El desenfreno de las empresas para remarcar y los nuevos tarifazos que se preparan, entre otros factores, impiden afirmar que la desaceleración inflacionaria sea definitiva.

La suba de precios se desaceleró los últimos meses. Según un relevamiento del Banco Central, la mayoría de los economistas consultados coinciden que la inflación se aproximará al 40 % anual cuando finalice 2016 y será de alrededor del 20 % en 2017.

Para los especialistas, el dólar estará estable subiendo hasta $ 16 hacia el final del año y llegará a $ 18,5 en diciembre de 2017. Todos los pronósticos tienden a confluir, con matices, en que 2016 terminará con una caída entre 1,1 y 2,4 %. El pronóstico promedio dice que la economía tendrá un alza de 3,2 % en 2017.

Los más entusiastas con los logros económicos son los asesores del candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, en las presidenciales del año pasado. Uno de ellos, Mario Blejer señaló que la inflación está en un proceso de control y sostenida caída . Parece ser un entusiasmo exagerado.

Detrás de las proyecciones anida el deseo del Gobierno y el establishment económico de pintar un panorama en el cual lo peor ya pasó. Buscan aplacar el malestar social con la promesa de un futuro mejor.

Además, algunos parámetros (como la inflación y el tipo de cambio) se estabilizaron al costo de generar nuevos desequilibrios en el fisco y en el endeudamiento, tanto del Banco Central como del Tesoro, que en perspectiva son explosivos.

El control de la inflación tiene por detrás una importante recesión. La política del Banco Central, reduciendo la emisión monetaria con elevadas tasas de interés, además de alimentar una bicicleta financiera para aplacar el dólar, contribuyó a empujar la actividad hacia abajo. Aun así, la inflación se ubicará de mínima en 40 % anual hacia diciembre.

Mientras, el promedio de aumento para los 6.572.701 trabajadores del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se ubicará en 35,5 % en 2016. La caída del poder de compra del salario en el primer semestre acumuló una retracción de 9,5 % entre los trabajadores del sector privado registrado. Deberían recibir en promedio $ 11.361 como bono de fin de año para compensar lo perdido frente a la inflación. Mucho más que los $ 2.000 de referencia e incierto incumplimiento que pactaron la CGT y el Gobierno.

Para 4.651.393 jubilados y pensionados que cobran la mínima o menos, el aumento acumulará en el año un 29,4 %, llegando la pérdida del poder de compra a 7,6 % hacia diciembre. Deberían recibir un bono de $ 4.402 y no los míseros $ 1.000 que ofrece Cambiemos.

Con la caída del poder de compra se desaceleró el alza de precios debido a la reducción del consumo, las ventas y la producción. El ataque al salario fue la verdadera política antiinflacionaria.

¿Qué pasará si los salarios crecen por encima de la inflación los próximos meses como afirma Prat Gay? ¿Los empresarios aceptarán reducir sus márgenes de ganancias o iniciarán nuevas rondas de remarcaciones? Esas no son las únicas preguntas que deberán ser respondidas hacia adelante.

En octubre se comenzó a aplicar el tarifazo en el gas. Para noviembre posiblemente haya un nuevo incremento en las naftas. En las audiencias públicas Edenor y Edesur piden aumentos que podrían llegar hasta el 76 % en 2017.

¿Qué harán las empresas consumidoras de gas y electricidad una vez que impacten esos aumentos en sus costos? ¿Los trasladarán a precios? Como se sabe, el Gobierno les podrá hablar con el corazón, pero le responderán con el bolsillo.

Que no todo está bajo control en cuanto a la inflación lo devela la propia política del Banco Central que este martes mantuvo sin modificación la tasa de interés de referencia.