El feroz ajuste económico instrumentado por el Gobierno Nacional de Javier Milei, cuyo más reciente coletazo fue un tarifazo brutal que provocó el rebote de la inflación mensual pero acumula meses de suba de precios y licuación del dinero, da lugar a una crisis devastadora con un durísimo correlato en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es que en la región más poblada y urbanizada del país el costo de vida es sideral, y una familia tipo necesita casi $1,4 millones por mes para no ser pobre.

Así es: en junio, un hogar de cuatro integrantes precisó ingresos por $1.352.395 para poder costear servicios básicos como el transporte, la educación, la salud y, desde luego, los alimentos durante todo el mes. La cifra surge de un informe privado elaborado por el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) y se centra en el impacto de la recesión en la zona comprendida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense, que concentra a cerca de 15 millones de argentinos.

Los detalles del informe esgrimen los puntos flacos del modelo libertario: enfrascado en la desaceleración de la inflación, uno de los flagelos más dolorosos de la crisis, ha dejado de lado la cuestión de las tarifas, que tiene un impacto gigantesco en la economía cotidiana. Así, el análisis indica que dos tercios de los ingresos de las familias tipo deben ser destinados al pago de las facturas de luz, gas, agua y otros suministros elementales para el día a día. El monto equivale a casi $890 mil solamente dedicados a mantener el hogar andando.

El radical tarifazo registró su porción más cruda con aumentos en el transporte público, las comunicaciones (con telefonía, TV e internet a la cabeza) y la salud, especialmente en el caso de la medicina prepaga, cuyo régimen fue notablemente flexibilizado por el Gobierno Nacional. En tanto, las casas del AMBA dedican los $462 mil restantes a adquirir productos de consumo masivo, principalmente bebidas (6%) y carnes (6,8%), si bien el consumo promedio anual de derivados vacunos se encuentra en el nivel más bajo de los últimos cien años en el país.