El gobierno nacional se volvió marxista. Aplica el marxismo de Groucho Marx y un refrán que no por viejo no deja de ser más que atinado para analizar el giro argumental de la administración de Javier Milei en su primer año al frente del Poder Ejecutivo: “Si no te gustan estos principios, tengo otros”.

Cuando en octubre del año pasado, a días definirse el balotaje contra Sergio Massa, Milei fue interpelado para que conteste concretamente quienes eran los exponentes que él denominaba “la casta” a la que combatiría, el todavía diputado nacional no daba vueltas.

“La casta se compone básicamente de lo que son los políticos corruptos, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, los micrófonos ensobrados que son cómplices y ocultan todos estos negocios y mundos, y obviamente los profesionales que son cómplices a los políticos”, había planteado el líder liberal libertario en el restaurante ‘Furia’ de Mar del Plata, en lo que se dio a conocer como la “contracumbre” del histórico coloquio de IDEA en la ciudad balnearia. Dentro del grupo de “profesionales cómplices” incluía a “economistas, abogados y encuestadores”.

Pero una vez que asumió la magistratura de un Estado al cual dice odiar, Milei adoptó otra táctica para relacionarse con los distintos actores de un sistema al cual él denunciaba por su corrupción intrínseca.

Y, en cuanto al funcionamiento dentro del propio organigrama del Gobierno, algunos referentes de La Libertad Avanza (LLA) se ganaron la crítica de la opinión pública por sus “acomodos” espurios e “intereses cruzados”, entre la administración pública y sus cargos en empresas privadas.

Se enumeran, a continuación, los “redimidos” políticos por Milei y su entorno íntimo, que consideran que se es más o menos “casta” mientras se mantenga más o menos distancia con la línea oficial, y el verdadero principio rector “libertario”: seguir a rajatabla los mandamientos del líder.

Es harto repetido el mantra de que el Gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2023 se trata de una administración “débil”. Los comunicadores que defienden esta posición se basan en un argumento numérico y de vuelo ligero que se confrontó con el ejercicio efectivo del poder que mostró LLA en estos 365 días y desterró esa hipótesis.

Lo cierto es que fueron pocos los mandatarios provinciales que se plantaron contra la poda colosal de transferencias del Estado nacional hacia sus distritos y el corte de la obra pública, que explica casi un cuarto de todo el ahorro fiscal del Estado, llegando casi a empatar el ajuste sobre las jubilaciones.

La motosierra sobre las cuentas públicas de las provincias funcionó como disciplinador para los gobernadores que negociaron casi siempre unilateralmente para verse beneficiados con migajas que lejos están de paliar los problemas que les genera el desfinanciamiento.

En ese contexto, Milei, usando como interlocutores al moderado jefe de Gabinete Guillermo Francos y, en línea más dura con el Triángulo de Hierro, al asesor estrella sin cargo Santiago Caputo, lograron desactivar los conflictos que se fueron presentaron a lo largo del año con gobernadores que en un primer momento se le animaron a LLA. Pero luego, a base del látigo de la billetera, de la promoción de economías regionales y encuestas mediante, se desinflaron.

Un ejemplo es el chubutense Ignacio “Nacho” Torres del PRO, que junto a sus copartidarios de Entre Ríos (Rogelio Frigerio) o de la Ciudad de Buenos Aires (Jorge Macri), se plegaron a la línea violeta.

Pero el “dialoguismo” también surtió efecto incondicionalmente en el caso de los gobernadores del radicalismo (el mendocino Alfredo Cornejo, el correntino Gustavo Valdés, el jujeño Carlos Sadir o el chaqueño Leandro Zdero). Esto también se vio en los partidos provinciales e incluso con los gobernadores colaboracionistas del peronismo de Tucumán (Osvaldo Jaldo) y de Catamarca (Raúl Jalil).

Salvo el caso de los gobernadores del PJ -Axel Kicillof (por la Provincia de Buenos Aires), Sergio Ziliotto (por La Pampa), Gildo Insfrán (por Formosa) y Ricardo Quintela (por La Rioja)- y del fueguino Gustavo Melella, todos los demás suscribieron al acuerdo “fundacional” del Pacto de Mayo que, entre otras cuestiones, plantea la “reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno”. Con poca plata y mucha presión, Milei se los metió en el bolsillo.

En el caso de los intendentes de las zonas más populosas de la Provincia de Buenos Aires, Milei se hizo rápidamente del apoyo de un exJuntos Por el Cambio que se alineó con ala dura de Patricia Bullrich e hizo el puente con el Gobierno.

Se trata del jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Con el correr de los meses, también se sumaron a las huestes “prolibertarias” Ramón Lanús, de San Isidro, y Jaime Méndez, de San Miguel, que está apadrinado por el actual senador bonaerense de LLA por la Primera Sección Electoral Joaquín de La Torre.

En el ámbito legislativo, el Gobierno se anotó la sanción de la Ley Bases con el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado y el no tratamiento del megaDNU 70/2023 en la Cámara de Diputados, luego de la media sanción en contra que recibió en la Cámara alta. También se impusieron los vetos presidenciales por la reforma jubilatoria y la Ley de Financiamiento universitario.   

El éxito en estos dos pilares normativos para el primer año de LLA que modificaron la reglamentación económica, social y laboral de la Argentina y en ambos vetos volvió a tener en los gobernadores un apoyo fundamental, pero los acuerdos interpartidarios con los legisladores también dieron que hablar. Aquí se cuela la “casta judicial”: la Corte Suprema de Justicia todavía no se expidió sobre el megadecreto de Milei.

A pesar de que la oposición “amigable” se quejara de las formas en las que el Poder Ejecutivo estableciera la agenda, no tuvo reparos en acompañar todas las incitaivas del oficialismo. Allí se incluye al PRO de Mauricio Macri, que atraviesa el peor momento en la relación con Milei.

Su alfil en Diputados, el presidente del bloque Cristian Ritondo, quedó mal parado este fin de semana cuando una investigación mostró un incremento patrimonial sideral y cuentas offshore en Miami por parte de su esposa, que también fue funcionaria pública, y que poco tienen que ver con lo que gana una persona que hace muchos años que se dedica a la gestión y a la labor parlamentaria.    

En otros casos, los acuerdos con otros referentes de las fuerzas opositoras fueron todavía menos transparentes y se mantienen reservas sobre las negociaciones por debajo de la mesa, con cargos que significarían un salto económico y de vida para sus beneficiarios, e incluso una reedición de la infame “Banelco” durante el gobierno de Fernando de La Rúa, con “lobbys” económicos para apoyar las iniciativas del Gobierno o resguardarse de las regulaciones, como en el caso de la industria tabacalera.

Uno de los casos más renombrados es el de la senadora neuquina Lucila Crexell que votó a favor de la “Ley Bases” del Gobierno justo antes de que se la confirmara con un cargo al frente de la Embajada argentina ante la UNESCO, uno de los cargos mejor pagos del aparato diplomático nacional.

El otro nombre propio que en ese entonces ya había generado polémica durante el tratamiento de la misma megaley es el del senador entrerriano Edgardo Kueider, que junto a su coterráneo Carlos Espínola, cambiaron su voto y se pasaron al bando “libertario”.  

En el caso de Kueider, los rumores indicaban que se había garantizado un lugar en el reparto de poder en la Comisión Técnica Mixta (CTM) que administra la represa de Salto Grande. Su último escándalo, siendo detenido en Paraguay cuando había intentado pasar con 210 mil dólares en negro desde Brasil, lo dejaron en el ojo de la tormenta.

El oficialismo tiembla y busca despegarse como sea.