Alarmados por la situación alimentaria y por el aumento de consultas relacionadas con una escasa nutrición, cientos de profesionales de la salud de todo el país nucleados en el grupo “Pediatras Contra el Hambre” lanzaron una nueva carta abierta para exigir al Gobierno nacional que no sólo reparta los alimentos que tiene almacenados en galpones del Ministerio de Capital Humano sino que implemente políticas urgentes para garantizar una alimentación adecuada de niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

“Los consultorios de distintas especialidades pediátricas advierten que reciben pacientes cansados, sin energía, que refieren no que no han comido a la noche o saltean comidas”, adviertieron con preocupación los médicos. 

Al mismo tiempo, describieron que “es notable la disminución de demanda de atención de pacientes que no están pudiendo llegar a las consultas”. 

En el transcurso del año, distintas sociedades científicas y organizaciones internacionales, el Observatoria de la Deuda Social Argentina de la UCA, la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF han manifestado en distintas oportunidades preocupación sobre el hambre en Argentina y compartido datos que reflejan un aumento en la malnutrición de chicos y chicas.

En junio pasado, UNICEF reveló que diez millones de niñas y niños consumen menos carnes y lácteos en Argentina por falta de ingresos y que alrededor de un millón de chicos se va a dormir sin cenar. Mientras tanto, el último informe de la Universidad Católica Argentina advirtió que más del 63% de los niños y adolescentes que vienen en el país son pobres. 

X de Nora Bär

Desde Pediatras Contra el Hambre señalaron que “niños y niñas sin acceso a alimentos nutritivos requieren internaciones, en los hospitales pediátricos de alta complejidad, por déficit de nutrientes” y adviertieron sobre las enfermedades crónicas que se desarrollan en niños, niñas y adolescentes (cardíacas, neurológicas, u otras) como resultado de “la interrupción de entrega de alimentos específicos”. 

“Queremos ser claros: el grave daño que ocasiona un escasa o inadecuada alimentación, por tiempo prolongado, condiciona biológica, cognitiva y emocionalmente”, esgrimieron y aclaron que esta problemática afecta también en generaciones futuras “aumentando en ellas el riesgo de padecer alteraciones de su neurodesarrollo y un alto riesgo de presentar precozmente enfermedades crónicas no transmisibles en el curso de sus vidas”. 

Frente a esta situación, los profesionales de la salud apuntaron acusaron al Gobierno de Javier Milei de “ausentarse activamente de las políticas alimentarias” y “de apelar reiteradamente al poder judicial para evitar repartir o retrasar lo guardado y no planificar nuevas entregas”, causando “un perjuicio” de gran gravedad a toda la sociedad.

Por eso, convocaron “a quienes tengan acceso y poder de decisión sobre las medidas que pueden detener esta debacle, a corresponsabilizarse como marca la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”. 

“El hambre es una violencia que no debemos naturalizar”, concluyeron en un desesperado reclamo a las autoridades de Gobierno.