El negocio de Lugones con los Caputo, y su plan privatizador para los hospitales públicos

Desde el “sí, juro” de su jura como titular de la cartera de Salud frente al presidente Javier Milei, Mario Lugones no paró un segundo en sus primeros siete días al frente del área.

De perfil cauto, pero incisivo, siempre se lo había notado cómodo con su rol de “ministro tras las sombras” de un Mario Russo que fue eyectado tras su alianza con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. A Russo le pesó ponerse en contra del asesor- sin cargo Santiago Caputo, socio de Rodrigo Lugones, con quien Caputo trabaja en una consultora especializada en opinión pública. Y por consiguiente, se enemistó con el propio Mario Lugones.

El papá de Rodrigo se hizo cargo del ministerio que por estas semanas quedó en el ojo de las miradas por su discurso de privilegiar el “déficit cero”, ajustando al sector público a niveles que hacen peligrar el funcionamiento de las instituciones. Las especulaciones por el expertise del nuevo ministro en el ámbito privado de la salud quedaron expuestas desde las primeras horas de su gestión en la cartera.

Esto quedó a las claras con los conflictos que se desataron en el hospital de pediatría Garrahan y el Laura Bonaparte, que trabaja con pacientes afectados en su salud mental. En el primer caso, Lugones despidió a todo el Consejo de Administración del nosocomio por haberles otorgado un bono de $500.000 a los trabajadores del centro de salud. Esto le valió una denuncia penal por parte de Elisa Carrió en los tribunales federales de Comodoro Py por “abuso de autoridad”.  

En cuanto al Bonaparte, el Gobierno interrumpió el ingreso a internaciones y guardias y durante casi cuatro días dejó correr el rumor de la clausura definitiva de la institución, mientras sus trabajadores se resistían al cierre, atrincherados en el edificio ubicado en Parque Patricios. Desde el ministerio dieron a conocer, tras las medidas de fuerza de los trabajadores del nosocomio, que el hospital no se cerraría.

Otra medida que provoca el estupor y la preocupación de los laboratorios argentinos es la carta de conformación que Lugones le otorgó al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, dando el aval del Gobierno nacional para que las provincias puedan importar medicamentos.

Esto le permite al mandatario la compra de medicamentos a menor costo desde la India, pero se saltean las regulaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que brinda la certificación de que los productos para la salud son “eficaces, seguros y de calidad”.

Con esa misma óptica, y buscando reducir los costos de medicamentos más caros, Lugones y su viceministra Cecilia Loccisano ratificaron un convenio con el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) para canalizar las compras por mecanismos “alternativos”, que evaden así las licitaciones públicas. Buscan ahorrar un 50 por ciento los costos de las unidades, haciendo llamados de presentación de presupuestos para “la asistencia directa”, según explicaron desde el ministerio.

En el entorno de Lugones señalan que este convenio sólo “complementa” las licitaciones que sigue realizando la cartera en el marco de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) y el Banco Nacional de Drogas Especiales.

Estos organismos tienen como tarea facilitar el acceso al tratamiento de enfermedades terminales o patologías graves en personas vulnerables que no cuenten con ningún tipo de cobertura de salud, obra social, ni que sean alcanzados por ministerios provinciales, secretarías de salud municipales u otros programas específicos del Ministerio.

Pero desde la asunción de Milei al frente del Poder Ejecutivo, la DADSE pasó de la órbita de Capital Humano al ministerio de Salud y se retrasaron las entregas de medicamentos oncológicos. Esto llevó a casos de muerte, denuncias penales contra funcionarios, y la renuncia en abril del titular de la DADSE Sergio Eloy Díaz.

LOS PLANES DE LUGONES, LEJOS DE LA SALUD PÚBLICA

En el esquema de Milei y el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, que Lugones seguirá a rajatabla, los números para el presupuesto nacional “cierran” con la salud desfinanciada. Es el preludio para intentar traspasar el sistema público de salud a las órbitas provinciales, que también vieron reducidos sus ingresos por transferencias desde el Estado nacional desde el desembarco de la “motosierra”. Una emulación de lo que ocurrió durante la década menemista con la educación primaria y secundaria.

En el Gobierno dejaron trascender en las últimas horas que, a pesar de su vaciamiento, el hospital Garrahan, por su eminencia como nosocomio pediátrico de excelencia a nivel nacional, e instituciones de alta complejidad, como el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, no se privatizarán ni se provincializarán. Pero dejan la puerta abierta para que esto sí suceda con las ocho instituciones restantes que, junto al Bonaparte son gestionados por la Nación:

-El Hospital Nacional “Baldomero Sommer”, en General Rodríguez.

-El Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo, en Luján.

-El Hospital Nacional “Prof. Alejandro A. Posadas”, en El Palomar, Morón.

-El Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, en Cañuelas.

-El Hospital de Alta Complejidad, en El Calafate.

-El Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario, en Esteban Echeverría.

-El Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro, en Rafael Castillo, La Matanza.

-El Hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner, en Laferrere, La Matanza.

Otras instituciones públicas caminan por la cornisa. Es el caso del Hospital Español, en el barrio porteño de San Cristóbal, que depende del PAMI. Su personal médico no ha recibido aumentos salariales desde diciembre pasado, y esto desató una ola de renuncias, especialmente en la Clínica Médica.

Según pudo averiguar Diagonales, a pesar del muy buen estado de infraestructura de la institución, que fue fortalecida con equipos de última generación, el Gobierno ya escucha ofertas. La misma situación atraviesa el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, de la calle Las Heras, en la ostentosa zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Y ocurre lo mismo con los edificios de los hospitales de Parque Patricios, en la zona sur de CABA, que crece al calor de la especulación inmobiliaria, y es donde se ubican el Garrahan y el Bonaparte.

EL MODELO “FUNDACIÓN GUEMES”

Lugones, de 77 años, se desempeñó casi toda su carrera en la salud privada. Médico egresado en 1972 de la Universidad de Buenos Aires, su desarrollo profesional se dio principalmente en instituciones médicas privadas y en el ámbito académico. En 1976, finalizó su especialización en Cardioangiología en la Universidad del Salvador.

Tras su paso como residente en el Hospital Argerich y como médico en el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en la salud pública, concentró todo el resto de su experiencia en el Sanatorio Güemes. Allí ocupó diversos cargos entre 1972 y 1981, incluyendo el de Jefe de Clínica de la Unidad Coronaria.

También trabajó en la Fundación Favaloro y en otros centros de salud privados, y se dedicó a la docencia y formación tanto en el Güemes, como en el Favaloro. En el ámbito académico, además fue director del Instituto Médico de la Seguridad Social y Evaluación Tecnológica (IMSSET) de la Facultad de Medicina de la UBA y Director de la Maestría de Gerenciamiento de Sistemas de Salud de la misma universidad. Por otra parte, dirigió la Carrera de Especialista en Medicina Sanitaria.

Su expertise y el reconocimiento de su labor se dio en el Sanatorio Güemes, del barrio de Palermo y fundado en 1954, pero que debió cerrar sus puertas parcialmente en 1993. La institución no pudo resistir la crisis en el ámbito de la salud, durante el primer gobierno de Carlos Menem.  

En 1998, apalancado por los fondos del PAMI que sirvieron como salvataje, se reabrió la institución y fue adjudicada a los privados. Se inició una nueva gestión a cargo de Silver Cross América INC S.A., actualmente propietaria del Sanatorio Güemes. Esta firma se asoció con la Fundación Güemes, que Lugones fundó en el año 2000 y tuvo a su cargo por diez años.

Los principales impulsores de fondo en Silver Cross América INC SA son el exlegislador catamarqueño e histórico titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) Luis Barrionuevo, y el exministro de Interior alfonsinista y operador radical porteño Enrique “Coti” Nosiglia. Ambos están ligados con los prestadores privados de la salud y sus vínculos con las obras sociales. De hecho, Barrionuevo sigue internado tras sufrir un ACV y está internado en el Sanatorio Güemes.

Esta triangulación se vio refrendada luego en otra sociedad, Consultora Nuevo Buenos Aires S.A, creada en 2019, y en la que Lugones volvió a tener como ladero a Nosiglia y también al economista Alexis Hoffmann. Esta consultora se disolvió dos años después.

Hoffmann, experto en asesoría en finanzas, quedó a cargo de la consultora Anker Latinoamérica cuando sus fundadores, el actual ministro de Economía Caputo y el actual titular del Banco Central, Santiago Bausili, arribaron al gobierno “libertario” el 10 de diciembre. Se habían llevado con ellos a otros referentes de la consultora como Martín Vauthier, Federico Furiase y Felipe Berón. La posibilidad de tráfico de información entre el ministerio de Economía y Anker, que sigue en funcionamiento, no debe pasarse de alto.

Los vínculos de Lugones con La Libertad Avanza no quedan solo en la relación de amistad de su hijo Rodrigo con Santiago Caputo. Por el lado de Anker, con “Toto” Caputo y compañía, se trata de gente que hizo negocios toda su vida con fondos públicos para apalancar a los privados.

Y tienen en el nuevo ministro de Salud la posibilidad de ir a fondo en su plan privatizador.