Partidos de poca monta, con un puñado de votos a su nombre y mínima trascendencia en la Provincia de Buenos Aires lograron embolsaron durante el proceso electoral de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023 sumas extraordinarias que superaron los $400 millones: se trata de cuatro sospechosas fuerzas políticas cuyos apoderados fueron procesados este lunes por la Justicia Federal bajo la acusación de haber conformado un gigantesco fraude electoral que incluyó listas truchas e incluso supuestos candidatos fallecidos hace más de diez años.

Perdidas entre las tantas boletas presentes en los establecimientos de votación, apenas si llamaron la atención en septiembre del año pasado los curiosos partidos “Justicia y Dignidad Patriótica”, “Proyecto Joven”, “Esperanza del Pueblo” y “Encuentro Republicano Federal”. O eso habían pensado Ernesto Raúl Habra, Sergio Jesús Medrano, Yamil Eloy Salerno y Matías Mauricio Burgos, los apoderados de las cuatro fuerzas, acusados de haberse quedado con miles de millones de pesos provistos por la Dirección Nacional Electoral (DINE) para la impresión de las boletas reglamentarias.

Así consta en el dictamen judicial emitido este lunes por el juez bonaerense Alejo Ramos Padilla, quien advirtió que los “dirigentes” habrían enviado los fondos a una imprenta santafesina ligada a uno de los apoderados para financiar el negocio en un arreglo evidentemente ilegal que le habría significado un tremendo influjo de ingresos a la empresa. En ese marco, los cuatro acusados quedaron procesados por “maniobras fraudulentas” consistentes en la “conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”.

No obstante, y más allá de las exorbitantes cifras que habrían amasado los implicados, entre los datos más sobresalientes del caso destaca la increíble tramoya desarrollada para mantener en pie las listas electorales. Según informó Ramos Padilla, las boletas en cuestión contemplarían entre sus varios postulantes a personas que nada tenían que ver con la política y, de hecho, ni siquiera sabían que su nombre figuraba en las nóminas. Pero eso no es todo: además, otros precandidatos se encontraban fallecidos, en algunos casos, hasta hace más de diez años.

De acuerdo con la resolución judicial de más de 180 páginas dada a conocer en las últimas horas por medios bonaerenses, “un grupo de apoderados y autoridades partidarias utilizaba datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas”. La estafa le habría permitido a los supuestos titulares “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.

Los valores en cuestión son irrisorios. Proyecto Joven recibió unos $428 millones para aportes de campaña y por internas y para la impresión de boletas para diputados nacionales, senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur. Por las mismas categorías, Justicia y Dignidad Patriótica, Esperanza del Pueblo y Encuentro Republicano Federal percibieron más de $124 millones cada uno. El dinero, en todos los casos, habría sido remitido a Santa Fe para financiar la mencionada imprenta de uno de los apoderados.