El balance de pobreza en niñez de Argentina divulgado ayer por Unicef se torna más preocupante en territorio bonaerense, donde niños y jubilados se presentan como los actores más vulnerables en el complejo escenario social y económico actual. Las cifras del organismo internacional arrojaron que en el Gran Buenos Aires, el 58,5% de los hogares padece algún tipo de vulnerabilidad, mientras que el 24,2% está en pobreza extrema.

“Más allá de la pobreza multidimensional de la que se habla, uno puede observarlo con salir a las calles. El Gobierno no ha hecho nada por modificar las decisiones neurálgicas que han llevado a la población como está, como por ejemplo los salarios a la baja y la movilidad jubilatoria a la baja también, el aumento del trabajo informal, cuyos integrantes ya han pasado a formar parte de la población pobre hace rato”, dijo a Diagonales el economista y director del Centro de Economía Política de la Argentina, Hernán Letcher, quien definió como “traumático” el avance de la pobreza en el Gran Buenos Aires.

Letcher, quien además es concejal del partido bonaerense de San Martín, agregó: “La desregulación de precios y mantener la economía atada al dólar ha hecho que los alimentos más básicos de las marcas más baratas estén cada día más caros. Cuando hay más gasto que ingreso en un hogar, es obvio que va a aumentar la pobreza. En mi ciudad, la gente me toca el timbre para pedir bolsos de comida, ya ni siquiera trabajo”.

En tanto, la tasa de desocupación asciende al 11,4% en todo el Gran Buenos Aires y 12,4% en el Conurbano bonaerense, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El balance fines de septiembre del organismo había puesto a La Plata, capital de la Provincia, como el segundo distrito con mayor indigencia de todo el país.

Por otro lado, cabe recordar que estudios arrojados a mediados de este año por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) habían advertido que la pobreza en 2018 “estaría muy por encima de las registradas en 2014 y 2015” y adjudicó el problema a la “falta de medidas de compensación hacia el consumo interno” por parte del Gobierno.