Desde los primeros días de agosto, varios gobernadores se sumaron al apoyo que el Gobierno Nacional mantiene sobre el (no hay otra manera de calificarlo) tarifazo. Recientemente la Procuradora General de la Nación avaló el freno a los aumentos, siguiendo la línea de los jueces Luis Arias y Martina Forns.

El Ministro de Energía, Juan José Aranguren concurrió a Diputados, donde pretendió justificar las medidas que lo llevaron a determinar los porcentajes de aumento en los distintos servicios, pero los datos más concretos que pudo esgrimir fueron los de la herencia recibida y el sinceramiento de precios que ya son el caballito de batalla predilecto de esta gestión.

A pesar de eso, calificó de gradual el incremento tarifario, y desechó toda acusación que se pudiera hacer hacia su persona por su participación accionaria en la empresa Shell, gran beneficiaria de los nuevos acuerdos de importación de gas.

A raíz de esto, el ex ministro Axel Kicillof acusó al Gobierno de tener las mismas políticas que el menemismo en los 90 donde no existe papel del Estado . Sin embargo, es necesario detenerse a pensar en esto, y pensarlo bien. Con un gabinete poblado de ex CEOs de empresas nacionales y multinacionales; con las alianzas estratégicas que se hicieron y se siguen haciendo con las grandes empresas; con la derogación casi inmediata de la Ley de Medios; con la quita o baja de retenciones a la soja y la minería; con el aumento de los servicios, que beneficia a empresas que, con el beneplácito de la política, nunca invirtieron en infraestructura; con la quita de subsidios y ayudas sociales; y con un larguísimo etcétera, que es necesario para no aburrir, ¿podemos seguir pensando que el Estado está ausente?

Ausente está, estuvo y estará (con el panorama que tenemos hoy) en las villas, en los parajes del norte, el sur y el centro del país. En estas políticas, el Estado está más presente que nunca, sólo que beneficiando y concentrando las políticas públicas en el bienestar de los grupos empresarios y agro-ganaderos. Por eso es necesario reconocer esta diferencia porque si el Estado es el responsable, el Estado es quien debería encontrar las vías de reencaminar este desfalco. Está en manos de la oposición, que tiene mayoría pero no acuerdo, la responsabilidad de representar los intereses de los que ahora son ignorados.

En la última entrevista que dio Cristina Fernández de Kirchner, habló de construir política por fuera de los espacios institucionales, e hizo varias referencias a la reglamentación del boleto educativo, logrado a través de la lucha de jóvenes y adolescentes en las calles, haciendo un claro llamado al FPV, que no logra acuerdo puertas adentro. Pareciera que, como también dijo la expresidenta en la entrevista, el FPV tampoco tiene vocación de oposición, y sólo le sienta bien los ministerios y secretarías para mantenerse alineado.

Si el Congreso se ciega, se enmudece, se invalida, se fracciona, pareciera que nuestra democracia se queda sin combustible, y el Estado es un Presidente y su gabinete. Cuidado con cristalizar esas prácticas.