El coronavirus y la vulnerabilidad de los migrantes

La pandemia del coronavirus en Argentina y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que empezó a regir desde el 20 de marzo, han tenido un gran impacto económico en varios sectores de la sociedad, en especial en aquellos más vulnerables y excluidos del mercado laboral formal. Las personas migrantes en el país han sido uno de los grupos más golpeados por la crisis y a muchos de ellos les ha sido difícil alcanzar algún tipo de asistencia.

Desde el espacio Agenda Migrante 2020, integrado por organizaciones de la sociedad civil y Derechos Humanos, se realizó un relevamiento con más de 1200 personas, principalmente en Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y la de Córdoba, para analizar el impacto de la pandemia y la cuarentena en la comunidad migrante que habita en el país. De allí se desprendió que el 58% perdió su trabajo o fuente de ingreso desde el comienzo del aislamiento.

Además, el informe asegura que el 80% de los migrantes no pudo acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, un 47% porque no pudo registrarse; y un 33%, porque no se lo otorgaron. Esta situación se traduce en que uno de cada tres encuestados reportó  algún tipo de dificultad para pagar el alquiler.

En ese sentido, la Coordinadora Migrante de La Plata expone el caso de la comunidad senegalesa que, en su gran mayoría, subsiste mediante la venta ambulante. “En todo este tiempo de aislamiento no han podido salir a trabajar y tampoco se han visto beneficiados por algún tipo de asistencia social”, contó Juan Carlos Quesquén, integrante de la Coordinadora, en conversación con Diagonales.

En La Plata, según la Consejería para Migrantes, hay alrededor 220 senegaleses viviendo en la ciudad, pero sólo 10 de ellos han recibido el IFE. “Ellos siguen pagando el alquiler, servicios, algunos monotributo y en estas circunstancias, muchos han tenido que salir a vender su mercadería en la calle, arriesgando su salud, a ser perseguidos por la policía y a que se les secuestre su mercadería”, explica Quesquén.

“Es urgente que el Estado, tanto nacional, provincial, como municipal, implemente una política de protección para los colectivos migrantes en esta crisis sanitaria, social y económica” sostuvo. “Nosotros creemos que es importante mantener la cuarentena para preservar la salud, pero lo cierto es que hay que pensar alguna manera de contener a la comunidad migrante en general, sobre todo los que han viajado de países limítrofes en busca de un mejor futuro y que realizan actividades esenciales en Argentina como el cuidado de adultos mayores, tareas de limpieza, el trabajo en el campo, porque muchas de estas personas hoy no pueden realizar sus trabajos”, agregó el referente de la Coordinadora.

La situación de precariedad es tal, que la encuesta realizada por la Agenda Migrante 2020 asegura que el 75% del universo consultado contestó que su preocupación principal era atravesar problemas económicos, y en segundo lugar contagiarse de coronavirus. Acorde al informe, sólo un 25% tenía trabajo formal previo al inicio del aislamiento, mientras que un 55% tenía un trabajo informal y el resto, directamente no tenía trabajo.  

Lo cierto es que esta situación no es exclusiva de Argentina, y se repite en el resto del mundo. El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió a la situación de las personas migrantes durante la pandemia y aseguró que actualmente se enfrentan a tres crisis en una: la sanitaria, la socioeconómica y la de protección.

Si bien todo los sistemas sanitarios del mundo se están enfrentando al coronavirus, lo cierto es que "un tercio de la población mundial desplazada internamente vive en los diez países con mayor riesgo del COVID-19" afirma Guterres, en un video institucional de la ONU.  Por otro lado, la crisis socioeconómica se debe a a la merma o pérdida total de ingresos, relacionada generalmente con un escenario de informalidad laboral.

Y por último, ante la propagación del virus, alrededor de 150 países han adoptado medidas drásticas y restricciones fronterizas. De ellos, al menos 99 Estados no atiendan los casos de las personas que solicitan asilo por motivos de persecución. En paralelo, según un informe del organismo internacional “se ha avivado la xenofobia, el racismo, la estigmatización y ha empeorado la situación de las mujeres y las niñas, un grupo poblacional que corre un mayor riesgo de sufrir actos de violencia, abuso y explotación por motivos de género”.

Según la Oficina Regional para el sur de América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),  los pedidos de ayuda social por parte de este grupo crecieron hasta 10 veces entre marzo y mayo. Dicha oficina y agencias de la sociedad civil asociadas pasaron de atender un promedio de 150 solicitudes por mes a tener que dar respuesta a 1600 pedidos.

De esta manera, el virus de Covid-19 ha dejado al descubierto otra de las desigualdades estructurales del mundo: la vulnerabilidad de la mayoría de los migrantes y la falta de políticas destinadas a este colectivo en el marco de la pandemia y la consecuente crisis económica global.