta el doble de lo que recibe de parte de la nación. Sin embargo, todos estos elementos quedarán atravesados por la disputa política, en la que buena parte del peronismo ya le pide a Kicillof que se posicione como máximo referente opositor. Para ello, el gobernador deberá encontrar la difícil fórmula de cómo financiarse en tiempos de motosierra.