En la previa a una nueva marcha federal en defensa de las Universidades públicas, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, aseguró que las casas de estudios nacionales "inventan alumnos" para recibir mayor cantidad de fondos. Poco después, salieron a desmentirlo.

El vicerrector de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, acusó a Torrendell de dar “datos falsos” para “desvirtuar la discusión” sobre el desfinanciamiento de las instituciones académicas. 

Torrendel había planteado que no sabía si “el 38% de los alumnos" de las Universidades "estaba cursando una materia”. Ante semejante exclamación, Yacobitti respondió: “No sé de dónde sacó eso el Gobierno, calculo que lo hace porque el reclamo tiene consenso en la sociedad y pretenden ensuciar algo que la sociedad defiende porque da buenos resultados”.

Además aclaró que las condiciones para ser considerado alumno regular en la Universidad implican “aprobar una cantidad de materias por año”. 

“El problema del Gobierno es que, en esto de arreglar el Estado que funciona mal, quiere aprovechar para llevarse puesto partes del Estado que funcionan bien como el sistema público de universidades, que hoy lo elige tanto el que no puede pagar una educación privada como el que eligió a la mejor universidad”, aseguró el vicerrector de la UBA en diálogo con Futurock.

En ese mismo sentido, el rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, rechazó los dichos de Torrendell. “La verdad que se hace un poco difícil opinar sobre conceptos que al menos tienen confusión, imprecisión, error. Yo creo que a diez meses de gestión del secretario de Educación ya es grave el desconocimiento que tienen sobre el sistema universitario público de educación superior”, exclamó. 

Lo cierto es que marcha en defensa de la educación pública tiene un respaldo social tal que, a diferencia del resto de las protestas, el Gobierno no se ha animado a reprimirla. Entonces, en medio de una fuerte caída de la imagen presidencial, el Gobierno parece intentar por todos los medios desactivar la movilización universitaria (ya sea con datos chequeables o no).