En los escritorios del ministerio de Capital Humano se acumulan las malas noticias. A los embates y las críticas por el escándalo de las seis mil toneladas de alimentos retenidos por el Gobierno Nacional se sumó este miércoles un fuerte revés judicial que instó a la titular de la cartera Sandra Pettovello a acatar las medidas dispuestas por la Justicia y distribuir de inmediato la mercadería almacenada. La disposición fue celebrada por el dirigente social Juan Grabois, impulsor de la denuncia: “Tenés 24 horas para repartir la comida”.

“La ministra de Capital Humano deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma. De no hacerlo de ese modo en el plazo de 24 horas de notificada de este pronunciamiento, su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (artículo 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanía, la traición a los postulados del sistema republicano”, lee el fallo emitido por la Cámara Federal, que rechazó el recurso de apelación presentado por la gestión nacional.

X de Juan Grabois

La resolución judicial fue luego recogida por el dirigente Juan Grabois, quien es el principal denunciante en la causa contra la titular de ex Desarrollo Social. “Ganamos la apelación, sorpresas que te da la vida. Contala como quieras, Pettovello, pero tenés 24 horas: repartí la comida. Nosotros, sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa”, expresó el líder de Frente Patria Grande en redes sociales. Y sentenció, en relación con el eventual delito en el que recaería la funcionaria: “Posdata, bienvenida la sanción, no hay batallas sin heridos”.

Este martes, Grabois se había presentado en tribunales para tomar la palabra en una audiencia ante la Justicia y representantes de Capital Humano. En ese marco, el referente peronista se cruzó con la asesora de Legales del ministerio Leila Gianni, con quien protagonizó un fuerte altercado verbal. Posteriormente, imágenes del momento develaron que una agente de la custodia de la funcionaria portaba un arma de fuego en su cintura, un hecho evidentemente prohibido en las instalaciones del Poder Judicial, salvo por los casos de las fuerzas de seguridad oficiales.