Hace una semana, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, admitió que prefería no investigar a funcionarios del actual Gobierno. La confesión le valió a la ex Poder Ciudadano una denuncia penal por incumplimiento de sus deberes, más cercanos en estos tres años y cinco meses de gestión Cambiemos a la militancia que al servicio público. Pero Alonso no es la única: prácticamente en cada institución del poder judicial hay un apellido ligado al macrismo dispuesto a cumplir con los más diversos favores, que por supuesto más tarde el Ejecutivo sabe recompensar.

Hay dos casos en esa línea que hicieron mucho ruido en vísperas de pascuas: el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito del primo del Presidente, Ángelo Calcaterra, en el capítulo argentino del caso Odebrecht. Habrá que ver si la mujer del juez, Ana Juan, es aceptada como jueza federal de Hurlingham, cargo para el que ya fue propuesta según reveló el jueves Carlos Pagni en La Nación.

El segundo tiene que ver con el decreto modificatorio de la ley de blanqueo de 2016, a través del cual Mauricio Macri habilitó para tal fin a familiares directos de funcionarios públicos, lo que estaba taxativamente prohibido en artículo 83 de la norma. El que impulsó la causa fue el diputado nacional y precandidato a presidente Felipe Solá. En esa causa hubo un fallo desfavorable al diputado en primera instancia y otro a favor en Cámara. Lo que se discutió fue la “personería” que tiene Solá para emprender una acción. La pelota ahora la tiene la corte, que según fuentes consultadas por Diagonales resolvería la cuestión antes de la feria de invierno, sobre el cierre de listas electorales.

Ese no es un dato menor teniendo en cuenta que el peso político que tiene la causa: si la corte legitima a Solá como impulsor del amparo, se reinicia la causa; y si encima resuelve la cuestión de fondo, la AFIP se vería obligada a revisar todos los blanqueos de cónyugues, padres e hijos de funcionarios de 2016. Lo que se especuló en la rosca de la ley y posteriormente es que el primer interesado en esa posibilidad no era otro que el propio Presidente. Una vez que se publicó el decreto, su hermano Gianfranco blanqueó nada menos que 600 millones de pesos. Y a la espera estaba otro pesado: Franco Macri, padre del presidente. Según los macristas, ya estaba senil para ese momento, antes de fallecer a principios de este año.

Laura Monti, la “Laurita Alonso” de la Procuración

Pero en el medio hubo un dictamen, fechado el 12 de abril y difundido el martes, en el que la procuradora general adjunta ante la Corte, Laura Monti, opinó que Solá no tiene legitimidad para impulsar el amparo. Para ello utilizó la jurisprudencia que sí existe en contra de esa posibilidad, y omitió mencionar la otra mitad de la biblioteca, que dice lo contrario. Lo que se dice, una opinión favorable al Gobierno. Aunque su dictamen no tiene carácter vinculante, sí tiene carácter político.

“Si bien como ciudadano no tiene personería, porque de lo contrario se trataría de una acción popular igual creo que tiene personería como diputado, porque cualquier legislador la debería tener para defender las atribuciones del cuerpo para el que fue elegido por el pueblo”, opinó consultado por Diagonales uno de los letrados más formados del país, que conoce como pocos los pasillos de la corte y del tipo de acciones judiciales como la que impulsa Solá.  

En tribunales caracterizan a Monti como una fiscal “permeable” a lo que le ordene su jefe, el procurador interino Eduardo Casal. Teniendo en cuenta esa relación, en el entorno de Felipe Solá se mostraron poco sorprendido por el dictamen de Monti, uno más de una larga lista que incluye el aval para que Farmacity, la popular cadena de farmacias de Mario Quintana, pueda funcionar en provincia de Buenos Aires.

Monti fue también la que firmó la opinión de que sea el fuero contencioso administrativo el que decida sobre otro amparo, esta vez colectivo, para frenar el tarifazo de gas, en una clara maniobra en favor del Gobierno. Monti, como Alonso, sabe hacer bien sus deberes. Según trascendió, a su cargo estará también el dictamen en relación a las prisiones preventivas que afectan sobre todo a funcionarios del kirchnerismo.

En los pasillos de la justicia ponen como la antítesis de Monti al otro procurador ante la corte, Víctor Abramovich. Por eso, dicen, las causas sensibles Casal suele delegarlas en la primera. Monti llegó al Ministerio Público Fiscal de la mano del ex procurador Esteban Righi, antecesor de Alejandra Gils Carbó. Sobrevivió entonces y sobrevive ahora, suerte que no corrieron otros fiscales como el ex titular de la Procuvin, Félix Crous, a quien Casal se apresuró a remover ni bien asumió interinamente el cargo.

La última de Casal, que confirma la saga de decisiones más amarillas que el sol, fue expulsar al fiscal Eduardo Taiano de la causa penal en la que está imputado el Presidente por el fraude al Estado por más de 70 mil millones de pesos por el Correo Argentino. En su lugar nombró a Gerardo Pollicita, a quien lo une una fuerte relación política.