Grabois y Carrió denunciaron penalmente a Milei y se complica el futuro judicial del Presidente
El líder del Frente Patria Grande acusó al economista de dirigir un “esquema Ponzi” y la titular de la Coalición Cívica pidió que la Justicia investigue los “ilícitos penales”. Lluvia de acusaciones.
Por si las repercusiones económicas, políticas y sociales del escándalo cripto no eran suficientes para un Gobierno que atraviesa la más grande crisis en lo que va de su gestión, hoy surgieron sucesivas denuncias penales contra el presidente Javier Milei por su rol protagónico en la mega estafa cripto de $LIBRA. Desde la oposición, el dirigente peronista Juan Grabois y la líder de la Coalición Cívica Elisa “Lilita” Carrió elevaron a la Justicia, cada uno por su lado, fuertes presentaciones judiciales que apuntan contra el “esquema Ponzi” promovido por el economista.
Por una parte surgió esta tarde la denuncia penal del titular del Frente Patria Grande y del diputado nacional Itaí Hagman. La acusación realizada por los dirigentes de Unión por la Patria (UP) se basa en los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, estafa y violación a la Ley de Ética Pública (25.188), sin perjuicio de otros delitos que con el devenir de la pesquisa pudieran configurarse, atento a los graves hechos” relatados en el texto.
Junto a ello, los denunciantes solicitaron que se investigue “al resto de los partícipes” en lo que llamaron una “potencial maniobra delictiva” con el objeto de “menoscabar el patrimonio de miles de personas (no solamente ciudadanos argentinos, dada la naturaleza del hecho) al realizar una transferencia de ingresos pocas veces vista en tan breve plazo en el marco de una maniobra defraudatoria conocida como ‘esquema Ponzi’”. Lo propio hizo también la bancada legislativa de la Coalición Cívica.
Es que, por su lado, con la firma de “Lilita” Carrió y del jefe de bloque en Diputados Juan Manuel López, además de otros importantes dirigentes del partido, el documento exigió que la Justicia indague en “la posible comisión de delitos de acción pública” por parte de funcionarios del Gobierno y aclare si existieron “ilícitos penales” o delitos “contra el orden económico y financiero”, así como una violación a la mencionada Ley de Ética Pública.