Este miércoles, dirigentes de Juntos por el Cambio decidieron denunciar penalmente al intendente de Morón, Lucas Ghi, por “difundir públicamente el uso de estupefacientes y por instigar a cometer un delito”, luego de que el municipio repartiera folletos con consejos sobre el consumo responsable de sustancias ilegales. 

“Si vas a consumir tené en cuenta estos consejos”, reza el flyer difundido por la Dirección de Juventudes del gobierno de Morón y elaborado por la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA). “Cocaína/pastillas: andá de a poco y despacio. Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Si te detienen, tenés derecho a un abogado”, indica el texto que se hizo viral y generó un fuerte revuelo en redes sociales, en el ámbito política y judicial. 

Sin embargo, el folleto forma parte de una política de reducción de riesgos y daños vinculada al consumo de sustancias, contemplada por una ordenanza municipal que fue aprobada por unanimidad de todos los bloques en el Concejo Deliberante de Morón, incluídos el PRO y la UCR. Pero ahora diputados y concejales opositores presentaron denuncias penales por la difusión del folleto y aseguraron que si bien acompañaron el proyecto de “reducción de daños”, no respaldaron el contenido del material publicado que, según ellos, “promueve el consumo”. 

Hasta el propio obispo de Morón, monseñor Jorge Vázquez, manifestó su “honda preocupación ante cualquier expresión que implique un mensaje ambiguo dirigido a los más jóvenes sobre las gravísimas consecuencias que tiene para la salud física y espiritual la utilización de sustancias que la ciencia ha demostrado ampliamente que causan daños irreparables”.

Sin dudas el debate en torno al flyer distribuido está plagado de intencionalidad política y atravesado por la grieta. Aún así, bienvenido sea. La polémica desatada no puede dirimirse en Twitter ni en declaraciones de principios morales individuales, en cambio, merece un debate serio y profundo pendiente en Argentina y que poco a poco va adquiriendo mayor terreno. 

Tras las declaraciones de indignación de varios dirigentes políticos de Juntos por el Cambio, desde ARDA sostuvieron que “un primer paso para cambiar el actual estado de los problemas que existen con las drogas en nuestra sociedad es abandonar la hipocresía”.

“El gobierno del que formaron parte los dirigentes que hoy se rasgan las vestiduras significó un total retroceso en materia de políticas de drogas que respeten los derechos humanos”, sostuvieron y remarcaron que “hoy la política pública de drogas en el país sigue sin implementar políticas de Reducción de Daños”.

Tweet de ARDA 🔥 Reducción de daños

Los integrantes de la Asociación señalan que existe un “moralismo inherente a las concepciones prohibicionistas a los que estos dirigente adhieren” y que el mismo “es responsable de la mayor parte de los problemas vinculados con el uso de drogas”.

“El abstencionismo que proponen como política preventiva es el responsable de la maximización de todos los daños que las drogas son capaces de producir”, remarcaron en un comunicado que difundieron a través de sus redes sociales. 

A casi 50 años del lanzamiento de la llamada “guerra contra las drogas” por parte del presidente estadounidense Richard Nixon y extendida a lo largo del mundo occidental, las políticas prohibicionistas y punitivas no han logrado reducir de manera duradera los niveles de consumo de sustancias ilícitas. Por el contrario, con el pasar de los años, los números han aumentado.  

Según datos y estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, Informe Mundial de Drogas) en 2009 un total de 210 millones de personas había consumido drogas al menos una vez en el año. En 2017, esa cifra aumentó un 30% y alcanzó a 271 millones de personas, es decir el 5,5% de la población mundial de 15 a 64 años. En Argentina, acorde a la información del Sedronar, el porcentaje de la población entre 12 y 65 años que consumió alguna droga ilícita pasó del 3,6% en el año 2010 a 8,3 % al 2017. 

Estos números demuestran que las políticas de criminalización y prohibición no sólo no disminuyen el consumo de sustancias ilegales, sino que lo mantienen en alza. Hace algunos años, en América Latina se ha  comenzado a debatir respecto de la validez y eficacia de estas estrategias, incluso el informe final de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia señaló que se expandió a producción y el consumo de drogas ilícitas, los niveles de violencia y de corrupción gubernamental, y que el crimen organizado ligado al narcotráfico representa una seria amenaza a la consolidación de las democracias latinoamericanas. En 2013, el por entonces Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, sostuvo que era necesario “interrogarse hasta qué punto las políticas vigentes hasta ahora, bajo el paradigma de la penalización y criminalización, reducen más daños de los que precipitan”.

Por otro lado, las políticas de reducción de daños y riesgos se basan en el reconocimiento de la existencia del consumo y, en lugar de centrarse en las personas y sus elecciones, apunta a las sustancias brindando la información necesaria sobre su consumo a la población. 

Desde la ONG argentina RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos, sostienen que las estrategias además criminaliza a las personas consumidoras, las estigmatiza y las aleja del sistema de salud sin aportar soluciones. En conversación con Diagonales, Marcos Torti, miembro de RESET destacó la política de disminución de daños y riesgos que está llevando a cabo el municipio Morón y no sólo la consideró “muy necesaria”, sino también “de avanzada”.  

Torti explicó que “las políticas de reducción de riesgos y daños son uno de los pilares de las políticas públicas en materia de drogas porque reconoce que los usuarios de sustancias son personas autónomas que tienen poder de decisión para poder seguir su proyecto de vida, y en ese marco, pone énfasis no en las personas sino en las sustancias en sí”.  

“Con esa concepción, se entiende que desde el Estado se debe brindar la información clara y precisa respecto al uso de sustancias legales e ilegales para mitigar los efectos negativos que puede tener su consumo y si aún así las personas deciden usar esas sustancias ilegales, sepan qué medidas tomar, qué formas de consumo deben seguir, qué formas de mitigar los efectos negativos del consumo sobre su salud y así eventualmente, reducir los riesgos y daños del consumo”, expresó. 

“Las políticas de reducción de daños y riesgos, muy por el contrario a lo que se quiso imponer desde un sector político de que este tipo de políticas y publicaciones incentiva e incrementa el consumo, lo cierto es que reconocen que existe el consumo y bajo ese reconocimiento se intenta brindar información clara y concisa para mitigar las consecuencias negativas”, aclaró. 

Tweet de Diego Santilli

Cabe recordar que algo similar sucedió tras el fallecimiento de 20 personas en varios distritos del Gran Buenos Aires tras consumir cocaína adulterada en febrero de este año. En ese momento, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires publicó una guía con recomendaciones para el consumo cuidado de sustancias que aconsejaba "medirse", y "conocer cuáles son los efectos de lo que consumís" para "poder anticiparte y evitar excesos". Por entonces, las críticas fueron las mismas y desde la oposición señalaron que la Provincia “incentivaba el consumo”. 

Ayer, se reavivó ese mismo debate y desde ARDA consideraron que “el prohibicionismo abstencionista es conservador y sus políticas públicas obsoletas”.  “Es urgente que el sistema político y sus dirigentes se informen y actualicen sus discursos sobre políticas de drogas. Si no alcanza con los resultados que aparecen claros en sucesos como los de Time Warp o la más reciente tragedia de Puerta 8, revisen cuáles fueron los resultados de la implementación de la Ley Seca en los EE.UU”, lanzaron en respuesta a las críticas de Juntos por el Cambio. 

Lo cierto es que hasta la propia Organización Mundial de la Salud destaca la reducción de daños y la describe como "un conjunto de políticas, programas, servicios y acciones que tienen como objetivo reducir los daños a las personas, las comunidades y la sociedad relacionados con las drogas, incluida la infección por el VIH". Este tipo de políticas se aplican en varios países del mundo y las medidas que se llevan a cabo varían desde aportar agujas esterilizadas, opioides en menor cantidad y testeos de drogas hasta campañas de información sobre el uso seguro de sustancias.

La reducción de riesgos no desconoce que existan consumos problemáticos y que estos deben ser acompañados. Todo lo contrario. En diálogo con este medio, Marcos Torti explicó que “a nivel mundial menos del 10% de las personas que usan sustancias tienen consumos problemáticos” y subrayó que “aquellas personas que tienen problemas con el consumo de determinadas sustancias tienen que poder acceder a un sistema de salud que esté preparado para acompañarlas y asistirlas”.

A su vez, resaltó que “la política de reducción de daños y riesgos, al reconocer que hay persona usuarias, también reconoce que hay usuarios que son responsables en su consumo y que tienen información para no llegar a un punto donde se tenga algún problema. Justamente entonces contar con esa información, mitiga los efectos y las consecuencias negativas”.