Son días agitados en el Hospital Bonaparte. Se trata de la única institución pública que depende del Estado nacional y que aborda las problemáticas de salud mental y adicciones, pero la propia salud de la institución está en riesgo.

La nueva gestión de la cartera de Salud que encabeza Mario Lugones pisó el acelerador a fondo en los primeros días de octubre y los trabajadores comenzaron vieron cómo se cerraban del área de internación y luego los servicios de guardia, sin justificación por parte de las autoridades. Y los rumores de la clausura total del nosocomio se multiplicaban.

Esto se dio en los días previos a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental que arroja datos alarmantes en la Argentina: el riesgo de que los argentinos padezcan un trastorno mental es del 9,4 por ciento, según el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA. Al calor de la crisis económica, crecen la tasa de suicidios, las adicciones y las problemáticas relacionadas con todo lo que se deriva de la pauperización de los salarios y de la vida en general, como concuerdan los trabajadores del Bonaparte.

La desestimación oficial sobre el eventual cierre de la institución, y los despidos de las más de 600 personas que trabajan en el hospital, entre profesionales y no profesionales, tuvo que ver con la fuerza demostrada durante la ocupación del edificio y esto generó cierta tranquilidad para la población del Bonaparte. La comunidad del hospital, los trabajadores organizados y las familias de los pacientes pudieron hacer oír su reclamo contra el cese de actividades en el establecimiento.

Pero el estado de alerta se mantiene: el servicio de internación sigue cerrado. Aun no llegó la confirmación oficial del Sistema de Gestión Documental pera restituir los servicios. El Gobierno, además, avanzó sobre la “reestructuración” de la institución, que puede significar su reconfiguración como centro de salud. Esto implicaría menos recursos y, con esto, una notable disminución en la capacidad de atención.

Esa atención que al día de hoy es prominente en el Bonaparte. Creado en su fundación como Hospital Militar en 1889, el establecimiento funcionó como Hospital Nacional Central para Enfermos Tuberculosos y estuvo abandonado hasta que fue rescatado de la demolición. Se convirtió en abril de 1973 en sede del Centro Nacional de Reeducación Social (CENSARESO).

En 2012, dos años después de ser sancionada la ley de Salud Mental, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó una resolución para ordenar la intervención general de la institución con un nuevo foco en los trastornos de salud mental y adicciones. Se adoptó su nombre actual en honor a la psicóloga e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y a la fecha es una referencia nacional en este ámbito.

En el Bonaparte se brinda atención en áreas como Clínica Médica, Laboratorio de Análisis Clínicos, Odontología y Farmacia. Trabajan equipos interdisciplinarios que nuclean diferentes profesionales que van desde trabajadores sociales hasta psicólogos. También se brinda atención a niños, niñas y adolescentes. La institución cuenta, además, con un departamento de formación e investigación. Se cumplen horas de estudios de grado y posgrado en el establecimiento.

Los argumentos del Ministerio de Salud del gobierno “libertario” para el ajuste en el Bonaparte se basan en un arsenal de números que darían cuenta de la “subutilización” de las capacidades actuales del hospital: pocos pacientes internados, para las grandes dimensiones edilicias y la cantidad de recursos humanos asignados a la atención y administración de la institución. Los y las trabajadoras de la institución responden con la lucha por la plena implementación de la Ley de Salud Mental.

La normativa, aprobada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2010, apunta a la desmanicomialización de los tratamientos. Se busca desalentar las internaciones indefinidas y se prohíbe la creación de nuevas instituciones psiquiátricas con características de asilo. Uno de sus pilares es el desarrollo del trabajo interdisciplinario de los equipos de salud.

Eso es lo que promueven Julieta Chevalier, trabajadora social del nosocomio, y el resto de las más de 600 personas que integran la planta del Bonaparte. Julieta tiene 41 años y se egresó de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus especializaciones figuran una de Salud Social y Comunitaria por la Universidad de Luján y otra de Drogadependencia por la Universidad de Tucumán.  

Antes de recalar en el hospital ubicado en Parque Patricios, como trabajadora social, Julieta formó parte de varias instituciones en el ámbito educativo, en organismos vinculados a la justicia penal y en la secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). Hace unos meses debió renunciar a su cargo en el Hospital Español, otro nosocomio en crisis por las renuncias masivas y la falta de pago a su personal.

Fue contratada por el nosocomio en el 2017. Antes de la llegada de La Libertad Avanza al gobierno le faltaba el proceso administrativo de evaluaciones para poder pasar junto a sus compañeros a planta permanente, pero la motosierra “libertaria” barrió con esas aspiraciones. Solo algunos pocos, con antigüedad superior a los 20 años, tienen la estabilidad de planta.

Aun con extensísimo su currículum y todos sus estudios, Julieta sabe que lo principal es poner el cuerpo y afronta desafíos tan exigentes como complejos todos los días para garantizar la asistencia a los pacientes que llegan al hospital desde las zonas más postergadas del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y también de municipios más alejados, como Moreno o Lomas de Zamora.

Actualmente trabaja en dos dispositivos del hospital. Uno es el servicio de Demanda Espontánea, que es donde llegan las personas para pedir asistencia y se anuncian. De acuerdo al caso se los atiende en dupla o, si se trata un caso más complejo, Julieta trabaja en equipo con un psicólogo y psiquiatra del establecimiento. Se encargan de hacer entrevistas y posteriores evaluaciones.

La trabajadora social afirma que “por lo general son casos muy graves”, como intentos de suicidio, consumo problemático o violencia de género. También, dos días por semana, coordina dos grupos de mujeres que atravesaron violencia de género junto con dos psicólogas, desde un abordaje terapéutico. Y presentó un proyecto de juegoteca que se puso en marcha.

¿En qué contextos se encuentra la población que necesita la asistencia de los profesionales del Bonaparte?

- Se nos suelen presentar casos de intentos de suicidio, consumos problemáticos, o situaciones violencias de género graves. Por ejemplo, mujeres que viven con la pareja, y se evidencian golpes, maltratos, pero todo se complejiza más porque ella tiene dependencia económica de esta persona, y viene con los hijos. En algunos casos esos hijos presentan alguna discapacidad, por lo que se hace un tratamiento en algún otro establecimiento, y aparte tiene otro, que no tiene dónde dejarlo. Y a eso se suman también tienen dificultades para acceder a una buena alimentación. 

Y se nos presenta también que, por ahí, quieren ir al centro de salud de su barrio a sacar turno de pediatría pero hay que ir a las 4 de la mañana. Esas son las situaciones de estrés de las personas con las que trabajamos todos los días y que nosotros atendemos. Nosotros nos reunimos para evaluar la intervención, que puede derivar en una nueva entrevista, o puede ser que y después le podamos dar turno otro en nuestros dispositivos de consultorios externos del hospital de día. Si la persona está muy grave, por ejemplo con posibilidades de lastimarse o descompensada, tenemos que internarla. Es por eso necesitamos que esté abierto el servicio de internación. Esas con las condiciones de trabajo nuestras seis horas por día.

¿Existe en otros lugares el servicio de Demanda Espontánea del Bonaparte, del que vos formas parte?

-No, atiende 8 a 20 y en ningún otro lugar del país se da este servicio. Para acceder a un tratamiento por salud mental, una persona tiene que acudir a una salita o al hospital a sacar turno y por lo general no hay. O tiene que ir el primer día del mes a las 4 de la mañana y no a nadie le asegura que consiga el turno. Nosotros después de las entrevistas y orientaciones que hacemos intentamos articular para que hagan el tratamiento en el centro más cercano a su domicilio, para que, de acuerdo a lo que establece la Ley de Salud Mental, se pueda mantener ese tratamiento en el tiempo. Con lo que sale el transporte público sino el trabajo queda desalentado, y además se espera que la persona pueda reinsertarse en el ámbito familiar y laboral. Entonces el tratamiento no puede insumirle a la persona un día entero de viaje. Lamentablemente nuestras articulaciones no son institucionales sino por contactos personales, y eso dificulta la tarea. Recién ahora se está articulando un grupo de redes.

¿Cómo se enteraron de lo que fue primero la posibilidad de cierre del hospital?

-Entré un viernes a las 2 de la tarde y ya habían empezado los comentarios de que algo andaba mal. Yo no entendía bien qué era lo que pasaba. A las 2 y media se llamó a una asamblea urgente desde la junta interna de ATE. También estuvieron los afiliados de UPCN y los no agremiados. Nuestras coordinadoras, llorando, nos dijeron que ese siguiente el lunes iba a salir un decreto del Poder Ejecutivo para el cierre del hospital. No lo podía creer. Sí sabíamos que el ajuste iba a llegar al hospital Bonaparte. De hecho, ya habían llegado 33 despidos, primero. Además nos sacaron el día de formación, que implicaba que un día a la semana debíamos acreditar que hacíamos cursos relacionados con nuestro ámbito laboral.

¿Cómo se llega a fin de mes? ¿Tenes un segundo trabajo?

-Arañando, literalmente. Dejé mi otro trabajo porque tres días a la semana, estaba doce horas por día escuchando personas con padecimientos, y eso estaba afectando a mi propia salud mental. Trabajaba en el Hospital Español, que ahora también está en crisis. Una trabajadora social por trabajar treinta y cinco horas cobra allá $600.000 pesos, y tiene la responsabilidad del servicio social, trabajando con pacientes internados, y adultos mayores. La trabajadora social tiene la responsabilidad de tramitar las prestaciones para la externación, de hacer entrevistas con las familias, de contener al paciente. Todo por esa poca plata. Por esa razón, yo dejé ese trabajo. Te podría decir que en este último tiempo, me estoy recuperando física y mentalmente de lo que fue trabajar tanto tiempo bajo esa modalidad, y a lo último con el deterioro del poder adquisitivo.

¿Cuál es la respuesta ante las acusaciones del Gobierno sobre la subocupación de las capacidades del hospital?

-Hay que dejar en claro que los números en un hospital como el Laura Bonaparte no les van a cerrar nunca. Son tratamientos de salud mental que requieren de una complejidad a los que debería poder acceder cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana de todas las clases sociales. Atendemos a una población que vive en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Si quieren hacer una hoja de cálculo de eficiencia no les va a dar porque para el tratamiento para cada persona se requieren tres profesionales: un psicólogo, un psiquiatra y un trabajador social. 

Y, en algunos casos, también hay terapia ocupacional, musicoterapia. ¿Se les dedican muchos recursos a las personas con las que trabajamos? La respuesta es sí. Según sus cuentas, deben estar “sobrando” trabajadores. Puede trabajarse en una readecuación de los servicios de los profesionales pero la verdad que cerrarlo no mejora las cosas. Un  tratamiento de salud mental requiere todas estas disciplinas que te decía psicólogo, psiquiatra, trabajadora social. Además la medicación, que se provee gratuitamente, o mantener la infraestructura. Eso ya es un gasto alto por paciente. También hay tratamientos de hormonización, de diabetes. La farmacia es recontra completa y hay un servicio de salud integral, que hace varios años atiende clínica, ginecología y pediatría. Tiene que haber profesionales para atender, recursos para brindarles porque son pacientes que tienen intentos de suicidio o consumos de drogas, y un solo enfermero no puede estar a cargo de diez pacientes más de noventa. De enero a la fecha hubo 98 mil consultas que nosotros atendimos y 25 mil pacientes atendidos. Eso quiere decir que hubo uno o varios profesionales sentados escuchando a esa persona y después pensando cómo intervenir. Todo esto es lo que hacemos acá adentro.

¿Tenés compañeros que hayan ya decidido pasarse al sistema de salud privado o irse del país?

-Del país. Por suerte no. Pero sí del hospital. Hay mucha migración de profesionales, sobre todo de psiquiatras. Tenemos una emergencia en ese sentido: un sueldo promedio de $1.200.000 mientras que un alquiler promedio está en $500.000. Y ves los precios de la comida, lo que sale el transporte. 

A eso se les suma que hay pocos psiquiatras, y por ahí tiene que atender a setenta pacientes, muchos de ellos graves porque conllevan las problemáticas que te contaba. Son ellos quienes están en peores condiciones de su salud mental como trabajadores. Toda la formación que se les demanda pero tienen que  atender en condiciones muy precarias, poniendo su matrícula. Hay rotación de profesionales que se van a trabajar otros lugares para mejorar sus condiciones de vida. Es entendible que se vayan a trabajar a otras instituciones, pero lamentablemente se perjudica el hospital. En mi caso, soy más “privilegiada”. Si yo pierdo este trabajo muy difícilmente consiga un trabajo con este salario. Ahora hay ofertas de trabajadoras sociales con esta formación que cobran 400.000 pesos. No sé cómo podría vivir. Por eso también lo estamos defendiendo. Por nuestros pacientes y por nosotros.

¿Pensaste que este gobierno iba a desfinanciar la salud pública como lo está haciendo? ¿Qué te dicen tus compañeros que apoyaron  a este gobierno ahora?

Nunca dudé que lo iba a hacer. Milei no mintió, dijo que iba a ajustar en la misma campaña. Dijo que las políticas públicas y el Estado son un gasto. Odia al Estado. No sé cómo te presentás para ser la persona más importante del Estado si es algo que odias. Su discurso de odio es grande y, por otro lado, no mintió en relación al proyecto que encarna en contra de la salud y la educación pública, y en contra de los derechos humanos. 

En relación a si hay personas en el hospital que lo votaron sí las hay, pero nunca hablé con ellos. En los servicios en los que yo trabajo más o menos pensamos lo mismo, y creemos en un modelo del mundo parecido. Pero sí, en el hospital hay gente que la verdad te sorprende. Me parece que mucha gente no hace la vinculación entre lo que significa un proyecto político y sus condiciones de vida.

¿Te acordás de algún caso de pacientes que se hayan recuperado y les hayan “hecho el aguante” durante la ocupación del hospital?

-Vi a varios pacientes que no están de alta pero ya están mucho mejor que cuando llegaron. Pacientes que estaban en situación de calle, con consumo de pasta base, que les habían sacado a sus hijos. Yo trabajo mucho con mujeres. Me crucé con varias de ellas esta semana y todo fue bastante emotivo. Y aparte me abrazaban, nos sacaban fotos, nos trajeron comida. Eso vale mucho.