Desde su origen en las viejas cajas sindicales de empleados privilegiados (estatales, bancarios o ferroviarios) y, pasando por numerosas reformas tales como la ley peronista del '54; la eliminación de las contribuciones en dictadura; la privatización y sistema de AFJP de los '90, y finalmente la re-estatización en 2008, se han visto constantes idas y vueltas en las características más esenciales del sistema.

La lógica de reparto como mecanismo de redistribución, se ha visto alternada con la lógica individualista de capitalización producto de una mirada contrapuesta con la solidaridad intergeneracional. De la misma manera, el origen de los fondos previsionales ha sido modificado en varias oportunidades con profundos efectos redistributivos alternando, por periodos, con épocas de grandes transferencias de capital y desprotección de los trabajadores.

Si se observa que cada gobierno a lo largo de la corta vida del sistema previsional ha impulsado reformas tendientes a encaminar la seguridad social en el mismo sentido que la política laboral en particular, y económica en general, es dable prever que el actual gobierno de Mauricio Macri, en el marco de un giro evidente en ciertos puntos,  no sea la excepción. 

En lo que va de la gestión de Cambiemos, la mayor novedad previsional fue la "Reparación Histórica" que implicó el reconocimiento a los jubilados de derechos sobre los que la CSJN se había pronunciado ya hace tiempo. Esto si bien debe verse como algo positivo, en el sentido de ampliación de derechos, no estuvo acompañado de una reforma relativa a la solvencia del sistema.

Más allá de los resultados que pudiera tener el blanqueo de capitales, el argumento oficial fue que con lo recaudado del blanqueo se procedería al pago de la deuda con los jubilados. Lo que nunca se trató es cómo el incremento del gasto previsional sería compensado en los años sucesivos ya que, aún en el mayor éxito del blanqueo esto es algo de "una vez" mientras que el aumento de los haberes previsionales debe solventarse año a año para hacer posible a la sustentabilidad del sistema.

Esta medida sin su correlato en cuanto a la recaudación no hace más que complicar su viabilidad y, pareciera destinada a, preparar el terreno de la opinión publica argumentando que el sistema público no se sostiene.

En este sentido, el PRO ha comenzado el proceso que involucraría una reforma legislativa sobre este punto cuando en julio del año pasado, mediante la ley 27.260 (ley del blanqueo y moratoria), de manera disimulada, y sin penas ni glorias se incluyó en el título II la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional. Este consejo dentro del Ministerio de Trabajo tendría, según la ley, el cometido de elaborar un proyecto de nuevo régimen previsional en el plazo de 3 años, para lo cual se conformaría un consejo que debiera integrar entre sus miembros a un representante de los trabajadores activos.

Nueve meses después, mediante la resolución 188-E/2017 del Ministerio de Trabajo, se crea una comisión para la elaboración del Anteproyecto de Código de la Seguridad Social. Esta nueva comisión dentro del Ministerio, presenta dos diferencias en relación a aquella creada por la 27.260; por un lado reduce el plazo a 180 días lo cual pareciera indicar que el PRO pretende acelerar los tiempos en relación a la modificación previsional y, por otro lado, disimuladamente pareciera excluir la presencia del representante de los trabajadores cuando solo estipula que la comisión "se integrará con expertos en las distintas materias& ." omitiendo la presencia de la clase trabajadora en la comisión.

Otro punto que podría contribuir a desacreditar el sistema vía el desfinanciamiento, es la limitación de sus aportantes debido a un mercado laboral con constantes despidos y suspensiones (con su negativo efecto sobre la recaudación).

Según información del Ministerio de Trabajo, en el período diciembre 2015 a septiembre 2016 (último dato disponible), se observa la baja de 158.898 aportantes del sistema previsional tendencia que se mantiene constante a la baja durante la gestión PRO.

Al día de la fecha, el Ministerio de Trabajo se encuentra en el proceso administrativo de conformación de la comisión.

Aunque resta un largo camino en lo que podría ser un proyecto de ley de reforma, cabe preguntarse cuál pudiera ser la impronta que el presidente Macri quiera dar a la seguridad social en nuestro país teniendo en cuenta la política laboral del PRO, junto a sus dichos y accionares contra las organizaciones de trabajadores.

La evidente puja de intereses entre la clase trabajadora y aquella clase históricamente alineada que hoy se identifica en Macri debe, al menos, generar dudas sobre las modificaciones que intenten impulsar.