El gobierno de María Eugenia Vidal envió a la Legislatura anoche un proyecto de Ley para una nueva reforma tributaria, el Presupuesto 2018,  y un “Pacto fiscal” que busca la adhesión de los municipios bonaerenses a una estricta Ley de Responsabilidad Fiscal provincial.

El proyecto de Ley Impositiva prevé un fuerte aumento del impuesto inmobiliario urbano (+56%) y rural (+50%), que este año estaban en un 36%. La medida será parcialmente compensada fiscalmente con rebajas en los impuestos a los ingresos brutos y de sellos –con un especial hincapié en sectores productivos-.

"Los patrimoniales están muy retrasados, hoy recaudamos más de Automotor que de Inmobiliario, y la masa de autos de la provincia vale más que las propiedades para el fisco", precisó ayer el ministro de Economía, Hernán Lacunza, en la sede porteña del BAPRO.

Según planteó el funcionario, se paga en la provincia 11 pesos anuales de Inmobiliario Urbano por metro cuadrado, mientras que ese valor escala a 147 pesos anuales por hectárea en zonas ganaderas y a $527 pesos anuales por hectárea en el núcleo agrícola más fuerte.

Por este aumento, el fisco bonaerense espera recaudar unos $ 4000 millones adicionales, que compensarían parte de la pérdida de la recaudación por la baja en Sellos e Ingresos Brutos, cuyo costo fiscal será de unos $ 10.000 millones, indicó Lacunza.

El paquete de reformas pretende además eliminar las jubilaciones de privilegio para el gobernador, el vicegobernador y los legisladores bonaerenses, y se exigirá que los diputados y senadores provinciales presenten sus declaraciones juradas anuales.

También, se les quitarán las exenciones impositivas a los partidos políticos, a las organizaciones gremiales y a las cooperativas y mutuales financieras. Los clubes de barrio seguirán exentos de impuestos.

Con mayoría en la Cámara de Diputados y cerca del quórum propio en el Senado una vez que haya recambio legislativo en diciembre, el Ejecutivo bonaerense cree que tiene suficiente margen como para sancionar estas reformas.

Presupuesto 2018 y deuda
 "Por primera vez en muchas décadas, al mismo tiempo el año que viene va a bajar el déficit, va a subir la inversión en obra pública y van a bajar los impuestos", afirmó ayer el ministro Lacunza. El presupuesto determina ingresos por $599 mil millones, gastos por $630 mil millones (la mitad son salarios) y un déficit de $30.900 millones.

También precisa que la deuda solicitada a la Legislatura será de $58.890 millones, que es el 1,3% del producto provincial (los años precedentes fueron del 1,4%, y del 2%). El destino de la deuda es -casi en partes iguales- el financiamiento de infraestructura y el pago de vencimientos de deuda. El plan de gastos 2017 incluyó un pedido de deuda de cerca de $52 mil millones, aunque la solicitud inicial fue de $90 mil millones.

“Pacto Fiscal” con los municipios

Según afirmaron desde el gobierno la ley de responsabilidad fiscal para los municipios fijará una serie de reglas para avanzar con su saneamiento, “que ya empezó en 2016”. Mientras “el gobierno de Daniel Scioli dejó a la provincia con 110 municipios con rojo fiscal, ahora sólo quedan 15”.

La intención del Vidal es que, más allá de obtener superávit fiscal, los municipios no aumenten el gasto más que la inflación, ni el empleo más que el crecimiento vegetativo de la población. Mientras que la provincia el año pasado no aumentó su planta, los municipios siguieron contratando gente. Además se impondrá la "regla de final de mandato", por la cual los intendentes no podrán contraer gastos en los últimos seis meses de su gestión que comprometan a su sucesor.

También se impondrá un techo al endeudamiento. "Aquellos municipios que no adhieran no se podrán endeudar ni recibirán ayuda provincial", indicó el ministro.