El Gobierno lanza la “Ley de Igualdad ante la Ley” para eliminar el cupo de género de las listas
La administración libertaria avanza con sus reformas electorales y pretende quitar la obligación de paridad entre candidatos masculinos y femeninos para los comicios legislativos.
En parte por su agenda política de reformas electorales, en parte por la “batalla cultural” a la que se dedica, el Gobierno Nacional de Javier Milei deslizó que enviará al Congreso la flamante “Ley de Igualdad ante la Ley”, una normativa que busca quitar el cupo de género de las listas legislativas. La iniciativa se enmarca en las medidas con las que la administración libertaria pretende modificar la instancia de comicios del año próximo; paquete que incluye propuestas como la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En los próximos días, el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento la nueva “Ley de Igualdad ante la Ley”, un proyecto para suspender la obligatoriedad de la paridad de género entre los postulantes para puestos legislativos. La reglamentación vigente determina que los aspirantes deben ser intercalados en la lista según su sexo y establece que una mitad de la nómina tiene que pertenecer a candidatos masculinos, y la otra, a candidatas femeninas.
La información fue confirmada este jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni, que señaló que “el Gobierno eliminará políticas ideológicas y discriminatorias para ingresar al empleo público”. En principio, la medida impulsada por el Gobierno libertario no incluye a las listas para categorías no legislativas, por lo que cargos como la Presidencia y la Vicepresidencia, la Gobernación o la Intendencia continuarán regidos por el cupo en los casos en que los competa.
La iniciativa se enmarca en la avanzada de la administración de Milei sobre el funcionamiento electoral, que tuvo en los últimos días dos importantes hitos: el primero, la propuesta de eliminar las PASO desde 2025, que ya fue enviada al Congreso; el segundo, la normativa que pretende modificar la Ley Orgánica de Partidos y el financiamiento de las agrupaciones políticas, que también se halla en manos de los legisladores. Ambos proyectos podrían ser tratados durante el período de sesiones extraordinarias en el Congreso.